El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E), Ismael Beltrán, mediante Resolución No. 77484 de octubre de 2018, formuló pliego de cargos contra cuatro empresas por presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica en el marco de 14 procesos de selección contractual adelantados por la Alcaldía de Bucaramanga.
Mediante la referida resolución también formuló Pliego de Cargos contra siete personas naturales como empleados y directivos vinculados con las empresas investigadas.
El objeto de los procesos contractuales era desarrollar distintas obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento urbano por un valor total superior a 27 mil millones de pesos.
Las pruebas que obran en el expediente, indican que la colusión investigada habría consistido en la implementación de una estrategia para actuar de manera coordinada en todas las etapas del proceso de selección con el fin de incrementar la probabilidad de que alguna de las empresas vinculadas en esa dinámica resultara adjudicataria de los contratos correspondientes.
En desarrollo de esa estrategia, las empresas identificaban de manera conjunta los procesos de selección en los que podrían participar. Luego, elaboraban de manera conjunta las propuestas correspondientes, estructuraban sus ofertas económicas de tal forma que pudieran incrementar su probabilidad de victoria, actuaban coordinadamente durante el trámite del proceso –incluso mediante la formulación estratégica de peticiones para favorecerse en dicho trámite– y mediante subcontrataciones distribuían los beneficios de los contratos cuya adjudicación lograban obtener.
La actuación administrativa de la Superindustria inició por dos denuncias presentadas por la Alcaldía de Bucaramanga en el marco de dos procesos de selección adelantados por esa entidad. A partir de esa información, el Grupo Élite Contra Colusiones de la SIC desarrolló actividades investigativas que permitieron identificar que la práctica colusión materia de investigación no se limitaba únicamente a los casos denunciados, sino que se extendía a 14 procesos de contratación estatal.
La investigación adelantada por la Superindustria no involucra la conducta de ningún funcionario público de la Alcaldía de Bucaramanga. Se trata, una vez más, de casos de corrupción privada en los que la víctima es el Estado colombiano.
Implicados en el proceso
En las investigaciones de la Superindustria fueron vinculados Carlos Julio Sosa e Ivonne Johana Quintero Ballesteros, Representantes legales de la empresa montajes y Diseños (CDM) Ltda; Luis Eduardo Pacheco Campos y Jorman Andrés Sosa Camacho, Representantes Legales de la firma Techmor Ltda; María Angélica Gómez Hernández y Hermes Vesga González, Representantes Legales de H&M Constructora SAS y Jonng Miller Vera Amador, Representante Legal de la empresa Syproc SAS.
Posibles sanciones
En caso de que como resultado del proceso administrativo se declare que existió una violación de las normas de la libre competencia económica, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer por cada infracción las siguientes multas:
A los agentes del mercado multas de hasta 100 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $78.124 millones.
A las personas naturales vinculadas con los agentes del mercado multas de hasta 2 mil salarios mínimos legales mensuales, equivalentes a $1.562 millones.
Contra esta decisión no procede ningún recurso aunque en el proceso administrativo las empresas investigadas pueden presentar descargos y ejercer su derecho de defensa conforme con las disposiciones vigentes.
