El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció que su teléfono fue intervenido de manera ilegal con el software espía Pegasus por estructuras del propio Estado, presuntamente para sabotear investigaciones sobre corrupción en las Fuerzas Militares, y presentó pruebas forenses ante la Fiscalía.
El escándalo político que sacude a Colombia comenzó este martes 13 de enero con la denuncia pública de Andrés Idárraga Franco, ministro de Justicia (encargado) y exsecretario de Transparencia de la Presidencia, quien afirmó que su teléfono móvil fue infectado con el software de espionaje Pegasus entre agosto y noviembre de 2025. Según el propio funcionario, la intervención no fue casual ni externa: se trató de una operación deliberada vinculada al uso de mecanismos de contrainteligencia del Estado.
Un informe forense de expertos técnicos concluyó que Pegasus accedió de forma remota al dispositivo del ministro, extrajo alrededor de 2,3 gigabytes de datos, accedió a más de 8.000 mensajes y activó ilegalmente la cámara y el micrófono en 124 ocasiones, incluidos momentos en los que sostenía comunicaciones confidenciales.
Idárraga afirmó que, según la evidencia recopilada hasta ahora, la orden de espionaje “habría sido emitida desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército Nacional”, con el objetivo de “perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción” dentro de las Fuerzas Militares.
A su vez, el ministro aseguró que esta operación de espionaje buscaba no solo obtener información sensible, sino también “desprestigiar” su labor y afectar personal y políticamente al gobierno actual. Ante ello, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y elevó el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia de Idárraga reaviva un debate nacional sobre el uso y control de Pegasus en Colombia. El software de origen israelí, fabricado por NSO Group, se ha convertido en sinónimo de espionaje de alto nivel por su capacidad de infiltrar dispositivos sin consentimiento y recopilar comunicaciones, archivos y detalles personales de la víctima.
Desde el Ministerio de Defensa, su titular Pedro Sánchez respondió rápidamente, asegurando apoyo total al ministro de Justicia y anunciando la activación de mecanismos de verificación internos. A través de un comunicado, Sánchez indicó que se sostendría una junta de inteligencia conjunta para esclarecer los hechos y que se pondría a disposición de los órganos de control toda la información disponible.
Más allá de las instituciones, la denuncia provocó también expresiones de solidaridad entre miembros del gabinete. El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien meses atrás también había reportado indicios de que su teléfono pudiera haber sido intervenido por software espía similar, manifestó públicamente su respaldo a Idárraga y a su familia.
Sin embargo, no ha habido aún una declaración oficial del presidente Gustavo Petro sobre esta última acusación específica, lo que ha generado especulación y exigencias de mayor claridad por parte de sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la presencia y uso de Pegasus en Colombia. El mismo software ya había sido objeto de polémica política en el país cuando el presidente Petro denunció públicamente su adquisición por parte del gobierno anterior (administración de Iván Duque) en 2021, un contrato que involucró fondos estadounidenses y un costo estimado que causó críticas sobre su transparencia y finalidad.
Además, magistrados de altas cortes, incluidos miembros de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Especial para la Paz (JEP), han señalado indicios de interceptaciones ilegales sin que la Fiscalía haya, hasta ahora, confirmado el uso de Pegasus por parte de agencias estatales. Estos señalamientos han alimentado la percepción de un aparato de vigilancia que opera con escasos controles democráticos.
