La eliminación de la subdirección especializada de la UNP reavivó temores entre excombatientes de las FARC, en un contexto de asesinatos persistentes y presiones armadas. Firmantes, partido Comunes y la ONU advierten riesgos graves para la implementación del Acuerdo de Paz.
La seguridad de los excombatientes de las antiguas FARC vuelve a ocupar el centro del debate público en Colombia. A casi una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, los asesinatos y amenazas contra quienes dejaron las armas siguen siendo una de las mayores deudas del Estado. La reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) profundizó la preocupación en los territorios y encendió alertas nacionales e internacionales.
La medida, adoptada mediante los decretos 019 y 020 de 2026, desmontó una instancia creada específicamente para atender las necesidades de seguridad de los firmantes del acuerdo. Para los excombatientes, esta subdirección representaba una garantía mínima frente a un entorno marcado por la presencia de grupos armados, economías ilegales y disputas territoriales. Su eliminación es leída como un retroceso en compromisos asumidos por el Estado colombiano.
El pronunciamiento más visible llegó a través de un video difundido en redes sociales por Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, último comandante de las FARC y firmante del acuerdo. En su mensaje, dirigido al presidente Gustavo Petro, Londoño cuestionó duramente la decisión gubernamental y pidió revertirla. “Un tema muy sensible en los acuerdos de paz es la seguridad de los firmantes”, afirmó, al recordar que ambos, desde orillas distintas, participaron en procesos de negociación con el Estado.
Londoño subrayó que la Subdirección Especializada se creó bajo dos principios fundamentales: confianza y exclusividad. “Esos principios en este gobierno no se han respetado. Ahora comienza el año con un decreto que elimina las direcciones especializadas. No salimos del asombro ni de la incertidumbre”, expresó en su declaración. Para el excomandante, la decisión no solo genera desconcierto, sino que incrementa el riesgo para quienes siguen comprometidos con la reincorporación.
El exlíder guerrillero también advirtió sobre las presiones que enfrentan los firmantes en varias regiones del país. “Usted lo sabe por Inteligencia: cuánto le ofrecen a cada firmante según los años de experiencia que tenga”, dijo, al referirse a los intentos de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. En su mensaje, lanzó una advertencia directa: “Las cosas como se hacen, se deshacen”, sugiriendo que decisiones institucionales pueden tener efectos directos sobre la sostenibilidad del proceso de paz.
Las cifras respaldan la gravedad del reclamo. Según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, desde 2016 han sido asesinados cerca de 500 excombatientes de las FARC. Solo en 2025, se registraron 45 homicidios, lo que representó un aumento del 36% frente al año anterior. Entre septiembre y diciembre de ese año, cinco excombatientes fueron asesinados y seis más sobrevivieron a intentos de homicidio.
El Partido Comunes, surgido tras la dejación de armas, también se pronunció oficialmente. En un comunicado emitido el 21 de enero, calificó la eliminación del esquema especializado como “un retroceso al Acuerdo de Paz” y “un acto regresivo del Estado colombiano”. Según el partido, la decisión debilita las garantías pactadas en La Habana y se adoptó de manera unilateral, sin los procesos de concertación previstos.
Comunes denunció además que los decretos no hacen referencia expresa al Acuerdo Final de Paz ni fueron sometidos a los mecanismos de verificación acordados, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI). Para el partido, esta omisión desconoce la obligación del Estado de cumplir lo pactado “de buena fe, con coherencia, integralidad y fidelidad”.
En el mismo documento, Comunes solicitó la intervención de la Misión de Verificación de la ONU, de los países garantes y acompañantes del proceso de paz, y de organismos internacionales de derechos humanos, con el fin de que activen mecanismos de seguimiento y emitan pronunciamientos frente a la situación de seguridad de los firmantes.
La preocupación no es aislada. En cada informe trimestral presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Misión de Verificación insiste en que los asesinatos de excombatientes constituyen un obstáculo estructural para la implementación del acuerdo. Durante la presentación del más reciente informe, el pasado 23 de enero en Nueva York, varios países hicieron un llamado expreso a garantizar la seguridad de los firmantes, especialmente en un contexto electoral sensible para el país.
En ese escenario, la ONU enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en las regiones más afectadas por la violencia. Catatumbo, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca concentran la mayoría de los ataques, territorios donde confluyen actores armados ilegales, narcotráfico y economías ilícitas que disputan el control local.
Mientras el Gobierno no se pronuncia de fondo sobre las críticas, en los territorios la incertidumbre se traduce en miedo cotidiano. A contrarreloj de las elecciones y bajo la presión constante de los grupos armados, los firmantes del acuerdo enfrentan un escenario frágil, donde cada decisión institucional puede inclinar la balanza entre la consolidación de la paz o la profundización del conflicto.
