El decreto del salario mínimo para 2026, con un aumento del 23% que lleva el ingreso total a $2 millones, abrió un fuerte debate económico y político en Colombia. Empresarios advierten riesgos para empleo e inflación, mientras el Gobierno defiende el salario vital.
El Gobierno nacional confirmó que el salario mínimo para 2026 será de $1.750.905, tras decretar un incremento del 23%, el más alto aplicado en una sola vigencia en la historia reciente del país. Sumado al auxilio de transporte, fijado en $249.095, el ingreso mensual total de un trabajador que devenga el mínimo alcanzará los $2 millones, cifra que el presidente Gustavo Petro ha denominado como un primer paso hacia el “salario vital”.
La decisión se tomó luego de que, por tercer año consecutivo, fracasara la concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Empresarios y sindicatos no lograron consenso, y el Ejecutivo optó nuevamente por el decreto como mecanismo para definir el ajuste.
El aumento implica que el salario mínimo pase de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 en 2026, una variación que supera ampliamente tanto la inflación observada como las propuestas presentadas en la mesa tripartita. Mientras los gremios empresariales planteaban un alza de 7,2%, los sindicatos habían solicitado un incremento de 16%. El Gobierno, finalmente, se inclinó por una cifra significativamente mayor.
Desde la Casa de Nariño, la medida fue presentada como una apuesta por la dignificación del trabajo y la protección del poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos. Sin embargo, desde distintos sectores económicos se encendieron las alarmas por el impacto que este ajuste tendría sobre los costos empresariales, la inflación, el empleo formal y las finanzas públicas.
Para analistas y abogados laboralistas, el incremento decretado representa un choque significativo para la estructura de costos de las empresas, especialmente aquellas intensivas en mano de obra. Camilo Cuervo, socio de la firma Holland & Knight, calificó el aumento como “sustancialmente alto” frente a la inflación y advirtió que la nueva base salarial “prácticamente quintuplica la inflación”, lo que supone una presión inédita para el mercado laboral formal.
“Más del 80% de los trabajadores formales en Colombia devenga salario mínimo, por lo que los efectos se sentirán desde la primera semana de enero”, afirmó Cuervo. Según explicó, sectores como la seguridad privada atraviesan una situación crítica. “Varias empresas no tienen literalmente cómo pagar la nómina de enero”, sostuvo, al anticipar que el incremento se trasladará de manera inmediata a las tarifas de servicios como la vigilancia.
El impacto, añadió, se extenderá a actividades de consumo masivo como restaurantes, pizzerías y comercios, donde los costos laborales representan entre el 60% y el 70% del total. En estos casos, estimó que el aumento salarial podría traducirse en alzas de entre 15% y 20% en los precios finales dentro de la economía formal.
Desde esta perspectiva, las empresas enfrentarían un dilema complejo: trasladar los mayores costos a los consumidores, con el consiguiente efecto inflacionario, o reducir gastos mediante recortes de personal, automatización o, en el peor de los casos, migración hacia la informalidad. “Las opciones reales serán subir precios o reducir costos, y eso puede derivar en despidos y mayor informalidad laboral”, advirtió Cuervo.
Estas preocupaciones se dan en un contexto de crecimiento económico moderado y presiones inflacionarias persistentes, factores que, según los críticos de la medida, limitan la capacidad de absorción de un ajuste salarial de esta magnitud sin efectos colaterales.
El salario vital como apuesta social del Gobierno
Desde el Gobierno, la defensa del incremento se apoya en el concepto de salario vital, una noción promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca garantizar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los hogares. El presidente Gustavo Petro y sus ministros de Hacienda y Trabajo, Germán Ávila y Antonio Sanguino, señalaron que el costo mensual de la canasta vital para un hogar de cuatro personas en Colombia asciende a $2,9 millones, incluyendo gastos de alimentación, vivienda, salud, educación y otros bienes esenciales.
De acuerdo con cifras citadas por el Ejecutivo, la OIT estimó que el salario vital necesario para un hogar promedio de tres personas —según datos del Dane— se ubicó en $1,6 millones en 2024. Al ajustar ese valor con la inflación estimada para 2025, de 5,3%, el salario vital alcanzaría aproximadamente $1,7 millones, y con la inflación proyectada para 2026, de 4,54%, subiría a cerca de $1,8 millones.
Al comparar estas cifras con el salario mínimo vigente en 2025, el Gobierno calcula una brecha cercana al 28,3%. En términos absolutos, la diferencia sería de $323.382, equivalente a una brecha de 22,7%. Aunque estos cálculos no tienen carácter vinculante, el Ejecutivo los tomó como insumo para evaluar variables como el poder adquisitivo del salario, la productividad y la participación de los salarios en el ingreso nacional, tal como lo establece la Ley 278 de 1996.
El Gobierno aclaró que no pretende cerrar esa brecha de una sola vez. Por el contrario, plantea un proceso gradual de convergencia entre el salario mínimo y el salario vital, que comenzaría en 2026 con el incremento del 23% y continuaría con ajustes adicionales en los años siguientes.
“La reforma laboral ya apuntó buena parte de lo que hay que seguir haciendo: hay que bajar más la jornada de trabajo, hay que lograr más productividad y un salario digno”, afirmó el presidente Gustavo Petro durante su alocución presidencial, en la que defendió la medida como un paso necesario para garantizar condiciones básicas de subsistencia a los trabajadores de menores ingresos.
Críticas gremiales y llamado a la institucionalidad
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su preocupación por el incremento del salario mínimo decretado para 2026 y cuestionó la forma en que se adoptó la decisión. Según el gremio, el ajuste fue definido de manera unilateral por el Gobierno, al margen de los mecanismos de diálogo social tripartito establecidos en la Constitución y la legislación laboral.
Para la Andi, la falta de concertación genera riesgos relevantes para la economía y para los hogares colombianos, especialmente por su impacto potencial sobre la inflación, los precios de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas. El gremio subrayó que la inflación es una de las variables que más afecta a la población en condición de mayor vulnerabilidad.
El pronunciamiento cobra mayor relevancia, señaló la asociación, en un contexto en el que el propio Gobierno ha reconocido la existencia de una “emergencia económica”. De acuerdo con estimaciones técnicas citadas por la Andi, cada incremento de 1% en el salario mínimo representa cerca de $400.000 millones adicionales en gasto público, una carga significativa para las finanzas del Estado.
El gremio empresarial también recordó que, durante el actual Gobierno, ha advertido ante las autoridades nacionales y ante la OIT sobre la falta de una participación efectiva de trabajadores y empleadores en las discusiones de política laboral. En ese sentido, cuestionó que reformas clave, como las pensional y laboral, hayan avanzado sin una concertación real con los principales actores del mercado de trabajo.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue más contundente al calificar la decisión como populista. “Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes”, afirmó. Según el dirigente gremial, afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés “con el fin de mostrarse generoso” constituye “uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”.
Un debate abierto con efectos a corto y mediano plazo
El decreto del salario mínimo para 2026 deja planteado un debate de fondo sobre el modelo de política salarial en Colombia y el equilibrio entre justicia social y sostenibilidad económica. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de avanzar hacia un salario vital que garantice condiciones dignas de vida, los empresarios y analistas advierten que el ritmo del ajuste podría generar efectos adversos inmediatos sobre inflación, empleo e informalidad.
Los próximos meses serán clave para medir el impacto real de la decisión, tanto en los precios como en el mercado laboral, y para evaluar si la apuesta por un ajuste gradual hacia el salario vital logra cumplir su objetivo sin profundizar las tensiones económicas que hoy dividen a los principales actores del país.
