El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que presentará una denuncia penal contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su presunta responsabilidad en la promoción de bloqueos al sistema TransMilenio durante las jornadas de protesta del 28 y 29 de mayo. Según Galán, estos hechos afectaron a millones de ciudadanos y alteraron el orden público en la capital.
La denuncia se sustenta en el artículo 353 del Código Penal, que sanciona la obstrucción de vías públicas cuando esta afecta derechos fundamentales como la salud, la vida o el trabajo. La norma contempla penas de hasta 48 meses de prisión, multas económicas e inhabilidades para ejercer cargos públicos.
Ante el anuncio, Fabio Arias respondió que los bloqueos realizados durante las movilizaciones no constituyen un delito. En entrevista con Blu Radio, sostuvo que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cortes de vía pueden considerarse parte del derecho a la protesta social. “Los colombianos estamos acostumbrados a criminalizar la protesta”, afirmó.
El líder sindical también aseguró que durante las marchas se permitió el paso de ambulancias y que no se puso en riesgo la vida de las personas. “Si los bloqueos son temporales y no ponen en peligro a nadie, el protocolo garantiza ese derecho”, dijo. Así mismo, expresó su desacuerdo con la decisión del alcalde “Lástima que él haya escogido ese camino”, refiriéndose a la vía judicial.
El señor Fabio Arias, presidente de la CUT, confesó hoy que los bloqueos a Transmilenio son una estrategia de quienes organizaron el Paro Nacional. Es inaceptable que unos pocos decidan afectar a millones de ciudadanos, poniendo incluso en riesgo su vida.
Con base en esta… pic.twitter.com/HUkU0W6N9L
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 30, 2025
Arias reconoció que las protestas causaron incomodidades a quienes se desplazaban por la ciudad, pero recalcó que el objetivo era respaldar la consulta popular sobre la Reforma Laboral. “No podemos perder esos ingresos del futuro; en general, todos los que marchan son trabajadores”, afirmó.
La CIDH reconoce la protesta como un derecho, pero también establece que no es absoluto y que puede estar sujeto a restricciones razonables por parte de cada Estado. En ese marco, será la Fiscalía quien determine si hubo responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Bogotá durante las jornadas del paro nacional.
