Colombia alcanzó cifras históricas de empleo en noviembre de 2025, pero más de la mitad de los nuevos puestos creados fueron informales. El contraste entre ocupación récord y precariedad laboral revela un problema estructural que persiste, golpea al campo y limita la calidad del crecimiento económico.
Las cifras del mercado laboral colombiano en noviembre de 2025 muestran un panorama aparentemente alentador. La ocupación alcanzó niveles históricos, el desempleo continuó descendiendo y el país consolidó una tendencia positiva en términos de generación de puestos de trabajo. Sin embargo, detrás de este avance cuantitativo se esconde una realidad persistente: la informalidad laboral sigue siendo el rasgo dominante del empleo en Colombia.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55,4% a nivel nacional, un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024. Aunque el aumento parece marginal, el dato adquiere relevancia cuando se analiza en conjunto con la dinámica de creación de empleo: de las 993 mil personas que ingresaron a la ocupación entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, 602 mil lo hicieron en condiciones informales.
En otras palabras, seis de cada diez nuevos empleos generados en el país carecen de las garantías propias de la formalidad, como afiliación a la seguridad social, estabilidad contractual, protección frente a riesgos laborales o acceso pleno al sistema pensional. El crecimiento del empleo, aunque real, se sostiene mayoritariamente sobre bases frágiles.
El dato de que el 60,6% de los nuevos ocupados se concentre en la informalidad revela un problema estructural del mercado laboral colombiano. No se trata únicamente de una coyuntura asociada a la recuperación económica o a los ciclos de crecimiento, sino de una tendencia histórica que se reactiva incluso en contextos favorables.
“El país tiene una gran capacidad para generar empleo, pero no necesariamente empleo de calidad”, ha señalado en reiteradas ocasiones el propio DANE en sus análisis técnicos. La informalidad, lejos de reducirse de manera significativa en épocas de expansión, tiende a acompañar el crecimiento económico, absorbiendo buena parte de la mano de obra adicional.
Este fenómeno refleja las limitaciones del aparato productivo colombiano para generar puestos formales suficientes, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y de baja productividad. También pone en evidencia los costos de la formalización, la rigidez del mercado laboral y las brechas entre regiones y sectores económicos.
La informalidad no afecta de manera homogénea al territorio nacional. Las cifras muestran una clara división entre las grandes ciudades y las zonas rurales o los centros poblados más pequeños. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad se ubicó en 42,9%, mientras que en las 13 principales ciudades fue incluso menor, con 41,5%.
En contraste, en los centros poblados y rural disperso la proporción de ocupados informales alcanza un alarmante 83,4%. Esto significa que, fuera de los grandes núcleos urbanos, más de ocho de cada diez trabajadores no cuentan con un empleo formal.
“La informalidad es, en gran medida, un problema rural”, explica un análisis reciente del DANE, al señalar que la estructura productiva del campo colombiano, basada en actividades de subsistencia, pequeños productores y trabajo familiar no remunerado, dificulta la formalización laboral.
Esta brecha territorial no solo refleja desigualdades económicas, sino también limitaciones históricas en el acceso a servicios públicos, educación, infraestructura y oportunidades productivas. La informalidad se convierte así en una expresión más de la desigualdad regional.
El peso del sector agropecuario
Por ramas de actividad económica, la agricultura, ganadería, caza y pesca encabezan el ranking de informalidad, con una tasa de 85,4%. Se trata del sector con mayor precariedad laboral del país, y uno de los más importantes en términos de ocupación en las zonas rurales.
La alta informalidad en el agro no es nueva, pero su persistencia plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas de desarrollo rural y formalización laboral. Pese a los programas de apoyo al campo y los esfuerzos por modernizar la producción agrícola, el empleo rural sigue dependiendo en gran medida de esquemas informales.
En el extremo opuesto se encuentran las actividades financieras y de seguros, con una informalidad de apenas 10,7%, seguidas por las actividades profesionales, científicas y técnicas. Estos sectores, caracterizados por altos niveles de capital humano, mayor productividad y empresas de mayor tamaño, concentran el empleo formal.
La brecha sectorial confirma que la informalidad está estrechamente ligada al tipo de actividad económica y al nivel de productividad. Mientras los sectores más modernos y urbanos ofrecen empleos formales, los tradicionales y rurales siguen atrapados en la informalidad.
El análisis por ciudades revela dinámicas contrastantes. Algunas capitales registraron incrementos significativos en la informalidad entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Quibdó encabeza este deterioro, al pasar de 51,4% a 59,2%, un aumento de 7,9 puntos porcentuales.
Neiva también mostró un crecimiento importante, de 5,1 puntos porcentuales, al pasar de 47,7% a 52,9%. Pereira y Manizales registraron aumentos de 4,0 y 3,3 puntos porcentuales, respectivamente.
Estos incrementos sugieren que incluso en ciudades intermedias, donde tradicionalmente la informalidad era menor que en las zonas rurales, el empleo precario está ganando terreno. Factores como el crecimiento del trabajo por cuenta propia, el comercio informal y los servicios de baja productividad influyen en esta tendencia.
No obstante, el ranking general muestra contrastes marcados. Sincelejo se ubicó como la ciudad con mayor proporción de ocupados informales, con 67,1%, mientras que Bogotá mantuvo la menor tasa del país, con 35,3%.
La capital, pese a sus propios desafíos laborales, continúa concentrando la mayor parte del empleo formal, gracias a su estructura económica diversificada y a la presencia de grandes empresas y entidades del Estado.
Reducciones puntuales y señales mixtas
No todas las ciudades mostraron un deterioro. Santa Marta se destacó como la ciudad con la mayor reducción de la informalidad, al pasar de 61,4% a 56,5%, una disminución de 4,9 puntos porcentuales.
Este descenso sugiere que, bajo ciertas condiciones, es posible avanzar en la formalización, incluso en contextos regionales complejos. Sin embargo, los expertos advierten que estas mejoras suelen ser frágiles y dependen de factores coyunturales, como el turismo, la inversión pública o programas temporales de empleo.
“El reto es que estas reducciones no sean episodios aislados, sino tendencias sostenidas en el tiempo”, advierten analistas laborales consultados por medios económicos.
Las cifras confirman que la informalidad sigue siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral colombiano. A diferencia del desempleo, que ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, la informalidad permanece estancada en niveles superiores al 50%.
Para el DANE, este fenómeno responde a múltiples factores: la alta proporción de microempresas, la baja productividad, los costos de la formalización, la debilidad del tejido empresarial en regiones apartadas y la limitada capacidad del Estado para inspeccionar y regular el empleo.
Desde el Gobierno, se ha insistido en la necesidad de una transformación productiva que permita generar empleo formal de manera sostenida. Sin embargo, los resultados hasta ahora muestran que el crecimiento económico, por sí solo, no es suficiente para reducir la informalidad.
Impactos sociales y económicos
La persistencia de la informalidad tiene profundas implicaciones sociales y económicas. Para los trabajadores, significa ingresos inestables, ausencia de protección social y una mayor vulnerabilidad frente a choques económicos o de salud.
Para el Estado, implica menores recaudos tributarios y una presión adicional sobre los sistemas de salud y asistencia social. Además, limita la sostenibilidad del sistema pensional, al reducir el número de cotizantes formales.
“La informalidad no es solo un problema laboral, es un problema de desarrollo”, ha señalado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en varios informes sobre Colombia. Según el organismo, avanzar hacia la formalización es clave para reducir la pobreza y la desigualdad.
Reducir la informalidad laboral exige un enfoque integral. No basta con crear más empleos; es necesario mejorar su calidad. Esto implica políticas de estímulo a la formalización empresarial, reducción de cargas para pequeñas empresas, fortalecimiento de la inspección laboral y ampliación de la protección social.
También requiere una estrategia diferenciada por regiones y sectores. En el campo, por ejemplo, la formalización debe adaptarse a las particularidades del trabajo agrícola, mientras que en las ciudades se necesitan políticas que regulen el trabajo por cuenta propia y el comercio informal sin afectar los ingresos de quienes dependen de estas actividades.
“La formalización debe ser un proceso gradual y acompañado de incentivos”, coinciden expertos en mercado laboral. De lo contrario, existe el riesgo de que las medidas terminen expulsando trabajadores del mercado laboral.
