Por: Javier García Gelvez/ El uso de motocicletas en Colombia se puede ver desde diferentes perspectivas. La primera de ellas, es la óptica de los que transitan en vehículos particulares, que las ven como una epidemia con tendencia a un descontrolado crecimiento. La segunda, de los peatones, que se han convertido en las principales víctimas de la accidentalidad causada por estos vehículos. La tercera, de los que se sienten intimidados, por el estigma existente al creer que son los vehículos en los que se movilizan las personas con intenciones de hacer daño a la sociedad. Y la última, desde la perspectiva de miles de familias colombianas, que las ven como sinónimo de progreso y generación de empleo, porque genera ahorro en su canasta familiar y en los tiempos de traslado de un sitio a otro; lo cual sin duda mejora su calidad de vida.
El mototaxismo es un problema social que tiene su origen ante todo en la forma como está estructurada la prestación del servicio de transporte público y más importante en el modelo económico colombiano.
Además, es un problema social porque de esta actividad informal de transporte público cientos de miles de personas derivan su sustento diario. Al mismo tiempo, el mototaxismo moviliza en todo el país a millones de pasajeros cada día, a un precio inferior al de su principal competidor, el transporte público colectivo y del taxi.
Sin controlar, el mototaxismo podrá generar mucho “empleo” pero acabará con el transporte colectivo, aumentará significativamente la contaminación ambiental, se incrementará la accidentalidad, se generarán focos de actividades antisociales, estimulara la informalidad que al fin y al cabo es un delito en Colombia y por ello, la solución al problema es compleja y va más allá de prohibir este servicio por medio de una ley o una norma de carácter nacional, departamental o municipal.
En Bucaramanga las autoridades han querido mitigar este flagelo con algunas medidas de control como los horarios de pico y placa, la restricción del transporte de pasajeros, la prohibición del tránsito por algunas vías principales y otras más agresivas como la inmovilización de los vehículos.
Todo este esfuerzo ha sido en vano, en virtud a que es más fuerte la necesidad de conseguir un sustento para los hogares que viven de la informalidad por encima de las normas y la necesidad del desplazamiento rápido de un lugar a otro; sin ningún tipo de miramientos al orden jurídico, estos dos elementos son el principal aliciente para que esta economía no sucumba ante los embates realizados por el estado para su control o erradicación definitiva.
En la más reciente encuesta de calidad de vida efectuada por el DANE, esta revelo que el 20,6% de los hogares poseen un vehículo tipo motocicleta; Mientras en el año 2000 se comercializaron 57.528 motos en el país, al cierre de 2012 fueron 597.648 unidades. La situación se ha encargado de demostrar la preferencia por este tipo de transporte, sobre todo entre las personas de menores ingresos
Un estudio sociodemográfico adelantado por el comité de ensambladoras de motos japonesas evidencia un movimiento importante entre los más jóvenes, el año pasado 30,1% de los compradores tenían entre 18 y 26 años. Un fenómeno similar sucede con las mujeres, a pesar de que no se contempló que este grupo demográfico optaría por las motocicletas como medio de transporte, hoy uno de cada cuatro conductores es del género femenino con una participación de 25,6% en ventas.
En el análisis de este comité de ensambladoras de motos japonesas, cuyas marcas representan aproximadamente 85% del mercado nacional, indica que 72,5% de los motociclistas la usan como principal medio de transporte y 21,6% como elemento de trabajo.
Según Iván Gaviria vocero del comité de ensambladoras de motos japonesas, este medio de transporte genera importantes ahorros en tiempo y dinero al mes. “Se gasta $130.000 menos que un carro y se disminuyen 20 horas al mes; en la actualidad se considera que hay dos motos por cada carro en Colombia.
Concluye Juliana Rico, Directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, dice que “hace diez años los usuarios tenían que invertir más de ocho salarios mínimos para adquirir una moto, hoy se puede lograr lo mismo por poco más de cuatro salarios mínimos mensuales”.
De acuerdo con el Observatorio Metropolitano del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), a febrero de 2016, existen 46 puntos de la ciudad o “terminalitos”, como se les conoce a los lugares donde se ubican los transportadores informales, en el área 31.395 personas en promedio, utilizan diariamente este tipo de vehículos y 816.270 pasajes al mes deja de validar el transporte público colectivo.
Evidentemente esta cifra va en crecimiento continuo y sin que se perciba a corto plazo una solución integral sin que se afecten ni las finanzas de los mototaxistas ni tampoco las finanzas del SITM de la ciudad.
En la ciudad se han creado agremiaciones que agrupan a mototaxistas del área como Asomotran, creada desde hace seis años y a la que pertenecen 603 mototaxistas de toda el área, esta práctica no es más que la respuesta a una crisis social en donde no hay trabajo suficiente para todos y se ha vuelto una oportunidad para las personas sin educación o educadas pero que se cansaron de ganar un mínimo, madres cabeza de familia, adultos mayores, desplazados e incluso a personas que recién salen a las calles después de haber purgado penas en las cárceles.
Según esta agrupación, el mototaxismo no debería ser perseguido sino aprobado como otro medio de transporte, pues esto no es más que otra alternativa de movilización para las personas, como lo es Uber y otras plataformas.
Según el Observatorio, el SITM deja de recibir $1.510.099.500 en el transporte formal mensualmente a causa del transporte informal, teniendo en cuenta no solo los mototaxis, sino también los carros ‘piratas’ y los taxis que hacen transporte colectivo
Por parte de las autoridades municipales, los directivos del concejo se centraron en el tema social, pidió a la administración que se les brinde oportunidades de empleo a las personas que realizan este oficio, ya que no hay opciones para los mototaxistas más que salir a las calles a transportar gente de manera informal.
Igualmente, líderes de transporte formal pidieron a la alcaldía que se les garanticen sus derechos combatiendo la piratería de forma frontal con medidas que permitan disminuir la compra masiva de motocicletas.
El Concejo de la ciudad le exigió a la administración, que brinde mecanismos a todas las personas que ejercen el mototaxismo, que está totalmente desbordado en la ciudad, y no es solo un tema de movilidad sino también social y económico.
Sin embargo, hubo voces que no culparon a los que manejan estos vehículos para rebuscarse el sustento diario. La falta de oportunidades laborales, no sólo en ‘La Ciudad bonita’ sino en el país obliga a la gente a trabajar en la informalidad.
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