El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca revivir la no deducción de regalías pagadas por empresas extractivas, una medida que la Corte Constitucional ya había anulado. La iniciativa reabre un debate jurídico, fiscal y político sobre sus alcances, viabilidad legal e impacto en el sector minero-energético.
La discusión sobre la deducibilidad de las regalías no es nueva en Colombia. En 2022, como parte de la reforma tributaria aprobada al inicio del actual Gobierno, se incluyó una disposición que impedía a las empresas de hidrocarburos y minería descontar del impuesto de renta el pago de regalías al Estado. La medida buscaba aumentar el recaudo fiscal y reforzar la idea de que las regalías no son un costo, sino una contraprestación por la explotación de recursos naturales no renovables, que pertenecen a la Nación.
Sin embargo, en 2023 la Corte Constitucional declaró inexequible esa disposición. El alto tribunal concluyó que la norma vulneraba principios del sistema tributario, al desconocer que las regalías, en su naturaleza económica y contable, pueden ser consideradas un costo de producción. Además, la Corte advirtió problemas de técnica legislativa y de coherencia con el ordenamiento fiscal vigente.
Pese a ese antecedente, el Ejecutivo ha planteado nuevamente la posibilidad de limitar o eliminar la deducción de regalías, esta vez explorando fórmulas normativas distintas, con el argumento de que la decisión judicial no cerró por completo el debate y dejó márgenes de interpretación que permitirían insistir en el objetivo de política pública.
Desde la perspectiva del Gobierno Petro, permitir que las regalías sean deducidas del impuesto de renta implica, en la práctica, que el Estado termina “subvencionando” parcialmente la explotación de sus propios recursos naturales. El Ejecutivo sostiene que esta situación reduce de manera significativa el recaudo tributario y debilita la capacidad fiscal para financiar programas sociales y de transición energética.
En ese sentido, el Ministerio de Hacienda ha señalado que la no deducción de regalías se alinea con el principio de equidad tributaria y con estándares internacionales aplicados en países con fuerte regulación sobre industrias extractivas. La apuesta gubernamental es construir una nueva norma, más precisa y mejor sustentada, que supere los reparos formulados por la Corte Constitucional.
Además, el Gobierno argumenta que la Constitución reconoce un trato especial a los recursos naturales no renovables y faculta al Estado para definir las condiciones económicas de su explotación. Bajo esa lógica, insiste en que las regalías no deberían asimilarse automáticamente a un costo empresarial ordinario.
¿Es viable jurídicamente?
El principal interrogante gira en torno a la viabilidad jurídica de revivir una medida que ya fue declarada inconstitucional. Para varios expertos en derecho constitucional y tributario, el margen de maniobra del Gobierno es limitado. Si bien la Corte no prohibió de manera absoluta cualquier restricción a la deducción de regalías, sí fijó criterios claros que el legislador debe respetar.
Uno de esos criterios es la necesidad de reconocer la realidad económica de la actividad extractiva. Ignorar que las regalías inciden directamente en la rentabilidad de los proyectos podría vulnerar el principio de capacidad contributiva. Además, una nueva norma que reproduzca el contenido esencial de la disposición anulada correría el riesgo de ser considerada cosa juzgada constitucional.
No obstante, otros juristas sostienen que sí existe espacio para una regulación distinta, siempre que el Congreso justifique de manera sólida la medida, corrija los vicios identificados por la Corte y establezca un diseño tributario más equilibrado. Esto podría implicar, por ejemplo, limitar parcialmente la deducción o diferenciar entre tipos de proyectos, niveles de rentabilidad o fases de explotación.
El debate también tiene implicaciones económicas y políticas. El sector minero-energético ha advertido que una nueva restricción podría afectar la inversión, la estabilidad jurídica y la competitividad del país, en un contexto de transición energética y desaceleración económica. Del otro lado, el Gobierno insiste en que el interés general y la sostenibilidad fiscal deben primar sobre los beneficios tributarios de un sector específico.
La intención del Gobierno Petro de revivir la no deducción de regalías reabre una discusión de fondo sobre el modelo fiscal aplicado a la explotación de recursos naturales. Aunque jurídicamente no es imposible insistir en la medida, su viabilidad dependerá de un diseño normativo cuidadoso y de la capacidad del Ejecutivo y el Congreso para ajustarse a los límites fijados por la Corte Constitucional. El desenlace, una vez más, podría terminar definiéndose en los estrados judiciales.
