En medio de la rendición de cuentas de su tercer año de gestión, el Contralor General Edgardo Maya reveló este miércoles nuevas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar. El PAE es la política, que se encarga de llevar desayunos y almuerzos como una forma complementaria de nutrición para los estudiantes de los colegios más pobres del país.
En una nueva investigación, la Contraloría detectó que en la compra de estos alimentos se siguen perdiendo millonarios recursos en varios departamentos. El ente de control evidenció preocupantes sobrecostos en la adquisición de elementos en los que se encontraron exagerados precios. En algunos casos, los alimentos no fueron entregados.
Maya recordó que la Contraloría lleva dos años dando la batalla «para que no se roben los alimentos de 8 millones de niños». Dijo que a pesar de las investigaciones se siguen robando la plata de los niños. Según la Contraloría, hay hallazgos en 18 departamentos. En el 2016 más de 32 millones de raciones se dejaron de entregar a los niños. Así, se encontraron pérdidas por 32.000 millones de pesos en recursos de los niños.
Tras el informe presentado por la CGR, Corrillos! realizó un diagnóstico de las cifras, las irregularidades y las graves consecuencias del PAE y confeccionó el top 5 de las zonas del país donde el alimento escolar se convirtió en el alimento delos corruptos.
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1 En Santander hay proveedores ficticios
La Fiscalía y la CGR detectaron anomalías en el contrato suscrito en 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada por un valor de $23.844 millones y meses después se realizó una adición de $6.700 millones y luego otra por $5.200 millones, de tal manera que el valor total del contrato ascendió a 35.744 millones.
Los dineros que, al parecer, se habrían desviado, fue derivado por un contrato direccionado, debido a que el pliego de condiciones del contrato fue definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia.
El análisis de la contabilidad refleja la adquisición de productos perecederos en municipios de Tolima, Huila y Meta. La Fiscalía comprobó que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.
En Acacías, por ejemplo, se formalizó un contrato por $30 millones con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. En Tarqui contrataron la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por $20 millones, una empresa inactiva. En Suaza pagaron $290 millones a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras, esos recursos que pudieron haber terminado en una fiducia para la compra de un apartamento en Bucaramanga.
Por estos hechos fueron capturados Ana de Dios Tarazona, Secretaria de Educación de la Gobernación; Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.
2 ‘Negocios ‘jugosos’ en Norte de Santander
A pesar de las graves investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía contra la ‘Corporación Social y Educativa Paz y Futuro’ por presuntas irregularidades en dos contratos para la alimentación escolar en el 2015 en Norte de Santander, esa empresa ha seguido quedándose con los negocios más ‘jugosos’.
Los dos procesos en su contra suman pérdidas de más de $1.600 millones de recursos del PAE. Las investigaciones se derivan del contrato 645 del 2015 porque le pagaron por raciones para colegios que no eran públicos y porque el departamento terminó costeando refrigerios por encima de los precios fijados por el Ministerio de Educación.
En 2016, pese al escándalo, esa corporación logró un contrato de $999 millones para prestar servicios educativos en Cúcuta y luego obtuvo otro en Córdoba por $23.049 millones para prestar servicios de educación. Y este año ganó un contrato de $24.806 millones en Norte de Santander para administrar la educación en escuelas de zonas rurales. En todos esos negocios aparece el nombre del representante legal de esa firma, José Antonio Manrique Torres, expresidente del Cúcuta Deportivo.
3 Cartagena con enormes sobrecostos
En Cartagena se detectaron sobrecostos como la compra de pechugas de pollo para los niños, cada una por 40.000 pesos. En el mercado una pechuga de 1 kilo puede costar 10.000 pesos. También se encontró una compra de 2.800 kilos de canela que supuestamente fueron comprados por $39 millones.
El alcalde de Cartagena –según la Contraloría- contrató directamente y de forma irregular $23.000 millones para la alimentación escolar. También compró 2,6 millones de panes de los que un millón nunca fue entregado.
Entre los contratistas cuestionados en la capital de Bolívar está el Consorcio Proescolares, antes llamado Cooperativa de Servicios Generales La Heroica Ltda.
4 En Magdalena, irregularidades por $3.000 millones
Otro caso que está en mira de la Contraloría es el de la Unión Temporal Magdalena Escolar, que obtuvo en agosto del año pasado un contrato por $20.546 millones con la gobernación del Magdalena y en el que la Contraloría encontró escandalosos sobrecostos, como pagos no respaldados por $1.737 millones para supuestas manipuladoras de alimentos.
La otra empresa que maneja el monopolio de la alimentación en Magdalena es la Corporación Gestión de Recursos Social y Humano (GERS), que también figura en millonarios negocios en La Guajira y Cesar. En un contrato de más de 16.042 millones se investiga si esa firma se quedó por lo menos con $900 millones porque, en lugar de leche, les dio a los niños un polvo a base de leche y lactosuero.
Hace menos de dos meses esa firma, conectada a la Unión Temporal PAE Magdalena, logró un contrato por $22.786 millones para la alimentación de los niños en esa región.
5 La Guajira y sus monopolios
Uno de los casos más graves es el de La Guajira, el departamento en donde se ha encontrado el mayor desfalco, con pérdidas que superan los $20.000 millones. Quienes tienen el monopolio son el Consorcio Primero la Nutrición y el Consorcio Alimentemos Juntos, de Ivis del Carmen Rosado Robles. También la firma Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, de María Angélica Araújo Noguera.
La Fiscalía y la Contraloría ya identificaron como operan estas firmas que siguen controlando los recursos de los niños. En una carta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez a la ministra de Educación, Yaneth Giha, le manifiesta su preocupación porque existen “verdaderas mallas de operadores del PAE que funcionan en varios departamentos y usan diferentes nombres”.
Para el Fiscal, se están robando la plata de los niños al quedarse con raciones alimenticias y por “la mala calidad e incumplimiento de los estándares nutricionales, los alumnos fantasma, contratos a dedo, sobrecostos y pagos no contemplados”, entre otras trampas que siguen desangrando al Programa de Alimentación Escolar.
(Lea también: Las graves revelaciones del Fiscal General sobre el escándalo del PAE Santander)
