El país se centra en el debate por una iniciativa que llegaría al Congreso y que parece tener nombre propio: Álvaro Uribe Vélez. Sin arandelas, la propuesta que el senador Rodrigo Lara pone sobre la mesa, busca que a un expresidente se le extienda el fuero ante procesos judiciales que surjan con posterioridad a su salida de la Casa de Nariño y que estén relacionados con el conflicto armado.
Es decir, que los siga investigando la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de manera vitalicia.
La polémica se abre, no solo por el tufo de impunidad ante la posibilidad de que un expresidente sea difícil de juzgar y condenar. También porque Uribe está en este momento respondiendo ante la Corte por presunta manipulación de testigos. En octubre 8, con cubrimiento de medios nacionales e internacionales, llegó a cumplir una diligencia de indagatoria ante el alto tribunal, como no había sucedido con ningún exmandatario de Colombia.
Pero Lara negó que su planteamiento busque beneficiar a un expresidente en particular y aseguró que lo que busca es “colectivamente una fórmula que nos permita pasar la página del pasado, resolver los cabos sueltos del conflicto y dedicarnos a mirar hacia adelante”, puesto que los colombianos no quieren que sus representantes “vivan sumidos en permanentes pleitos jurídicos y políticos”.
La iniciativa de Lara tiene una lógica de fondo, según explica el parlamentario: “En el acto legislativo que reglamentó la JEP, del que fui ponente, quedó consignado que esa jurisdicción no podrá acoger a los expresidentes y eso los deja bajo la competencia de la justicia ordinaria, lo que no me parece equitativo. Creo que los expresidentes deberían contar con una fórmula que les dé el mismo privilegio de jurisdicción que quienes están en la JEP”, aseguró.
Lara insistió en que pretende abrir una reflexión y que, pese a que actualmente la competente para investigar a expresidentes es la Comisión de Acusación, no se casa con ninguna fórmula: “Debe existir un régimen especial para circunstancias relacionadas con el conflicto y por eso estoy invitando a un consenso nacional, a un gran acuerdo que nos permita encontrar la manera más sabia y justa”.
Para el senador, “cualquier medida que busque resolver el vacío jurídico que existe para los expresidentes que enfrenten una investigación por hechos relacionados con el conflicto es constitucional, mientras la medida en concreto respete principios rectores de la justicia”, sin embargo, para expertos constitucionalistas no queda tan claro.
