A menos de un mes de concluir su mandato, el Gobierno de Gustavo Petro presentará ante el nuevo Congreso un proyecto de ley para prohibir definitivamente el fracking en Colombia. La iniciativa reabre el debate sobre seguridad energética, transición ambiental y el futuro de la producción nacional de hidrocarburos.
A pocos días de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno dejará radicado uno de los proyectos más representativos de su política energética: la prohibición definitiva del fracking en Colombia. La iniciativa será presentada el próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo legislativo 2026-2030, y quedará en manos del nuevo Legislativo, así como del Gobierno que asumirá funciones el 7 de agosto.
El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la inauguración de dos proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar. Según explicó el funcionario, el proyecto será radicado de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente y congresistas del Pacto Histórico.
«Con la ministra de Ambiente acordamos presentar el próximo 20 de julio el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y los ecosistemas», afirmó Palma.
El ministro sostuvo que la propuesta se fundamenta en estudios científicos que, según el Gobierno, evidencian riesgos ambientales, sociales y de salud pública derivados de la fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales.
Asimismo, aseguró que durante varios años distintos gobiernos promovieron esta tecnología como una alternativa para fortalecer la producción de petróleo y gas, pero consideró que esa estrategia no logró consolidarse en el país.
«Defenderemos la transición energética y haremos todo lo posible para impedir que esta práctica ponga en riesgo los territorios y el patrimonio ambiental del país», agregó el jefe de la cartera de Minas y Energía.
La iniciativa representa uno de los últimos movimientos legislativos del Gobierno Petro para dejar encaminadas las principales reformas asociadas a su política de transición energética, uno de los ejes centrales de su administración desde agosto de 2022.
Un debate que enfrenta la transición energética
La radicación del proyecto se produce en medio de un escenario político completamente distinto al que existía hace cuatro años. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha expresado públicamente su intención de impulsar nuevamente la exploración y producción de hidrocarburos mediante yacimientos no convencionales, incluido el fracking, al considerar que estas tecnologías podrían contribuir a fortalecer la seguridad energética del país y aumentar las reservas nacionales de petróleo y gas.
No obstante, el mandatario electo también ha señalado que cualquier eventual desarrollo deberá respetar la normatividad ambiental vigente y excluir ecosistemas estratégicos, como páramos, parques nacionales naturales y demás áreas de especial protección.
El debate alrededor del fracking no es nuevo. Desde hace más de una década, Colombia discute la posibilidad de utilizar esta tecnología para aprovechar los denominados yacimientos no convencionales, especialmente en regiones como el Magdalena Medio.
Durante el gobierno del expresidente Iván Duque se impulsaron los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), concebidos para evaluar técnicamente los posibles impactos ambientales y sociales del fracking antes de autorizar un desarrollo comercial.
Sin embargo, al asumir la Presidencia, Gustavo Petro suspendió dichos pilotos y anunció que su Gobierno no otorgaría nuevos contratos de exploración mediante fracturación hidráulica, al considerar que el país debía acelerar la transición hacia fuentes renovables de energía.
Mientras organizaciones ambientalistas, académicos y comunidades han respaldado la prohibición definitiva argumentando riesgos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas, gremios como la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) han sostenido que el país requiere mantener abiertas todas las alternativas de producción para garantizar el abastecimiento de combustibles y reducir la dependencia de las importaciones de gas natural.
Diversos estudios del Servicio Geológico Colombiano y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos han señalado que Colombia posee un potencial importante de recursos no convencionales, cuya explotación podría incrementar las reservas nacionales, aunque su desarrollo continúa siendo objeto de amplio debate técnico, económico y ambiental.
Energía solar y el legado de la transición
El anuncio del proyecto coincidió con la entrega de dos sistemas solares fotovoltaicos en los municipios cesarenses de Becerril y Curumaní.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, las obras contemplaron la instalación de 2.494 paneles solares con inversiones cercanas a los 36.000 millones de pesos. Los proyectos beneficiarán a más de 4.300 habitantes y producirán aproximadamente 1.870 megavatios hora (MWh) de energía al año.
La cartera estima, además, que estas iniciativas evitarán la emisión de cerca de 340 toneladas anuales de dióxido de carbono y tendrán una vida útil cercana a los 25 años.
Para el ministro Edwin Palma, este tipo de proyectos representan el verdadero alcance de la transición energética.
«La transición energética solo tiene sentido cuando mejora la calidad de vida de las personas. Estos proyectos demuestran que la democratización de la energía puede llegar a los territorios históricamente excluidos», afirmó.
Durante su intervención, el funcionario también hizo referencia al proceso de empalme con la administración entrante y aseguró que, aunque algunos espacios institucionales dejarán de funcionar con el cambio de gobierno, el Ministerio mantendrá abiertos los canales de información necesarios para garantizar la continuidad administrativa.
Según el balance oficial presentado por la cartera, Colombia cuenta actualmente con 848 comunidades energéticas en funcionamiento. Estas iniciativas benefician a más de 567.000 personas, atienden alrededor de 42.200 usuarios y suman una capacidad instalada de 29,68 megavatios pico (MWp), producto de inversiones superiores a los 382.900 millones de pesos.
La radicación del proyecto antifracking se convierte así en uno de los últimos actos legislativos del Gobierno Petro en materia energética. No obstante, su aprobación dependerá de las mayorías que logre reunir en el nuevo Congreso y de la posición que adopte el Gobierno de Abelardo De La Espriella frente a una discusión que divide a sectores políticos, económicos y ambientales.
