Este martes 23 de septiembre, el país volvió a presenciar un episodio que refleja el estancamiento legislativo en torno a la reforma a la salud. El debate programado en la Comisión Séptima del Senado fue suspendido por falta de quorum, una señal inequívoca del desinterés de varios senadores en avanzar con el trámite de una iniciativa que el gobierno ha calificado como “urgente” y “para la gente, no para los intereses de unos pocos”.
La sesión, convocada para las 9:00 a. m., fue levantada tras una hora y veinticinco minutos de espera. El presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, confirmó la suspensión con una frase que se ha vuelto recurrente en el trámite de esta reforma: “No tenemos un quorum decisorio, por lo tanto, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana”.
Aunque algunos senadores llegaron al recinto, muchos se ausentaron tras la radicación de una ponencia alternativa en la noche anterior. Según fuentes del Congreso, varios legisladores se retiraron para leer el nuevo documento y no regresaron para el debate, lo que impidió alcanzar el mínimo requerido para deliberar. Esta conducta, lejos de ser una excepción, se suma a una serie de aplazamientos que han marcado el camino de la reforma desde su radicación.
Una reforma que no logra avanzar
La iniciativa fue presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en abril de 2023, y desde entonces ha enfrentado múltiples obstáculos. En noviembre de ese mismo año, el debate fue aplazado nuevamente, esta vez en medio de la crisis de suministro de medicamentos y tras las elecciones regionales. El coordinador ponente, Alfredo Mondragón, justificó el aplazamiento alegando que “varios colegas de diferentes regiones están enfocados en sus candidatos y candidatas, tratando de garantizar que los ejercicios electorales y la decisión de la ciudadanía en las urnas se respete y se haga valer”.
La reforma ha sido objeto de archivo, reestructuración y replanteamiento. En septiembre de 2025, tras cinco meses de pausa, el Congreso retomó el debate con una nueva ponencia que redefine el rol de las EPS. Esta ponencia alternativa, impulsada por cinco senadores que en su momento promovieron el archivo del proyecto original, propone que las EPS dejen de ser aseguradoras y se conviertan en gestoras de salud.
Para el gobierno, esta ponencia representa una amenaza a la esencia de su propuesta. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido enfático en señalar que “la Reforma a la salud está radicada en la Comisión Séptima del Senado, desde el 2 de abril y aún no inicia su debate. El pueblo colombiano exige un cambio en el sistema de salud. La Reforma a la salud es para la gente, no para los intereses de unos pocos”.
La ponencia alternativa, según fuentes del Ministerio, diluye los pilares fundamentales del proyecto original. Aunque propone una transformación del rol de las EPS, mantiene estructuras que el gobierno considera responsables del deterioro del sistema. El viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, explicó que “el deterioro de la figura de la EPS ha generado que ya no haya confiabilidad en ellas en el manejo de los recursos. La idea es que las EPS se transformen, cooperen con las entidades territoriales, y organicen las redes de atención”.
Sin embargo, para el gobierno, esta transformación es insuficiente. La propuesta alternativa no elimina el modelo de intermediación financiera que ha sido objeto de críticas por parte del Ejecutivo. En palabras del presidente Petro, “es una fuerza negativa y contraria a la vida”.
¿Desinterés o estrategia?
El ausentismo de los senadores en la Comisión Séptima no puede entenderse únicamente como una falta de compromiso. Para algunos analistas, se trata de una estrategia dilatoria que busca desgastar políticamente al gobierno y evitar que la reforma avance en su forma original. La radicación de la ponencia alternativa en la víspera del debate parece responder a esta lógica: introducir un nuevo texto que obligue a los legisladores a estudiar, discutir y eventualmente modificar el proyecto, postergando su aprobación.
La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, quien fue determinante en el archivo de la reforma en 2023, ahora lidera la ponencia alternativa. Aunque reconoce la necesidad de transformar el sistema, advierte que “tengo muchas preocupaciones sobre lo que es el riesgo en salud, que los colombianos no lo entienden, pero es esa garantía que debe tener todos y cada uno de los colombianos, que esta transformación no los va a afectar en lo individual”.
Esta postura refleja una tensión entre el discurso técnico y el interés político. Mientras el gobierno insiste en una reforma estructural, algunos sectores del Congreso prefieren ajustes graduales que no afecten los intereses de actores tradicionales del sistema.
Cada aplazamiento tiene consecuencias. La falta de quorum no solo retrasa el trámite legislativo, sino que envía un mensaje de indiferencia frente a una problemática que afecta a millones de colombianos. En medio de una crisis de atención, escasez de medicamentos y colapso de redes hospitalarias, el Congreso parece más preocupado por cálculos políticos que por soluciones estructurales.
El gobierno, por su parte, ha reiterado su compromiso con la reforma. El ministro Jaramillo ha hecho llamados públicos a los senadores para que asistan a las sesiones y debatan con responsabilidad. “La situación que se ha generado en Colombia es insostenible. Necesitamos una reforma que garantice el acceso, la calidad y la equidad en la atención en salud”.
¿Qué sigue?
La nueva citación para el debate fue programada para el miércoles 24 de septiembre. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si se logrará el quorum necesario. El gobierno enfrenta el reto de negociar con los promotores de la ponencia alternativa, sin renunciar a los principios que sustentan su propuesta.
En este contexto, el papel de la ciudadanía será clave. La presión social, la movilización y el seguimiento al trámite legislativo pueden incidir en la voluntad política de los senadores. Como lo expresó el ministro Jaramillo: “El pueblo colombiano exige un cambio en el sistema de salud”.
