El Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto de decreto que obliga a los fondos de pensiones a reducir la inversión en el exterior a un máximo de 30% en cinco años, en un intento por canalizar el ahorro pensional hacia proyectos productivos dentro del país.
El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que plantea una transformación en la forma como los fondos privados de pensiones y cesantías gestionan una parte sustancial del dinero de los colombianos. Este documento propone establecer un límite global máximo del 30 % para inversiones en el exterior, con el objetivo de “atraer” ese capital hacia el mercado doméstico y financiar actividades productivas locales.
Actualmente, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tienen distintos techos de inversión en activos internacionales según el perfil del fondo, promediando cerca del 49%. Bajo el nuevo proyecto, en un plazo progresivo de cinco años, ese porcentaje deberá reducirse primero a 35% en tres años y luego al 30%.
El decreto también contempla que las AFP presenten ante la Superintendencia Financiera de Colombia un plan de ajuste, detallando cómo alcanzarán los nuevos porcentajes sin poner en riesgo la seguridad, rentabilidad y liquidez del ahorro de sus afiliados.
La iniciativa busca alinear los portafolios de pensiones con los requerimientos estructurales de inversión de la economía colombiana, especialmente en sectores con alto impacto en el crecimiento, como infraestructura, vivienda, energía y otros proyectos productivos. Para facilitar esta transición, el Gobierno incluso plantea la posible creación de un “banco de proyectos” que sirva de puente entre los recursos de los fondos y emprendimientos nacionales.
Según estimaciones de analistas y fuentes del sector, la medida podría implicar la repatriación de entre 120 y 250 billones de pesos que actualmente están invertidos fuera del país, cifra que representa una proporción significativa de los recursos administrados por las AFP.
La propuesta se presenta en un contexto en el que el Gobierno ha manifestado repetidamente su intención de que una mayor parte del ahorro pensional se destine al desarrollo nacional, una postura que ha generado debate entre economistas y actores del sector financiero.
La respuesta del sector económico no ha sido unánime. Algunos expertos advierten que limitar las inversiones internacionales puede reducir la diversificación de los portafolios y, por ende, afectar los rendimientos de largo plazo que reciben los afiliados cuando se pensionan. Esta crítica se basa en teorías financieras tradicionales que promueven la diversificación para mitigar riesgos de mercado.
Otros sectores consideran que la medida podría fortalecer la economía interna al aumentar la disponibilidad de recursos para inversión en proyectos con alto retorno social y económico. No obstante, detractores señalan que obligar a los fondos de pensiones a cambiar sus estrategias de inversión puede tener efectos adversos si los mercados locales no logran absorber de manera eficiente ese capital.
Implicaciones para afiliados y mercado financiero
Si bien el decreto deja un margen de cinco años para la adaptación, tanto los cotizantes activos como los futuros pensionados están atentos a cómo esta restricción podría influir en los rendimientos de sus ahorros. La gradualidad de la medida (35 % a tres años, 30 % a cinco) pretende evitar desinversiones abruptas que puedan impactar negativamente los portafolios o la liquidez del sistema.
Además, las AFP deberán destinar la totalidad del flujo de nuevas cotizaciones a inversiones nacionales hasta que se cumpla el límite definido, lo que podría alterar la estrategia tradicional de mezcla entre mercados locales y globales, con posibles implicaciones sobre la volatilidad y rendimientos futuros.
El proyecto de decreto está abierto a comentarios y observaciones antes de ser adoptado formalmente, un proceso que podría incluir ajustes basados en aportes de los agentes del mercado y otros actores interesados. Una vez aprobado, las AFP tendrán que reorganizar gradualmente sus portafolios, lo que demandará coordinación con los reguladores y una evaluación constante de los riesgos asociados.
