Por: Deivy Fernando Vega Herrera/ La propuesta de realizar una consulta popular para que los colombianos decidan directamente sobre la reforma laboral ha dividido opiniones sobre su utilidad[1]. A pesar de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha expresado su oposición a la idea[2], en el gobierno se asume que la consulta va “sí o sí”[3]. Más allá de estar a favor o en contra de la reforma laboral, el debate gira en torno a si vale la pena invertir en que los ciudadanos participemos directamente en decisiones cruciales para el país, como la aprobación de la reforma laboral.
De fondo, el debate sobre realizar o no la consulta popular plantea un dilema más importante: ¿Quién debe decidir el rumbo del país: los 296 “honorables” congresistas o los millones de colombianos que los eligieron? Aunque en el papel los congresistas dicen representar los intereses del pueblo, en la realidad la enorme mayoría de colombianos desconfían y rechazan la representación de los congresistas (y de los políticos en general)[4]. Por eso, quienes defienden la consulta lo hacen precisamente porque muchos colombianos consideran peligroso seguir delegando en los políticos decisiones tan trascendentales.
En este sentido, una consulta popular sería una manera de quitarle poder a los congresistas y de entregárselo a los ciudadanos. Por esto mismo, la consulta serviría como un termómetro para expresarnos como pueblo y confirmar la aparente impopularidad del gobierno Petro, lo que sin duda tendría un efecto político de cara a las elecciones del próximo año. Es decir, por un lado, o por otro la consulta popular beneficia el control de nosotros como ciudadanos ante el gobierno y sus políticas.
Sin embargo, varios sectores se oponen a la consulta popular principalmente con el argumento del costo fiscal. No es la primera vez que el costo fiscal se convierte en excusa para bloquear la participación ciudadana. Un ejemplo ocurrió en 2017, cuando se recogieron firmas para realizar la revocatoria del mandato del entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Revocatoria que no se pudo hacer porque el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos dijo que no había plata[5].
Pero la excusa de la plata aparece o desaparece según la voluntad del gobierno. La historia del país lo demuestra: cuando hubo voluntad política, como en el plebiscito por la paz promovido por el expresidente Santos, los recursos aparecieron[6]. Así que no se trata de si fiscalmente se puede o no, sino de si se quiere. Y esta vez, el gobierno Petro es quien promueve la consulta popular, lo que hace muy probable que se haga, con o sin la aprobación del Congreso.
Más allá de los costos de la consulta, como sociedad asumimos un enorme costo social al seguir entregando decisiones clave a los congresistas. En la práctica, muchos colombianos vemos a los congresistas como un grupo de politiqueros que legisla de espaldas al país. Y con razón: el Congreso es, según varias encuestas, una de las instituciones que más rechazo y desconfianza genera entre la ciudadanía ([7])(3).
Por eso, dejar que sean los congresistas quienes definan el futuro laboral de millones de ciudadanos tiene un gran costo político y social. Es un costo que se refleja en normas improvisadas, reformas aprobadas a punta de mermeladas y leyes que benefician más a grupos privados que a la ciudadanía en general.
En este sentido, la consulta popular es también una oportunidad para repensar la democracia actual. La democracia no debería reducirse a solo votar cada cuatro años: sino a crear mecanismos donde la ciudadanía tenga voz y voto real en las decisiones clave del país. Eso hacen democracias más avanzadas y prósperas como Francia o Suiza, donde las consultas ciudadanas son frecuentes y efectivas ([8])([9]). No se trata de copiar modelos, pero sí de entender que otra forma de hacer política es posible.
De modo que, más allá de estar a favor o en contra de la reforma laboral, lo que está en juego es mucho más importante: si queremos seguir entregando decisiones trascendentales a un Congreso desprestigiado o si debe ser la ciudadanía quien decida directamente sobre los asuntos que la afectan. Esta es una oportunidad para que los colombianos participemos activamente en la aprobación de las reformas, incluso si el resultado no le gusta al gobierno. No se trata solo de una consulta, sino de replantear quién tiene el poder de decidir sobre el futuro del país.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] Luciano Niño (marzo de 2025). Petro anunció que la consulta popular estará centrada en preguntas sobre la reforma laboral: “Será una realidad”. Infobae.
[2] Daniella Mazo González (abril de 2025). Efraín Cepeda estalló contra la consulta popular: “Nos la quieren imponer a ciegas”. Infobae.
[3] Ministerio del Interior (marzo de 2025). “La Consulta Popular va, sí o sí”: Armando Benedetti, ministro del Interior. Ministerio del Interior.
[4] Redacción Infobae (junio de 2024). Los colombianos no confían en el Congreso: más del 80% de los encuestados clasificaron el trabajo de los parlamentarios como regular o malo. Infobae.
[5] RCN radio (mayo de 2017). Gobierno no tiene plata para financiar revocatoria del alcalde Peñalosa ni para ninguna otra: MinHacienda. RCN Radio.
[6] Noticias ONU (septiembre de 2016). El plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia será vinculante. ONU.
[7] Observatorio Político – MOE – (julio de 2024). Cuarto Estudio de Opinión sobre el Congreso de la República (2022 -2026) y Opiniones Ciudadanas. Misión de Observación Electoral.
[8] Información pública Suiza (mayo de 2022). El sistema político de Suiza. Democracia directa. Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión.
[9] Embajada de Francia (mayo de 2018). Consultas ciudadanas en Europa. Embajada de Francia.
