La Contraloría General de la República entregó un informe de 202 páginas en el que se evalúa los posibles impactos del fracturamiento hidráulico, o fracking, sobre los yacimientos no convencionales en el país.
En el documento, la entidad concluye que el Estado colombiano “carece de información de contraste y verificación frente a la información allegada por las operadoras”, y que destaca que en el país no se cuenta con un mapa a escalas moderadas de detalle sobre estrés hídrico.
La Contraloría señala que se debe construir un marco regulatorio apropiado para el país, y que para ellos la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) deben propender por su articulación y fortalecimiento.
En cuanto al componente técnico, el documento señala que el país cuenta con unas particularidades geológicas que deben ser estudiadas de manera complementaria “junto con el levantamiento de una línea base ambiental detallada del componente geosférico, a fin de gestionar los riesgos ambientales ante un eventual desarrollo de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en sus cuencas sedimentarias de interés”.
En este sentido, la Contraloría asegura que el Estado necesita de mayores herramientas de validación de la información allegada por los interesados en el desarrollo de este tipo de yacimientos, así como mayor eficacia en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas por los operadores de bloques de no convencionales.
Según la Contraloría, el objetivo del estudio está en “identificar los potenciales impactos y riesgos ambientales de las actividades relacionadas con la técnica del fracturamiento hidráulico, específicamente sobre el recurso hídrico”, teniendo presente que constituye tanto un bien crucial para la población y demás seres vivos, como un aporte al mantenimiento del desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.
Así mismo, el documento presenta también un análisis en el que se identifican las debilidades institucionales del Estado Colombiano, en aspectos normativos y relacionados con la planeación técnicoambiental.
Adicionalmente, el ente señala que debe analizarse, bajo una óptica local-regional, los eventuales conflictos por el uso de agua, teniendo presente que “el fracking es una técnica que requiere el consumo de volúmenes considerables de agua para el desarrollo de esta operación en particular”.
Así mismo, se concluye que no deben desestimarse “los legítimos derechos de la población colombiana al goce de un ambiente sano”.
