Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ Cuando se habla de “políticas públicas”, muchos ciudadanos desvían la mirada, como si se tratara de un asunto lejano, técnico o exclusivo de burócratas y políticos.
Sin embargo, lo cierto es que las políticas públicas están más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Determinan si un niño accede o no a una vacuna, si una mujer puede denunciar con seguridad un caso de violencia, si una comunidad tendrá agua potable o seguirá olvidada. Son, en últimas, el arte invisible de gobernar nuestras vidas
Las políticas públicas son acciones, decisiones y estrategias diseñadas e implementadas por los gobiernos con el fin de resolver problemas colectivos o satisfacer necesidades sociales. Abarcan todos los sectores: salud, educación, vivienda, seguridad, empleo, cultura, medio ambiente, entre otros. No son simplemente promesas de campaña: son el paso concreto de una idea política a una acción institucional.
Una política pública puede ser una ley, un programa social, una estrategia interinstitucional o una intervención específica. Por ejemplo, el programa “Familias en Acción” en Colombia, o el “Ijovenes en acción”, son ejemplos claros de políticas públicas que intentan reducir la pobreza mediante transferencias económicas.
Aunque en la teoría democrática las políticas públicas deberían surgir de las necesidades del pueblo expresadas en el voto, en la práctica son diseñadas por un grupo reducido de técnicos, asesores y funcionarios. Esto no es malo en sí mismo, pero plantea una pregunta esencial: ¿quién representa verdaderamente los intereses ciudadanos al diseñarlas?
El problema surge cuando las decisiones se toman sin participación ciudadana, sin escucha activa, sin enfoque territorial ni diferencial. Entonces, las políticas públicas se convierten en instrumentos lejanos, descontextualizados e ineficaces. Y lo que es más grave: muchas veces son usadas como vitrinas políticas para mostrar “logros” mientras se ignoran las causas estructurales de los problemas.
Deberían ser para todos, especialmente para los más vulnerables. Pero en América Latina, la respuesta honesta suele ser: “para quienes tienen poder de influir en ellas”. Esto genera una profunda desigualdad: mientras unas zonas urbanas reciben grandes inversiones en infraestructura, muchas zonas rurales siguen sin acceso básico a salud o educación.
Además, muchas políticas públicas están diseñadas con una lógica asistencialista, no transformadora. Dan alivios temporales, pero no cambian las condiciones que generan pobreza o exclusión. Otras veces, simplemente fallan por corrupción, mala ejecución o falta de seguimiento.
Colombia es un caso paradigmático. Tiene un andamiaje normativo robusto: el país cuenta con planes nacionales de desarrollo, leyes sectoriales, estrategias de participación y organismos de control. Pero la distancia entre el papel y la práctica es abismal.
Ejemplo claro es la política pública de paz. Desde la firma del Acuerdo en 2016, se han diseñado múltiples planes para la implementación de los compromisos: reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, justicia transicional, etc. Sin embargo, los recursos no llegan, los líderes sociales siguen siendo asesinados y la desconfianza crece.
Uno de los grandes retos de las políticas públicas es acercarse a la ciudadanía. No basta con que estén bien diseñadas técnicamente si no son comprendidas ni apropiadas por la gente. Muchos ciudadanos no saben que tienen derecho a participar en la formulación de políticas, que existen veedurías, audiencias públicas, presupuestos participativos.
La apatía ciudadana frente a lo público ha sido alimentada por décadas de clientelismo, promesas incumplidas y una cultura de desconfianza institucional. Pero también es responsabilidad del Estado comunicar mejor, simplificar el lenguaje técnico, abrir canales reales de participación.
Una política pública solo será eficaz si se construye con la gente, desde el territorio y con sentido común. De lo contrario, será apenas una cifra en un informe de gestión.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.