Para regular y dar certeza jurídica a las empresas y trabajadores, al tiempo que impulsan la economía regional y garantizan el diálogo social, los ministerios del Trabajo y de Minas y Energía expidieron un paquete de normas conjuntas sobre cuotas sindicales, negociación colectiva sectorial y contratación de mano de obra local en el sector de hidrocarburos.
Los anuncios fueron presentados en la refinería de Barrancabermeja durante el Aniversario 74 de Ecopetrol, que contó con la participación de altos funcionarios del Gobierno y representantes del sector. Entre los asistentes estuvieron los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino Páez; de Minas y Energía, Edwin Palma Egea; la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz; y el viceministro de Conectividad de las TICs, Luis Aguilar.
También participaron el vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol, Felipe Trujillo; y líderes sindicales y comunitarios como el presidente de la CUT, Fabio Arias, y el presidente de la USO, César Loza.
El titular de la cartera laboral, Antonio Sanguino aseguró: “son tres iniciativas de reglamentación que van mucho más allá y que desarrollan el espíritu de cambio de la reforma laboral. Parte de la activación de la reforma laboral son las inspecciones que estamos haciendo sin precedentes en las empresas”.
En lo que respecta a la Resolución conjunta firmada el viernes 22 de agosto de 2025, por los ministerios del Trabajo y de Minas y Energía, se intenta hacer efectiva la retención, recaudo y pago de la cuota sindical de los trabajadores de las empresas contratistas de la industria del petróleo. “Los que se beneficien de una convención colectiva o laudo arbitral, este pago es obligatorio, independientemente de si el trabajador está o no afiliado al sindicato, ya que se favorece de los derechos y prerrogativas conseguidas por los sindicatos”, dijo el ministro.
La viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, resaltó que esta resolución tiene tres impactos directos en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales que hacen parte de este sector: “fortalece la sostenibilidad económica de los sindicatos, garantiza la equidad, y refuerza el control de contratantes y contratistas en cumplimiento de derechos sindicales y respalda el derecho a la negociación colectiva y garantiza su eficacia”.
Diálogo social y promover la unidad
En la misma línea de fortalecer las organizaciones sindicales, el Gobierno informó que con este proyecto de decreto se cumple una promesa histórica al movimiento sindical, que tiene que ver con la negociación colectiva sectorial y multinivel.
Esta nueva normativa procura reducir la atomización sindical, garantizar la progresividad de los derechos laborales, aumentar la cobertura y eficacia de los convenios colectivos, da mayor fuerza a la representación sindical frente a empleadores, promueve la paz laboral, y disminuye la conflictividad, pero, sobre todo, fortalece el diálogo social y a las organizaciones sindicales.
La medida, según explicó el ministro Sanguino Páez, centraliza la negociación colectiva bajo un principio de unidad: “un solo pliego, una comisión negociadora proporcional al número de afiliados, una mesa y una convención colectiva”.
“Esta es una gran conquista y un gran paso de la lucha de los trabajadores, no nos quedamos solo con lo que está consignado en la reforma laboral, sino que será un piso mínimo para que los trabajadores agrupados en las organizaciones sindicales como la USO, podrán usar la negociación colectiva para elevar la calidad de vida e incorporar nuevos derechos derivados de esos procesos de negociación”, puntualizó Sanguino.
Mano de obra local en el sector
Para fomentar el empleo regional y fortalecer la economía local, el Gobierno Nacional, mediante un proyecto de decreto en búsqueda de ampliar el alcance del decreto ya existente, el 1668 de 2016, extiende su aplicación al almacenamiento, refinación y distribución de hidrocarburos. La medida es desarrollada conjuntamente con los Ministerios del Trabajo y de Minas y Energía.
Se establece la obligación de contratar el 100 % de la mano de obra local no calificada y el 50 % de la mano de obra calificada en estos proyectos, el cual está en armonía con la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo. La contratación se realizará de forma escalonada, es decir, primero en el área de influencia, seguido los municipios colindantes, luego en el departamento y finalmente a nivel nacional, con un proceso ágil para certificar la no disponibilidad de personal.
El proyecto de decreto establece la contratación de grupos poblacionales con barreras de inserción laboral como mujeres, víctimas del conflicto, comunidades étnicas, jóvenes de primer empleo y personas con discapacidad.
Se incorporan cláusulas contractuales obligatorias para garantizar el cumplimiento de los contratistas, y la cartera de Trabajo ejercerá inspección, vigilancia y control, con facultad sancionatoria.
