Solo en siete puntos fijos, de los 30.537 kilómetros cuadrados de la superficie total de Santander, se pueden sacrificar animales para consumo humano. Así se determinó en Santander con base en el Decreto 1500 de 2007 del gobierno nacional expedido por el Ministerio de Medio Ambiente a través del Invima.
Un estudio de una empresa llamada Arcos determinó que esos siete puntos autorizados son las cinco plantas regionales que estarían ubicadas en Málaga, Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil y Vélez, y las dos plantas de autoconsumo, es decir los mataderos municipales en Encino y en Santa Helena del Opón. En cualquier otra parte de Santander es ilegal sacrificar o beneficiar animales.
Siete puntos de sacrificio para un departamento de 2’071.016 habitantes, el sexto más poblado del país. Según recordó al grupo Corrillos el diputado Oscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez, “el Decreto 1500 de 2007, que modificó el Decreto 2278 de 1984, buscaba poner al país en sintonía mundial con las normas internacionales con el plan de comercialización de la cadena cárnica desde que el animal nace, llega a su beneficio y pasa a los sitios de expendio”.
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Además de Diputado en la Asamblea de Santander, Sanmiguel Rodríguez es médico veterinario zootecnista inmerso desde siempre en el tema del campo, “mi abuelo y mi padre, ya fallecidos, así como mis dos hermanos y yo heredamos y vivimos de la venta de carne, los famosos peseros de San Vicente de Chucurí. Yo vendí carne por eso conozco la problemática social de los peseros de Santander y de Colombia”.
Explicó que “la norma 1500 debía ajustarse en los departamentos y Santander en el año 2009 pagó a una empresa llamada Arcos un estudio que presentara el ‘Plan gradual de la racionalización de la cadena cárnica en Santander’. El estudio generó el Decreto 034 de 2010 que entre lo más relevante dijo que para Santander deberían construirse cinco plantas regionales (en Málaga, Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil y Vélez) y dos plantas de autoconsumo (en Encino y en Santa Helena del Opón). De entrada dejó por fuera al Socorro, capital de la Provincia Comunera, y a Cimitarra, el municipio más ganadero de Santander”.
Daño fiscal premeditado
Los resultados del estudio, pese a que ya lleva ocho años, están en el papel al parecer por su inviabilidad y Sanmiguel advierte al respecto que “Santander no cuenta con vías ni nacionales porque son obsoletas, las vías secundarias son casi intransitables, y qué decir de las vías terciarias que son las veredales, trochas o caminos de herradura que no conocen una pala. Además que es un departamento con 87 municipios y se pretende que en cinco se maneje lo de 85 municipios porque solo a dos le permitieron tener su planta de autoconsumo”.
“¿Por qué Encino y Santa Helena y no El Guacamayo, San Vicente o El Carmen?”, se preguntó el Diputado y se contestó a renglón seguido que “detrás de esto tengo claro que existe un interés del monopolio. Las empresas tienen todo su derecho de ofrecer su producto en todas las formas aceptadas y legales pero no de la manera en que está planteada para Santander”, dijo.
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“Los municipios durante todos estos años cumplían las exigencias del Invima, de la CAS, de la CDMB y los alcaldes hicieron unas mejoras sin saber que el 8 de agosto de 2016 en Santander se cerraban esos mataderos. El Invima de manera premeditada ocasiona un daño fiscal, porque a pesar de que exigían que se hicieran las inversiones en máquinas, en la Ptar, en empleados, en normas, sabían que cerrarían las plantas así se hubiera hecho una inversión para tener la mejor planta del mundo”, dijo Sanmiguel.
Matar a escondidas
“Por eso hemos visto que antes del 8 de agosto, pero sobre todo desde esa fecha, de manera paulatina vienen cerrando las plantas de beneficio y en cierta forma obligando a dos cosas: La principal, a la clandestinidad, la gente mata las reses en el solar de la casa o en el potrero o donde pueda, contaminando el medo ambiente, poniendo en riesgo la salud que defiende con ahínco el Invima con aquello de carnes inocuas de alta salubridad”.
Apuntó además que “la segunda consecuencia del Decreto 1500 es que muchos municipios han venido obligados a Bucaramanga a sacrificar o beneficiar sus animales. Por ejemplo desde San Vicente tienen que traer los animales vivos y luego regresarlos en canal. Ese sobrecosto lo asumen los consumidores”.
Manifestó que “esas normas son para exportar y por ello deberán ser dirigidas a los exportadores. Pero en San Vicente por ejemplo se necesita la carne es para el consumo propio. Santander consume la carne que produce y le alcanza apenas para vender al Magdalena Medio y la Costa Atlántica, pero no exporta. El gran negocio de llevar animales a Venezuela generó el nacimiento de algunos frigoríficos y gracias a ese negocio el precio del ganado en pie mejoró, pero ese negocio con Venezuela se cayó y ahora lo quieren sostener a base del consumidor local. Las cinco plantas regionales a octubre 2017 no están construidas”.
El decreto 034 es de orden departamental y después de varios debates en la Asamblea Departamental el Gobernador de Santander firmó un convenio con la Unipaz para actualizar el estudio del año 2009 para así poder expedir un decreto nuevo y se pueda ampliar ese margen de plantas de autoconsumo.
“Sin embargo ese esfuerzo se queda corto porque lo que se requiere es modificar de fondo el Decreto 1500 de 2007. La norma rige para los bovinos y para todas las especies como la avícola, la porcina, la ovino caprina, porque es una norma para la cadena cárnica del país”, explicó Sanmiguel.
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