Por: Coronel (Rva) Guillermo Blanco/ Colombia es un país que a lo largo de su historia ha tenido que enfrentar unos desafíos de seguridad profundos y complicados, pasando por casos como la guerra de los Supremos, la guerra de los Mil Días, la época de La Violencia, hasta el conflicto armado interno que nos aqueja desde los años 60 hasta la actualidad.
Es importante entender que, de una manera u otra, nuestro desarrollo como país lamentablemente ha estado amarrado a la violencia. Esta ha estado presente en el camino para nuestra evolución como sociedad, tanto de manera negativa como positiva. Sin embargo, estamos en un periodo de oscurantismo que se suponía habíamos superado.
Con relación al conflicto armado interno, los momentos más difíciles pueden determinarse entre los años 80 y principios de los 2000, donde en determinados momentos los grupos terroristas lograron arrinconar al pueblo y al gobierno colombiano, poniéndonos contra las cuerdas y obligándonos a tomar decisiones difíciles, hacer sacrificios profundos y superarnos como sociedad para lograr salir adelante.
Estas épocas se consideraban ya superadas. Si bien no nos encontrábamos en un estado de “paz total”, un término trillado en los últimos años, se puede decir que existía una presión y un control mucho mayor sobre los grupos terroristas, al punto que los indujo, en algunos casos, a sentarse en negociaciones de paz y, en otros, a resguardarse, bajando así su actividad delictiva.
No obstante, esto ha cambiado considerablemente en los últimos 3 años, desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
Desde el año 2022, el Gobierno Nacional ha optado por tener un discurso laxo, permisivo y conciliatorio con los GAO, GAOR y GDO en relación con su actuar delictivo, apostando por una política improvisada y poco efectiva al hacer frente a desafíos y retos de seguridad.
Cuando se habla de seguridad, y más aún en un contexto como lo es el colombiano, hay que tener en cuenta que los retos y desafíos de seguridad evolucionan constantemente; que a los grupos delincuenciales no se les puede dar espacio de maniobra, debido a que estos buscarán de toda forma mutar hacia diferentes modelos delictivos. Así mismo, la historia nos ha demostrado varias veces que las supuestas intenciones de paz y de cambio de estos grupos terroristas no son más que falsas promesas e intenciones ficticias para cautivar incautos y necios.
Dicho lo anterior, actualmente estamos viviendo un recrudecimiento de la violencia y el terrorismo en todo el territorio nacional, donde es noticia y pan de cada día la muerte de nuestros soldados, secuestros, ataques a estaciones de policía, desplazamientos y migración forzada, aumento exponencial de los cultivos ilícitos alrededor del país, entre otros.
Además, las regiones se encuentran en una constante lucha por mantener estables sus territorios, como el norte de Santander, Arauca, Caquetá, Cauca, Bolívar, etc. En el caso de Santander, nos encontramos en un departamento que, con relación al orden público, GAO y GAOR, es de los más seguros, teniendo en cuenta las condiciones y el pasado que tuvo con relación a los grupos terroristas. Y esto es gracias a los esfuerzos departamentales en materia de seguridad.
No obstante, es necesario aceptar que la situación se torna caótica cuando el esfuerzo solo proviene del departamento y el interés es nulo por parte del Gobierno Nacional.
Otra condición de la que poco se habla, pero que tiene una incidencia profunda en la situación, es la desmoralización de la fuerza pública, en donde se han visto maniatados, humillados por ciertos sectores que hoy en día están en el poder, desfinanciados e igualados en ciertas ocasiones a grupos delincuenciales y sufriendo constantes remesones en su composición orgánica. Todo esto ha incidido fuertemente en la moral combativa de la tropa.
Dicho lo anterior, y con suma seguridad, se puede decir que la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, y lo que él nombra de manera vociferante, pero sin fundamento alguno como lo es la “paz total”, es un rotundo fracaso.
Es cierto que el tiempo es un recurso finito y que construir toma mucho más tiempo que destruir. Por ende, se sobreentiende que se necesitarán más de 4 años para recobrar lo que hemos perdido, y más aún cuando hemos tenido un retroceso de casi 2 décadas en materia de seguridad y orden público.
Solo nos queda ser resilientes —cosa que como nación nos caracteriza— y seguir trabajando para mantener estable la situación durante este año que queda. Así mismo, en las próximas elecciones, tener la sabiduría para escoger legisladores y un gobernante que nos permitan dar un paso para recobrar lo que en estos 3 años hemos perdido.
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*Teniente coronel (r), consultor en seguridad y defensa, con enfoque técnico aplicado a la política nacional.
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