Durante la firma del Pacto Territorial por el Cauca, el presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate institucional al afirmar: “Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército”. La frase, pronunciada en tono de reproche por la falta de reconocimiento del alcalde de Cali, Alejandro Eder, tras el envío de vehículos blindados a la ciudad, desató una oleada de reacciones políticas, jurídicas y mediáticas que reabren una discusión de fondo: ¿cuál es el alcance real de la autoridad presidencial sobre los mandatarios locales?
La declaración de Petro no se dio en el vacío. En los últimos meses, su gobierno ha acumulado fricciones con varios alcaldes y gobernadores, especialmente en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. La tensión se ha agudizado por desacuerdos en temas de seguridad, relaciones internacionales y autonomía administrativa.
El viaje de los alcaldes de Medellín y Cali a Washington para dialogar sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas fue interpretado por el presidente como una extralimitación de funciones. “Los alcaldes no están autorizados para representar al país”, dijo Petro desde Japón, donde se encontraba en visita oficial.
Estas tensiones reflejan un pulso político más profundo entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales, en el que se disputan no solo competencias, sino también narrativas de legitimidad y liderazgo. En este escenario, la frase “soy el jefe del alcalde” no es solo una expresión retórica, sino una afirmación de poder que busca reposicionar al Ejecutivo como centro articulador del Estado.
¿Qué dice la Constitución?
La afirmación presidencial ha sido ampliamente cuestionada por expertos constitucionalistas y por la Federación Colombiana de Municipios. En un comunicado oficial, Fedemunicipios recordó que “conforme a la Constitución de 1991, los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa dentro de sus territorios, y por tanto, no tienen superior jerárquico”.
Este principio de autonomía territorial fue uno de los avances más significativos de la Carta Magna, que buscó romper con la lógica centralista que históricamente subordinaba a los mandatarios locales al poder presidencial.
La jurisprudencia también ha sido clara. La Corte Constitucional, en la sentencia C-643 de 1999, estableció que “la restitución de bienes de uso público en el ámbito municipal es competencia exclusiva del alcalde”, y que ningún gobernador o presidente puede revocar dichas decisiones.
Asimismo, el Consejo de Estado, en fallo de 2018, indicó que “las determinaciones de un alcalde no están sujetas a recurso de apelación por no existir un superior jerárquico inmediato”.
¿lectura política o jurídica?
Petro ha intentado justificar su postura citando el artículo 189 de la Constitución, que lo define como “jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”. Sin embargo, esta definición no implica una relación jerárquica directa sobre los alcaldes. Como señala el constitucionalista Rodrigo Uprimny, “ser la suprema autoridad administrativa no convierte al presidente en jefe de los alcaldes, sino en coordinador de políticas nacionales. La autonomía local está protegida constitucionalmente”.
La insistencia del presidente en asumir un rol de superioridad frente a otros funcionarios no es nueva. En el pasado, se ha referido como “jefe del fiscal” y ha insinuado tener poder sobre magistrados de las altas cortes. Estas afirmaciones han sido interpretadas por sectores políticos como intentos de concentración de poder y desdibujamiento de los límites institucionales.
La respuesta de los alcaldes no se hizo esperar. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue contundente: “Mis jefes son los 2 millones 500 mil ciudadanos de Medellín. Fuimos elegidos democráticamente por los ciudadanos con el 74% de los votos. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones”. Alejandro Eder, alcalde de Cali, también defendió su autonomía y reiteró que su agradecimiento al ministro de Defensa no implicaba desconocer al presidente, sino reconocer una acción institucional concreta.
Estas respuestas evidencian una reivindicación del poder local como expresión democrática directa. Los alcaldes no solo gestionan sus territorios, sino que representan comunidades que los eligieron por voto popular. En ese sentido, su legitimidad no deriva del Ejecutivo, sino de la ciudadanía.
¿Un modelo de gobernanza en disputa?
El fondo del debate no es solo jurídico, sino político. ¿Qué modelo de gobernanza propone el presidente Petro? ¿Uno centralista, donde el Ejecutivo coordina y supervisa a los territorios, o uno descentralizado, donde los alcaldes actúan como interlocutores autónomos? La tensión entre estos modelos se refleja en la forma en que se diseñan políticas públicas, se asignan recursos y se construyen narrativas de poder.
La firma del Pacto Territorial por el Cauca, donde se dio la polémica declaración, es un ejemplo de esta ambivalencia. Por un lado, se promueve la articulación entre niveles de gobierno; por otro, se reafirma una jerarquía que contradice el espíritu de colaboración. Como señaló el analista político León Valencia, “Petro quiere ser el articulador de un nuevo Estado social, pero sus formas de comunicación generan resistencias que dificultan esa articulación”.
Más allá del contenido jurídico, el lenguaje presidencial ha sido objeto de crítica. Frases como “blanquitos que no quieren a Petro” o “me quieren borrar” introducen elementos emocionales y raciales que polarizan el debate. Estas expresiones, lejos de construir puentes, refuerzan la idea de un presidente en confrontación permanente con sus interlocutores.
En este sentido, el uso del término “jefe” no es inocente. Implica subordinación, obediencia y jerarquía. En un país que ha avanzado hacia la descentralización y la autonomía territorial, ese lenguaje puede interpretarse como un retroceso institucional. Como advierte la periodista María Jimena Duzán, “Petro no entiende que el poder también se construye desde el respeto a las diferencias y la pluralidad democrática”.
Más allá de la polémica puntual, lo que está en juego es el equilibrio entre autoridad presidencial y autonomía territorial. La Constitución de 1991 apostó por un modelo descentralizado, donde los alcaldes son líderes legítimos de sus comunidades.
