Colombia ganó una demanda internacional, protegiendo así los intereses nacionales al bien común y a la justicia, y se libró de pagar más casi 300 millones de dólares –más de un billón de pesos– exigidos por un grupo de inversionistas inmobiliarios, acogiéndose a la figura de la Excepción de Seguridad Esencial, contemplada en los tratados y convenios internaciones suscritos con la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Es la primera vez en la historia que un tribunal internacional acepta que un país se acoja a esa medida de excepción, prevista en los acuerdos GATT de la OMC, confirmó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), entidad que representó al país ante un tribunal de arbitramento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en asocio con la firma internacional Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes).
“Este es un triunfo único e histórico no solamente para nuestro país, sino internacionalmente para toda la comunidad arbitral y la legitimidad del sistema del arbitraje de inversión», señaló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un comunicado.
El tribunal de arbitramento de CIADI, que emitió el laudo a favor del Estado colombiano, rechazó la demanda presentada por el empresario Ángel Samuel Seda, en representación de varios inversionistas extranjeros, quienes alegaban que Colombia había violado el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, tras ocupar unos terrenos con fines de extinción de dominio, donde se iba a levantar un proyecto inmobiliario conocido como Meritage.
Según la demanda, al permitir que la Fiscalía General de la Nación incluyera los terrenos –ubicados en el sector de las Palmas, cerca del municipio antioqueño de Envigado–, en un proceso penal por lavado de activos provenientes del narcotráfico, Colombia debía reconocerles a los inversionistas una indemnización por 255 millones de dólares.
El laudo señala que el tribunal no podía pronunciarse sobre la legalidad de la extinción de dominio iniciada contra el predio del proyecto Meritage en Envigado (Antioquia), pues estas fueron medidas adoptadas y mantenidas en el tiempo por la justicia para proteger intereses de seguridad esencial del Estado colombiano.
El arbitraje por el caso Meritage se inició el 25 de marzo de 2019. Abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, actuando en representación de Colombia, invocaron el Artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que regula las circunstancias en las cuales los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se pueden desviar de sus obligaciones y acogerse a la figura de la Excepción de Seguridad Esencial.
La batalla legal se desarrolló en Washington, Estados Unidos. El tribunal de arbitraje, conformado por los juristas Klaus Sacks (presidente, de nacionalidad alemana), Charles Poncet (co-árbitro, de nacionalidad suiza) y Hugo Perezcano (co-árbitro, de nacionalidad mexicana), recalcó que estas medidas fueron adoptadas y mantenidas en el tiempo para proteger intereses de seguridad esencial del Estado colombiano.
“Es claro que la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos, pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país», señalaron los abogados de la ANDJE.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hizo un reconocimiento especial a la socia de GBS Disputes, Ximena Herrera, quien “fue una persona esencial en la defensa de Colombia en el arbitraje iniciado por el señor Ángel Samuel Seda y otros».
- Con información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
