El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro ciudadanos y cuatro empresas colombianas acusadas de reclutar exmilitares para combatir en la guerra civil de Sudán junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. La medida busca frenar el apoyo internacional a un conflicto devastador y prolongado.
La guerra civil en Sudán, iniciada en abril de 2023, enfrenta al ejército regular contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR o RSF, por sus siglas en inglés). El conflicto ha causado decenas de miles de muertos y más de 13 millones de desplazados, convirtiéndose en la peor crisis humanitaria del mundo según la ONU.
Las RSF han sido señaladas de cometer masacres de civiles, torturas étnicas y violencia sexual, además de ataques indiscriminados contra hospitales y comunidades enteras. En este escenario, la participación de mercenarios extranjeros ha agravado la brutalidad del conflicto.
Este 9 de diciembre, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra una red transnacional que reclutaba exmilitares colombianos para unirse a las RSF. Los sancionados fueron incluidos en la Lista Clinton, lo que implica la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras.
Entre los sancionados figuran:
Álvaro Andrés Quijano Becerra, militar retirado colombiano, señalado como pieza central en el reclutamiento y despliegue de combatientes.
Claudia Viviana Oliveros Forero, esposa de Quijano y gerente de la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI).
Mateo Andrés Duque Botero, ciudadano colombo-español vinculado a la corporación Maine Global, con sede en Bogotá.
Las empresas A4SI y Maine Global, acusadas de facilitar logística, contratación y entrenamiento de mercenarios.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que, “las RSF han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para el crecimiento de los grupos terroristas”.
Añadió que, “el Tesoro tiene en la mira a una red que recluta combatientes para las Fuerzas de Apoyo Rápido. Estos mercenarios aportan conocimientos tácticos y técnicos, desempeñándose como soldados, artilleros, pilotos de drones y hasta entrenadores de menores de edad”.
El papel de los exmilitares colombianos
Desde 2024, cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán para integrarse a las RSF. Su experiencia en operaciones especiales, artillería y manejo de drones ha sido clave para fortalecer a este grupo paramilitar.
Algunos testimonios recogidos por medios locales señalan que varios de estos combatientes fueron engañados con ofertas laborales y terminaron en medio del conflicto sin haber pactado explícitamente su participación. Sin embargo, el Departamento del Tesoro sostiene que la red sancionada organizó de manera consciente el traslado y entrenamiento de los mercenarios.
La sanción busca cortar el flujo de apoyo internacional a las RSF y enviar un mensaje contundente contra el reclutamiento de mercenarios. Además, refleja la preocupación de Washington por la desestabilización del norte de África, que podría convertirse en un refugio para grupos terroristas.
El Cuarteto para Sudán —integrado por Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita— había propuesto en noviembre un alto al fuego de tres meses seguido de un acuerdo de paz. Sin embargo, tanto el ejército sudanés como las RSF rechazaron la iniciativa.
La revelación de que empresas y ciudadanos colombianos participaron en el reclutamiento de mercenarios ha generado preocupación en el país. Expertos en seguridad advierten que la exportación de exmilitares a conflictos internacionales no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha intensificado en los últimos años.
El gobierno colombiano aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque se espera que la Cancillería analice las implicaciones diplomáticas y jurídicas de las sanciones.
La decisión de Estados Unidos de sancionar a ciudadanos y empresas colombianas por su papel en el reclutamiento de mercenarios para la guerra de Sudán marca un hito en la lucha contra las redes transnacionales de violencia.
El caso revela cómo la experiencia militar colombiana ha sido aprovechada en conflictos externos, con graves consecuencias para la estabilidad regional y la imagen internacional del país. Al mismo tiempo, subraya la urgencia de fortalecer mecanismos de control y supervisión sobre las agencias de seguridad privadas y las redes de contratación de exmilitares.
En un conflicto que ya ha dejado millones de víctimas, la participación de mercenarios colombianos no solo agrava la tragedia sudanesa, sino que plantea interrogantes sobre la responsabilidad ética y política de quienes facilitan estas operaciones.
