En medio de la Emergencia Económica y Social, el Gobierno nacional decretó una contribución parafiscal del 2,5% a las empresas generadoras de energía y un aporte solidario en especie, con el objetivo de blindar financieramente el sistema eléctrico y evitar apagones masivos en el país.
El Gobierno colombiano adoptó una medida excepcional para contener lo que considera una amenaza grave e inminente sobre la estabilidad del servicio de energía eléctrica. A través del Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, expedido al amparo del estado de excepción, estableció una contribución parafiscal del 2,5% a las empresas generadoras y un aporte solidario en energía, destinados a fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).
La decisión se enmarca en un contexto de deterioro acelerado de la liquidez y de la estabilidad financiera de varios agentes del Mercado de Energía Mayorista (MEM), con especial impacto en la región Caribe, donde históricamente se han concentrado los mayores problemas de prestación del servicio. Según el Gobierno, la fragilidad financiera de empresas intervenidas y la presión creciente sobre el Fondo Empresarial hacían inevitable una intervención extraordinaria.
En uno de los considerandos del decreto se advierte que “un número significativo de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se encuentran intervenidas y requiere del apoyo financiero y operativo del Fondo Empresarial, principalmente para garantizar la prestación de los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y saneamiento básico”, lo que evidencia —agrega la norma— una presión creciente sobre la capacidad financiera de ese fondo.
El decreto también señala que “se ha materializado una perturbación grave e inminente del orden económico y social asociada a la prestación del servicio público de energía eléctrica”, producto del deterioro financiero de los agentes del MEM, una situación que “compromete la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico”.
¿En qué consiste la contribución?
La contribución parafiscal será del 2,5% sobre la base gravable de las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras de energía. El pago se realizará en dos cuotas iguales: la primera, del 1,25%, el 2 de febrero de 2026, y la segunda, por el mismo porcentaje, el 15 de mayo del mismo año.
Adicionalmente, el decreto crea un aporte solidario en especie: “el 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista”, que será distribuido proporcionalmente entre las empresas intervenidas y liquidado de manera mensual. La norma es enfática en que este aporte “no podrá tener efectos en la tarifa, ni afectar el despacho económico, ni la formación de precios del mercado”.
Ambos mecanismos buscan nutrir el Fondo Empresarial de la Superservicios para respaldar financieramente a las compañías intervenidas y evitar interrupciones en la prestación del servicio, especialmente en zonas vulnerables donde el riesgo de apagones es mayor.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, defendió con vehemencia el decreto y negó que se trate de una medida hostil contra el sector eléctrico. “Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de los gobiernos anteriores y de los honorables parlamentarios que han asfixiado la política fiscal del país para la prestación del servicio”, afirmó.
Según el jefe de la cartera, la intervención busca conjurar un riesgo sistémico real. “Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables”, dijo.
Palma recordó que la crisis energética en la costa Caribe no es un fenómeno reciente. “El problema energético en la costa Caribe existe hace más de 20 años. Ya son siete empresas que han fracasado por culpa de la clase política del Caribe colombiano, y muchos gremios callaron durante ese tiempo”, sostuvo.
El ministro insistió en que las medidas son temporales y excepcionales. “Estas medidas son difíciles, están contra las utilidades de la empresa, no se trasladan ni a la tarifa ni al usuario, pero además son medidas temporales durante la emergencia para alimentar el Fondo Empresarial que estaba consagrado en el proyecto de Ley de Financiamiento que hundió el Congreso de la República”, explicó.
En otra declaración, subrayó que el decreto no modifica las reglas de juego del mercado eléctrico. “Este decreto no se traslada a la factura de los usuarios, no altera el despacho económico ni cambia las reglas del mercado. Su objetivo es proteger a la gente y las empresas del sector para garantizar la continuidad del servicio y evitar que una crisis financiera (…) termine en apagones”, agregó.
Un trasfondo fiscal y político
El Gobierno también vinculó la necesidad de la contribución parafiscal al fracaso de la reciente Ley de Financiamiento en el Congreso, donde se habían incluido recursos para fortalecer el Fondo Empresarial. Al hundirse ese proyecto, el Ejecutivo se quedó sin una fuente estructural de financiación para atender la crisis de las empresas intervenidas.
Desde el punto de vista jurídico, el ministro aseguró que el decreto cumple con los requisitos constitucionales que rigen los estados de excepción. “Se ajusta plenamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, y su vigencia está limitada estrictamente al periodo de la Emergencia Económica, mientras se avanza en soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad del sector eléctrico a largo plazo”, concluyó.
Aunque el Gobierno insiste en que la contribución no afectará tarifas ni precios, analistas y algunos actores del sector han advertido que la reducción de utilidades podría impactar la capacidad de inversión de las generadoras, justo en un momento en que el país requiere más proyectos para asegurar la oferta futura de energía.
También se han planteado interrogantes sobre la distribución del aporte en especie y sobre la forma en que se garantizará que esos recursos realmente se traduzcan en mejoras operativas para las empresas intervenidas y en mayor confiabilidad del sistema.
Por ahora, lo cierto es que el Ejecutivo optó por una salida de emergencia para evitar un colapso financiero del sector eléctrico, apostando a que un esfuerzo temporal de las generadoras permita ganar tiempo mientras se construyen soluciones de fondo. El verdadero impacto de la medida solo podrá evaluarse en los próximos meses, cuando se vea si logra estabilizar a las empresas más frágiles y reducir el riesgo de apagones en las regiones más vulnerables del país.
