La Junta Directiva de Ecopetrol decidió mantener en su cargo a Ricardo Roa Barragán como presidente de la compañía, pese a las solicitudes de la USO, accionistas minoritarios y exdirectivos que exigían su salida. La decisión se da en medio de imputaciones de la Fiscalía y crecientes tensiones.
La tarde del martes 24 de marzo de 2026, en Bogotá, la Junta Directiva de Ecopetrol cerró una sesión que había despertado expectativas en todo el país. El nombre de Ricardo Roa Barragán, presidente de la compañía, estaba en el centro de la discusión. Afuera, los rumores de paro nacional circulaban entre los trabajadores de la Unión Sindical Obrera (USO), mientras accionistas minoritarios y exdirectivos aguardaban señales de cambio. Al final, la decisión fue clara: Roa se mantiene en el cargo.
La historia no es menor. Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia y responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos del país, enfrenta un momento delicado. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Roa por presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en donde él fue gerente. Esa imputación encendió alarmas en los mercados y dio argumentos a quienes piden su salida.
La USO, sindicato histórico que ha acompañado las luchas laborales del sector petrolero, envió una comunicación titulada “Solicitud para que Ricardo Roa Barragán sea apartado del cargo como presidente de Ecopetrol”. En ella, exigió su retiro inmediato y advirtió que, de no cumplirse, convocaría a una movilización nacional. La presión sindical se sumó a la de accionistas minoritarios, quienes expresaron preocupación por la estabilidad de la compañía y la confianza de los inversionistas. A la lista se agregó Luis Enrique Rojas Cuéllar, expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, quien también pidió la renuncia de Roa.
La Junta Directiva, sin embargo, optó por la cautela. En su comunicado oficial, aseguró que ha evaluado los riesgos con el apoyo de la Dirección Corporativa de Cumplimiento y asesores externos de Colombia y Estados Unidos. Subrayó que, hasta la fecha, no existen incumplimientos regulatorios ni contractuales, y que la empresa no ha recibido notificaciones de procesos en curso por parte de autoridades del mercado de valores. “La compañía está realizando un seguimiento continuo a trámites de distinta naturaleza adelantados en contra de Ecopetrol o su representante legal”, señaló el documento, reafirmando su compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo.
La narrativa de este episodio refleja un pulso entre distintos actores. Por un lado, los trabajadores, que ven en la permanencia de Roa un riesgo para la legitimidad de la empresa y para la estabilidad laboral. Por otro, los accionistas minoritarios, que temen que la sombra de la imputación afecte la confianza del mercado. Y, finalmente, la Junta Directiva, que defiende la continuidad como un mecanismo para preservar la operación y evitar un vacío de poder en medio de la crisis.
Ricardo Roa Barragán, ingeniero mecánico con amplia trayectoria en el sector energético, ha sido una figura polémica desde su llegada a Ecopetrol en 2023. Su cercanía con el presidente Gustavo Petro, sumada a su rol en la campaña presidencial, lo convirtió en un personaje político dentro de una empresa que, por su naturaleza, debería moverse con independencia de los vaivenes partidistas. En su gestión, ha impulsado proyectos de transición energética y ha defendido la necesidad de diversificar la matriz de producción, pero las investigaciones judiciales han puesto en entredicho su liderazgo.
La USO, consciente de su peso histórico, no ha bajado la guardia. “La permanencia de Roa es insostenible”, han repetido sus voceros, insistiendo en que la movilización nacional es una opción real. Para los trabajadores, la defensa de la empresa pasa por garantizar que su presidente no esté bajo sospecha. Los accionistas minoritarios, por su parte, han planteado que la situación podría activar cláusulas de incumplimiento en contratos vigentes, un riesgo que la Junta Directiva ha descartado por ahora.
En medio de este escenario, Ecopetrol se juega más que la reputación de su presidente. La compañía es un símbolo de la economía nacional y un actor clave en la transición energética de Colombia. Con más de 19,000 empleados y operaciones que abarcan producción, transporte, refinación, petroquímica y distribución de gas, cualquier crisis interna tiene repercusiones directas en la economía del país. La ratificación de Roa, entonces, no solo es una decisión corporativa: es un mensaje político y económico.
La narrativa que emerge es la de una empresa en un intento de blindarse frente a la tormenta. La Junta Directiva insiste en que no hay incumplimientos ni riesgos regulatorios, pero reconoce que la situación exige vigilancia constante. Los trabajadores, en cambio, ven en la ratificación una provocación. Los accionistas minoritarios, aunque escuchan los argumentos oficiales, mantienen la duda sobre el impacto reputacional. Y Roa, en el centro de todo, se aferra a su cargo mientras la Fiscalía avanza en sus procesos.
El desenlace aún está abierto. La ratificación de Roa no cierra el debate, sino que lo prolonga. La USO podría convocar a un paro nacional, los accionistas minoritarios podrían intensificar sus reclamos, y la Fiscalía podría avanzar con nuevas decisiones. En ese cruce de caminos, Ecopetrol deberá demostrar que puede sostener su operación y su credibilidad en medio de la tormenta, pese a que las cifras de Ecopetrol ya empiezan a mostrar descensos en el gobierno de Roa frente a la petrolera.
La historia de Ricardo Roa Barragán en Ecopetrol es, en definitiva, la historia de una empresa que se debate entre la continuidad y el cambio, entre la defensa institucional y la presión social. La Junta Directiva ha tomado partido por la estabilidad, pero el país entero observa cómo esa decisión se enfrenta a la fuerza de los trabajadores, la incertidumbre de los mercados y el rigor de la justicia.
Asuntos clave
Fecha clave: El 24 de marzo de 2026, Ecopetrol concluyó una sesión extraordinaria de su Junta Directiva para analizar la situación de Ricardo Roa Barragán.
Presiones externas: La USO pidió su retiro inmediato y advirtió sobre una posible movilización nacional de trabajadores. Accionistas minoritarios expresaron preocupación por la imputación de cargos de la Fiscalía y posibles riesgos regulatorios. El ex presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas Cuéllar, también exigió la renuncia de Roa.
Perfil de Roa Barragán
Trayectoria: Ingeniero mecánico con experiencia en el sector energético. Fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Controversias: La Fiscalía le imputó cargos por presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
Gestión en Ecopetrol: Desde su llegada en 2023, ha impulsado proyectos de transición energética y fortalecimiento de la producción de hidrocarburos. Aunque voceros señalan que la exploración dejó de ser política de la compañía y a hoy se suman escasos hallazgos nuevos que le permitan a la petrolera mantener su estatus.
Efectos a corto plazo
La decisión de la Junta Directiva refleja un equilibrio complejo entre:
Gobernanza corporativa: Mantener la estabilidad de la empresa frente a presiones externas.
Riesgos reputacionales: La imputación de cargos contra Roa genera incertidumbre en el mercado.
Relaciones laborales: La amenaza de paro de la USO puede impactar la operación y la producción nacional.
Confianza de inversionistas: Ecopetrol intenta garantizar transparencia y evitar que la situación afecte contratos o regulaciones.
