Por: Diego Ruiz Thorrens/ No han transcurrido 60 días de los gobiernos del general Juvenal Díaz y el pastor Jaime Andrés Beltrán y las problemáticas que persisten en el territorio parecieran recrudecerse con el pasar de los días. En campaña, cada uno de ellos vendió el ideal de que era posible conquistar lo que sus predecesores nunca pudieron; que ellos contaban con la clave para mejorar las problemáticas (en salud, educación, planeación, infraestructura, desarrollo social y territorial, entre otras) que afectan a toda la ciudadanía; y que nuestros miedos nunca deben compararse con los peligros y las amenazas que ellos, únicamente ellos, han detectado y por lo tanto, pueden erradicar. Por eso y más habían, debían, ser elegidos, ungidos, votados.
Pero no todo parecer salir como era esperado. En tan solo pocos días, las distintas realidades por las que atraviesa la ciudad, el aumento de la criminalidad en toda la región, sumado a los enfrentamientos en la arena pública que han involucrado a ambas instituciones con organizaciones defensoras de los derechos humanos y a las alteraciones de orden social que afectan tanto a Bucaramanga como al departamento, ponen en evidencia el fracaso de las estrategias implementadas (en tiempo real) por ambos mandatarios, todo, mientras transcurre un momento crucial para ambas administraciones: la consolidación de los planes de desarrollo territoriales (tanto municipal y departamental) y el dialogo con la comunidad.
Ambos mandatarios anhelan la aprobación ciudadana apostando por un discurso beligerante, cargado de desinformación y ajeno a las realidades del territorio. A pesar que ambos fueron elegidos con una alta votación comparada con sus predecesores, la retórica oficial ha conseguido un efecto contrario al que ellos esperan. Las evidencias en vídeo de los choques que han enfrentado en debates, diálogos y otros, y las respuestas de los mismos hacia aquellos que les interpelan, encienden las alarmas y develan el talante real de cómo visionan sus mandatos y cómo anhelan desarrollar sus gobiernos.
Para entender lo anterior, revisemos, por ejemplo, el proceder del alcalde Jaime Andrés Beltrán hace pocos días con el paro de moto taxistas. Cuando este gremio manifestó que bloquearían algunas de las principales vías del área metropolitana rechazando las medidas que el juzgado 15 administrativo exige cumplir a los mandatarios del área metropolitana en temas de seguridad y movilidad, la principal respuesta del alcalde fue actuar “con firmeza” desconociendo el derecho a la protesta y de paso criminalizando a los manifestantes que nunca salieron.
Sí, posteriormente se creó una mesa de dialogo entre el gremio y la administración local, postrero a la amenazas de “hacer presente” a migración Colombia (también de policía y fuerzas militares) para ejecutar la expulsión inmediata de potenciales “saboteadores” extranjeros, como si fuese un ejercicio tan sencillo como chasquear los dedos. Y aún fue más lejos, responsabilizando a los “saboteadores” (que nunca salieron) de impedir que los menores pudiesen ir al colegio por miedo a la violencia en las calles. Insisto, esto nunca sucedió.
A nivel departamental, la racha de homicidios que golpea a la región contrasta con el deseo del gobernador por aumentar el pie de fuerza militar en los municipios con altos índices de inseguridad y/o con presencia de actores armados al margen de la ley. En varios medios de comunicación ha hecho mención de las estrategias para un proyecto de construcción de un centro penitenciario de detención transitoria, con el objetivo de “descongestionar de forma rápida los centros penitenciarios” del departamento. Incluso, dentro de su propuesta de seguridad y protección, ha llegado a mencionar la formulación de un “convenio de atención a las víctimas de violencia de género” entre Fiscalía y Secretaría de la Mujer de Santander, bajo la acompañamiento de la secretaría del Interior del departamento.
No obstante, para muchos sectores sociales, sus declaraciones no son acordes a su forma de actuar y debatir en espacios de dialogo y construcción del plan de desarrollo territorial, donde ha quedado registrado las evasivas respuestas que ha brindado el mandatario a los reclamos de personas presentes en los eventos.
Pronto se cumplirán los primeros 60 días de los gobiernos municipales y departamental. Sí, quizá aún es muy temprano para evaluar el desempeño de los dos principales gobiernos del territorio. No obstante, los primeros días de gobierno dan luces de cómo será el desarrollo de los próximos 4 años y, si esta ley se cumple, siendo muy honestos, no quiero pensar los escenarios de violencia y conflicto que podrán arroparnos, todo, en nombre de la protección, la armonía y la seguridad.
Espero estar equivocado. Muy equivocado.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión del posconflicto de la ESAP – Sede Santander.
X: @DiegoR_Thorrens
