El Gobierno Nacional acompañó la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría, un paso que marca el inicio de la recolección de firmas para impulsar este mecanismo. La iniciativa, respaldada por el presidente Gustavo Petro, surge como respuesta al bloqueo de reformas en el Congreso.
La inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, realizada el 26 de diciembre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, abrió oficialmente el proceso para recolectar firmas en todo el país. El trámite fue liderado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien consignó la documentación requerida y reiteró que se trata de una iniciativa ciudadana respaldada por el Gobierno, pero no originada en él.
El comité está integrado por nueve representantes de sectores sociales y populares, entre ellos líderes indígenas, comunicadores, exfuncionarios y activistas. Entre los nombres mencionados se encuentran Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Javier Eduardo García y Lían Ghelly Herrera, entre otros.
La Registraduría cuenta ahora con ocho días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y habilitar formalmente la recolección de firmas, primer paso para que la propuesta pueda ser presentada ante el Congreso elegido en 2026.
El Gobierno ha fijado metas ambiciosas: aunque la ley exige alrededor de tres millones de firmas —equivalentes al 5% del censo electoral—, el presidente Petro ha planteado la aspiración de alcanzar hasta 10 millones de apoyos, con el fin de dotar de mayor legitimidad política a la iniciativa.
El Ejecutivo ha justificado el impulso a la Constituyente como una respuesta al “bloqueo institucional” que, según afirma, ha enfrentado su agenda legislativa. Sanguino señaló que, tras un primer periodo con algunas aprobaciones, varias reformas estructurales se han hundido o han sido frenadas en el Congreso y otras instancias, como la Corte Constitucional. Entre los ejemplos citados están la ley de financiamiento, la reforma a la salud y decisiones que afectaron la reforma pensional.
Un proceso largo, complejo y con múltiples etapas
Para el Gobierno, la Constituyente abriría un nuevo escenario para que el poder constituyente se exprese directamente y permita avanzar en transformaciones profundas. El ministro incluso planteó la posibilidad de que el proyecto político del “Gobierno del Cambio” tenga continuidad en el próximo periodo presidencial, lo que podría facilitar el trámite de la convocatoria en el Congreso entrante.
El presidente Petro, por su parte, ha anunciado que entregará las firmas al Congreso el 20 de julio de 2026, durante su último discurso ante el nuevo legislativo, pocos días antes de finalizar su mandato. Si el Congreso aprueba la ley que convoca a la Constituyente, al menos una tercera parte del censo electoral —unos 13 millones de votantes— deberá respaldarla en las urnas para que sea válida.
La inscripción del comité ha generado una ola de reacciones en el país. Sectores de oposición han cuestionado la iniciativa, advirtiendo riesgos para el equilibrio de poderes y la estabilidad democrática. Aunque estas reacciones no forman parte del artículo base solicitado, sí aparecen en otras coberturas periodísticas del mismo hecho, lo que evidencia el clima de polarización que rodea la propuesta.
Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que la iniciativa es ciudadana, legítima y necesaria para destrabar reformas que consideran fundamentales para el país. Voceros del comité han señalado que la Constituyente permitiría avanzar en temas como descentralización, reconocimiento de derechos de comunidades históricamente excluidas y fortalecimiento de la paz territorial.
Aunque la inscripción del comité representa un avance formal, el camino hacia una eventual Asamblea Constituyente es largo y está lleno de requisitos. Tras la recolección y validación de firmas, el nuevo Congreso deberá decidir si convoca o no al mecanismo. Solo después de esa aprobación podría realizarse la consulta popular que definiría si el país respalda la convocatoria.
Por ahora, el Gobierno ha dejado claro que acompañará el proceso, pero insiste en que la iniciativa nace de la ciudadanía organizada. El debate, sin embargo, ya está instalado en la agenda pública y promete convertirse en uno de los temas centrales del escenario político de 2026.
