En la sala de estar de una familia bogotana, el televisor repite una y otra vez los titulares: “Reforma tributaria 2025: ¿golpe o salvación?”. Mientras tanto, en el Congreso, el proyecto de ley de financiamiento del presidente Gustavo Petro avanza entre tensiones, promesas y advertencias. La propuesta busca recaudar 26,3 billones de pesos para tapar el enorme hueco fiscal del Presupuesto General de la Nación 2026. Pero el costo de esa reparación parece recaer, según expertos, en el corazón del consumo colombiano: la clase media.
Los cambios propuestos afectarían directamente el bolsillo de millones de colombianos. El aumento del IVA a productos como la gasolina, las bebidas alcohólicas y las cuotas de administración residencial podría encarecer la vida diaria entre $20.000 y $40.000 mensuales. Para una familia que gasta $1,9 millones al mes, eso representa hasta $480.000 adicionales al año: lo equivalente a varios meses de servicios públicos o la matrícula de un colegio público.
La cerveza, por ejemplo, subiría un 50% en precio. Y el transporte público, afectado por el alza en combustibles, podría aumentar entre $100 y $150 por trayecto. Incluso el ocio digital se encarecería: plataformas como Netflix y Spotify no escaparían al nuevo esquema tributario.
Desde el Palacio de Nariño, el presidente Petro insiste: “La reforma va hacia los más ricos del país”. El Gobierno asegura que los nuevos impuestos se centran en dividendos, herencias, fusiones empresariales, hidrocarburos y vehículos contaminantes. Además, se plantea una reducción de impuestos para energías limpias y la no inclusión de la canasta familiar en el IVA.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha reiterado que esta es una reforma progresiva, diseñada para redistribuir la carga tributaria y garantizar la sostenibilidad fiscal. “No es una reforma para castigar al ciudadano de a pie, sino para corregir privilegios históricos”, ha dicho en múltiples intervenciones.
El dilema político y social
Sin embargo, el Congreso está dividido. La senadora Angélica Lozano ha sido enfática: “La reforma tributaria presentada por el gobierno Petro clava de frente y duro a la clase media”. Y no está sola. Gremios económicos, microempresarios y líderes sociales advierten que el proyecto podría frenar el consumo, reducir la inversión y aumentar la informalidad.
En medio de este pulso, el Gobierno enfrenta una paradoja: necesita recursos para cumplir sus promesas sociales, pero corre el riesgo de perder apoyo popular si el costo recae en quienes ya hacen esfuerzos por sostenerse.
En barrios populares, la reforma se discute entre vecinos como si fuera una receta que nadie pidió pero todos deben probar. Algunos la ven como una oportunidad para que los más ricos finalmente paguen lo que les corresponde. Otros, como una amenaza silenciosa que encarecerá la vida sin mejorarla.
La crónica de esta reforma aún está en construcción. Lo que está claro es que, más allá de cifras y discursos, el verdadero impacto se medirá en la mesa de cada hogar colombiano. Y en ese escenario, la clase media no solo es protagonista: es el termómetro de una nación que busca equilibrio entre justicia fiscal y bienestar cotidiano.
