Un juez de la república dictó este jueves una nueva medida de aseguramiento contra el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano; decisión que también cobijó a los funcionarios de su administración, Diego Acosta y Cristian Juliao Camacho y al dirigente político, John Jairo Moros.
La decisión judicial se dio luego que la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de medida de aseguramiento contra los procesados, argumentando que existen pruebas suficientes que los vinculan en actos delictivos.
Con la nueva medida de aseguramiento, Echeverri vuelve a dejar el cargo de alcalde y deberá afrontar su proceso penal en su casa, tras la detención domiciliaria ordenada por el juez. El pasado 3 de abril, el juez 36 con funciones de conocimiento lo había dejado en libertad.
La situación del alcalde es cada vez más grave, debido a que la Procuraduría también lo llamó a juicio de responsabilidad, lo que significa que además del proceso penal que le indilga la Fiscalía, deberá ponerle la cara al proceso disciplinario.
Cabe recordar que a Echeverri y demás funcionarios se les acusa por los delitos de perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir; e hechos que se presentaron en julio del año pasado cuando, al parecer, el mandatario impidió que las elecciones de revocatoria en su contra se realizaran dentro de la normalidad.
De acuerdo con la Fiscalía, para intentar que los sufragantes no llegaran a las urnas, el gobernante se habría inventado eventos con sancochos, bingos, rifas y bazares, con el fin de no se alcanzara el umbral electoral.
Durante la audiencia, los imputados no aceptaron los cargos endilgados y se espera que durante en los próximos días el ente acusador presente formalmente el materia probatoria en su contra.
Alcalde, de mal en peor
La situación de Echeverri se agrava. Por presunta participación en política la Procuraduría General de la Nación lo convocó a audiencia, medida que también involucra al secretario general de la alcaldía, Diego Armando Acosta Serrano y al alcalde ad hoc -entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2017- Óscar Enrique Jaramillo Jiménez.
Al mandatario municipal se le endilgaron dos cargos, el primero, por presuntamente utilizar su cargo para influir indebidamente en el proceso electoral de revocatoria, realizado el 2 de julio de 2017 en Barrancabermeja.
“De acuerdo con el material probatorio recaudado, al parecer, el alcalde solicitó a sus secretarios de despacho realizar diferentes eventos de carácter político, profirió un decreto que restringía el uso de motocarro o mototriciclo y organizó la realización de dos cultos religiosos el día de la votación, a la vez que habría convocado a aproximadamente 40 personas cerca de los puestos de votación, para que la población no pudiera ejercer su derecho al voto”, advierte el Ministerio Público.
En segundo lugar “se le cuestionó por cuanto se presume, habría tomado parte de la controversia política que se desarrollaba, al organizar una estrategia con varios de sus funcionarios y con líderes municipales para que los ciudadanos no votaran la revocatoria de su mandato”, agrega.
Al secretario general de la Alcaldía de Barrancabermeja, se le reprocha por, presuntamente, desarrollar eventos, entre ellos un ‘after party’ en la comuna cuatro, un campeonato de fútbol, un bingo y una fiesta a los mototaxistas, con el fin de que los electores no votaran la revocatoria del mandato del alcalde.
A Jaramillo Jiménez, se le investigó por, posiblemente, utilizar su cargo para influir en el proceso electoral de revocatoria del mandato, y en coautoría Echeverri Serrano, decidir no ejercer ninguna acción ni modificar el Decreto 249 del 28 de junio de 2017, a pesar de que este acto administrativo, aparentemente, restringía el derecho al sufragio de la población.
Las presuntas conductas de los disciplinables fueron calificadas provisionalmente como gravísimas cometidas a título de dolo.