Por Juvenal Bolívar/ Las democracias latinoamericanas tienen memoria larga y procesos judiciales lentos. En Perú y Colombia, los juicios contra sus expresidentes Alberto Fujimori y Álvaro Uribe revelan las tensiones entre justicia, poder y legado político. Aunque separados por contextos históricos y acusaciones distintas, el paralelismo entre ambos casos plantea una pregunta inevitable: ¿pueden terminar igual?
Alberto Fujimori, presidente del Perú entre 1990 y 2000, fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, incluyendo los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Su encarcelamiento en 2007 fue considerado un hito judicial en la región. Sin embargo, en 2023, una cuestionada decisión política le otorgó el indulto por razones humanitarias. Murió en 2024, con procesos adicionales aún sin cerrar.
En Colombia, Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, enfrenta un juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos. La investigación, iniciada en 2018, alcanzará una fase decisiva el próximo 28 de julio, cuando se conozca el fallo de primera instancia. Aunque Uribe no ha sido condenado, el proceso judicial ha erosionado su imagen y reconfigurado el mapa político colombiano.
Ambos líderes marcaron profundamente sus países. Fujimori, con mano dura y reformas neoliberales, fue considerado por muchos como el “salvador” frente al terrorismo. Uribe, con su política de seguridad democrática, representa el bastión más sólido de la derecha colombiana contemporánea. Sin embargo, sus narrativas de salvación chocan con las acusaciones de abuso de poder.
La movilización social ha sido clave en ambos escenarios. En Perú, el antifujimorismo sigue vigente, alimentado por las cicatrices de su régimen. En Colombia, la polarización se intensifica, y el desenlace del juicio podría avivar nuevas tensiones entre sectores que defienden a Uribe y quienes exigen justicia sin privilegios.
¿Podrían terminar igual? La historia peruana ofrece una hipótesis: condena, cárcel, indulto, memoria dividida. Si Uribe es declarado culpable, Colombia podría enfrentar una nueva etapa de debate jurídico y político sobre la relación entre poder y justicia. Si es absuelto, su influencia podría revivir, pero bajo el peso de una legitimidad cuestionada.
Lo cierto es que, para bien o para mal, los juicios contra los expresidentes revelan que las democracias ya no son inmunes al escrutinio judicial. En el siglo XXI, gobernar con popularidad no garantiza impunidad.
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*Comunicador Social, Candidato MBA con concentración en Marketing Digital, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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