Tras la polémica por las modificaciones introducidas en el último debate a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz sobre la comparecencia de los militares y sobre las facultades de la JEP en materia de extradición, el tema pasa ahora a los tribunales
Aunque el presidente Juan Manuel Santos confirmó que no objetará el proyecto, pese a considerar que dichos cambios son inconvenientes y sancionará la ley en los próximos días; ya se están preparando las demandas que se interpondrán ante la Corte Constitucional, para que tumbe dichos artículos impulsados por el Centro Democrático.
El Gobierno Nacional, congresistas como Iván Cepeda y Armando Benedetti, abogados como Andrés Fandiño y algunas veedurías ciudadanas interpondrán las acciones judiciales tras considerar que hubo vicios de inconstitucionalidad.
La propuesta, que fue defendida por la senadora Paloma Valencia durante la discusión del proyecto, congela la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública mientras se crea, vía acto legislativo, una nueva sala para el juzgamiento de los uniformados en la JEP.
El otro gran cambio tiene que ver con la supresión de cualquier facultad a los magistrados de la Jurisdicción de Paz, para decretar pruebas al momento de estudiar solicitudes de extradición.
Las competencias de la JEP se limitarán a definir la fecha de la conducta y será la Corte Suprema de Justicia la encargada de recolectar las pruebas.
Quienes defendieron la Justicia Especial de Paz en el Congreso aseguran que la Corte Constitucional ya avaló la reforma que le dio vida a la JEP y allí se estableció que dicha jurisdicción podría valerse de un acervo probatorio mínimo para tomar decisiones y por consiguiente una ley ordinaria no puede cambiar esa disposición.
Así las cosas, será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra sobre el código de procedimiento que se creó en el Congreso para la JEP.
También se analiza si el proyecto que distribuyó las curules que tendrán las Farc en el Senado y la Cámara y que prohibió su presencia en las Comisiones Segundas, será demandado por problemas de constitucionalidad.
