El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, enfrenta denuncias disciplinaria y penal interpuestas por Alexander Ángulo, aspirante al Senado, quien lo acusa de extralimitarse en sus funciones y vulnerar su buen nombre al vincularlo públicamente con el escándalo de corrupción de la entidad.
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha generado una serie de tensiones políticas y mediáticas que ahora se trasladan al terreno penal y disciplinario. El director de la entidad, Carlos Alberto Carrillo Arenas, realizó declaraciones públicas en la red social X (Twitter) el pasado 8 de diciembre de 2025, en las que vinculó directamente al santandereano y aspirante al Senado, Alexander Ángulo Ordóñez con la trama de corrupción que involucra a Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Carrillo afirmó que Ángulo era “la mano derecha de Olmedo López y Sneyder Pinilla” y lo calificó como “el eslabón perdido entre Olmedo y Sneyder”, sugiriendo que su papel era clave en lo que denominó una “empresa criminal enquistada en la UNGRD”. Estas expresiones fueron acompañadas de calificativos despectivos como “Vean a la joyita”, además de acusaciones sobre su rol como contratista que “ni siquiera pasaba cuentas de cobro”.
Las declaraciones no quedaron en el ámbito digital. Al día siguiente, varios medios amplificaron las acusaciones, publicando un artículo en el que se mencionaba la candidatura de Ángulo al Senado y se asociaba su imagen con figuras “salpicadas” por el escándalo. Para el denunciante, este hecho demuestra la gravedad de la difamación inicial y el impacto mediático que tuvo en su honra y aspiraciones políticas.
En medio de la controversia, Carrillo reiteró sus señalamientos en declaraciones públicas. “En partidos de todas las tendencias ideológicas han recibido avales, esto es un insulto al país. ¿Por qué no se dedican mejor a su defensa? Una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra muy distinta el descaro”, expresó.
Sobre la candidatura de Ángulo, insistió: “El señor Ángulo es el eslabón perdido entre Olmedo y Sneyder. Lo he dicho varias veces y el tipo pasa de agache. Espero que la Fiscalía lo llame a testificar, sin duda sabe mucho y aún hay demasiadas piezas que faltan en el rompecabezas”.
Estas afirmaciones, emitidas desde la autoridad de su cargo, fueron consideradas por Ángulo como un abuso de poder y una vulneración de derechos fundamentales, lo que lo llevó a interponer denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía.
Entes de control tienen la palabra
Documentos radicados ante la Fiscalía y la Procuraduría, Alexander Ángulo sostiene que Carrillo incurrió en faltas disciplinarias gravísimas al extralimitarse en sus funciones y usurpar competencias propias de los entes de control y la justicia. Según el denunciante, el director de la UNGRD no tiene facultades judiciales para imputar delitos ni para calificar públicamente a ciudadanos como responsables de actos criminales.
La queja enfatiza que la conducta de Carrillo vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la honra y el buen nombre, todos ellos protegidos por la Constitución Política. “Un servidor público tiene el deber de actuar con imparcialidad y respeto, y no puede usar su posición para difamar o promover el escarnio público contra ciudadanos, basándose en información sin soporte judicial”, señala el escrito.
Ángulo también argumenta que Carrillo incumplió el deber de obediencia y legalidad, al no ceñirse a las funciones de su cargo y actuar por fuera del marco normativo establecido en la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario.
El candidato al Senado solicitó a los entes de control recaudar pruebas que incluyen los enlaces electrónicos de los mensajes publicados por Carrillo en la plataforma X el 8 de diciembre de 2025 y los artículos como el de la Revista Semana del 9 de diciembre de 2025 que amplificó las acusaciones y utilizó su imagen como aspirante al Senado.
Para Ángulo, estos elementos demuestran cómo las afirmaciones del director de la UNGRD trascendieron el ámbito personal y se convirtieron en un ataque público con consecuencias políticas y sociales.
En su escrito, Ángulo solicita iniciar de inmediato una investigación disciplinaria formal contra Carlos Carrillo para determinar la responsabilidad disciplinaria por la extralimitación en el ejercicio de funciones y el abuso de autoridad y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Ley Disciplinaria.
La denuncia también fue presentada ante la Fiscalía, con el objetivo de que se evalúe si las declaraciones de Carrillo configuran delitos como injuria o calumnia.
Impacto político y mediático
El caso ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión de los servidores públicos y la responsabilidad que tienen al emitir declaraciones desde sus cargos. Mientras Carrillo insiste en que sus señalamientos forman parte de un deber ciudadano de denunciar la corrupción, Ángulo sostiene que se trata de un ataque personal que busca deslegitimar su candidatura y destruir su reputación.
La controversia se inscribe en un contexto político marcado por la desconfianza hacia las instituciones y la presión social por esclarecer los hechos de corrupción en la UNGRD. Sin embargo, también abre la discusión sobre el uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos y el impacto que sus mensajes pueden tener en la vida política y personal de los ciudadanos.
La denuncia contra Carlos Carrillo pone en evidencia la tensión entre el ejercicio de la función pública y el respeto a los derechos fundamentales. El caso será ahora objeto de análisis por parte de la Procuraduría y la Fiscalía, que deberán determinar si las declaraciones del director de la UNGRD constituyen una falta disciplinaria y un abuso de autoridad.
Mientras tanto, Alexander Ángulo insiste en que defenderá su buen nombre y su aspiración política frente a lo que considera un acto de difamación y extralimitación de funciones. El desenlace de este proceso marcará un precedente sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de la información y la protección de los derechos ciudadanos.
