En Colombia se revela una paradoja estructural: el Estado forma y certifica profesionales, pero al intentar acceder al empleo público su reconocimiento se desvanece. No es un hecho aislado, sino una incoherencia persistente que hoy se evidencia en múltiples convocatorias oficiales.
Por: Fernando Ibarra Martínez/ Sucede actualmente con los estudiantes y egresados del programa de Historia y Archivística de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Para entender el problema es necesario mirar su contexto. En 1984 se creó el programa de Historia en la UIS, el cual se mantuvo durante 28 años hasta que, en 2012, fue transformado en su plan de estudios y en su denominación.
Esta reforma respondió a nuevas demandas académicas y a la necesidad de formar profesionales que cumplieran con lo establecido en la Ley 1409 de 2010, dando lugar a un título que integraba dos campos del conocimiento: Historia y Archivística. No se trató simplemente de una “doble titulación”, sino de una apuesta por la multidisciplinariedad y por reconocer la conexión directa entre ambas áreas.
La intención era clara, formar profesionales más completos, con competencias tanto en investigación histórica como en gestión documental, ampliando sus posibilidades laborales y respondiendo a necesidades reales del país. El propio Estado avaló esa transformación a través del Ministerio de Educación. Aprobó el programa que se encuentra en el Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) de “Geografía, Historia”, le otorgó registro calificado (SNIES 102224) y actualmente se encuentra acreditado en alta calidad hasta 2028[1].
Nadie cuestionó su estructura, nadie advirtió un problema; por el contrario, fue concebido como un perfil innovador y único a nivel nacional. Sin embargo, todo cambió cuando sus egresados comenzaron a competir en el mercado laboral del sector público.
Fue entonces cuando apareció la grieta. En los últimos años, distintos procesos de selección han dejado en evidencia una situación que ya no puede considerarse excepcional. Profesionales con formación acreditad están siendo excluidos, tanto en cargos archivísticos como en espacios de docencia, porque su título no coincide exactamente con una categoría predefinida. En unos casos, no encajan en los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) exigidos para funciones archivísticas; en otros, su denominación no es reconocida dentro de los perfiles docentes.
Uno de los casos más recientes y más difíciles de justificar se presentó en el concurso docente de 2022. A través de la Resolución 3842 de ese mismo año, el Ministerio de Educación actualizó el manual de funciones para los docentes[2] sin incluir en ningún momento el título de “Historiador y Archivista” como opción válida para concursar en áreas como ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. El resultado fue predecible, egresados plenamente formados quedaron por fuera del proceso, no por falta de competencias, sino por la ausencia de su título en un listado oficial.
La respuesta del MEN no hizo más que agravar la situación. La entidad señaló a la Universidad Industrial de Santander y a la Escuela de Historia por no haber remitido oportunamente el cambio en la denominación del título para su actualización. Así, se mantuvo únicamente el título de “Historia”, como si la reforma de 2012 nunca hubiera existido. Sin embargo, trasladar la responsabilidad no resuelve el problema, lo que queda en evidencia es una falla estructural en la articulación del sistema. Porque, al final, el resultado es el mismo, profesionales excluidos y un sistema que, por un “error” administrativo, termina cerrando las puertas del magisterio a quienes cumplen con todos los requisitos de formación.
Pero las dificultades no se limitan al ámbito de la docencia. De hecho, lo que ocurre en el campo archivístico resulta aún más problemático. Uno de los casos más recientes se presentó el año pasado en el concurso de la Contraloría General de la República, en el que egresados del programa no pudieron concursar por cargos en las plantas de esta entidad a nivel departamental y nacional. La razón fue tan simple como preocupante, su título no fue tenido en cuenta, al no estar clasificado dentro del NBC de “Bibliotecología” en el que se agrupan la mayoría de las carreras que pueden ejercer funciones archivísticas.
El problema no radica en la existencia de los NBC. Estos hacen parte del ordenamiento del empleo público y cuentan con respaldo normativo en el Decreto 1083 de 2015, el problema es su uso. Porque ese mismo marco normativo establece que la verificación del cumplimiento de requisitos no puede limitarse a una clasificación formal, sino que debe analizar la relación entre la formación académica y las funciones del cargo, y ahí es donde el sistema comienza a fallar.
En la práctica, el NBC se ha convertido en un filtro excluyente que desconoce la diversidad de la formación profesional y termina cerrando la puerta a perfiles interdisciplinarios que el propio Estado ha promovido y ha avalado.
En el caso del ejercicio profesional de la archivística, la Ley 1409 de 2010[3] es clara: para ejercer la profesión se requiere formación académica pertinente, tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas (CCA) e inscripción en el Registro Único Profesional de Archivistas (RUPA). Estos constituyen los requisitos legales y en ninguna parte se establece la pertenencia a un NBC específico como condición obligatoria.
En ese sentido, decenas de egresados del programa de Historia y Archivística de la UIS cumplen hoy con estos requisitos y se encuentran legalmente habilitados para ejercer la profesión. Sin embargo, en la práctica, muchas entidades públicas han convertido el NBC en una barrera de acceso, privilegiando el de “Bibliotecología”, y descartando de facto el NBC de “Geografía, Historia”.
La situación se vuelve aún más problemática cuando se observa el papel del Colegio Colombiano de Archivistas (CCA). Esta entidad ha expedido tarjetas profesionales a egresados del programa de Historia y Archivística, validando su formación y reconociendo su idoneidad. Es decir, ha certificado que cumplen con los requisitos para ejercer. Pero, al mismo tiempo, ha respaldado criterios que terminan excluyéndolos en las convocatorias públicas.
El CCA, cuya misionalidad es la defensa del ejercicio profesional de la archivística, ha insistido en que los manuales de funciones incluyan el NBC de “Bibliotecología”, ignorando que en el país existe una formación archivística que, por su carácter interdisciplinar, se ubica en el NBC de “Geografía e Historia”.
Un ejemplo claro de esta contradicción se presentó en la Alcaldía de Neiva, donde el propio CCA afirma haber gestionado[4] la modificación del manual de funciones.
No se trata de eliminar el NBC ni de desconocer su función dentro del empleo público. Se trata de utilizarlo de manera coherente con el marco legal existente. Si el Estado decide mantener este criterio, debe hacerlo en armonía con la Ley 1409 de 2010. Esto implica reconocer todos los núcleos en los que exista formación archivística en el país, incluyendo no solo Bibliotecología, sino también Geografía e Historia y otros campos afines, siempre que los profesionales cumplan con los requisitos legales.
Esto no es una opción, es una exigencia de coherencia normativa que requiere el compromiso y la articulación de todas las instancias involucradas: la Universidad Industrial de Santander y su Escuela de Historia, el Ministerio de Educación Nacional, Función Pública y el Colegio Colombiano de Archivistas.
En este contexto, lo que está en juego no es únicamente el acceso al empleo de un grupo de egresados, sino la credibilidad del sistema y de un programa académico de la UIS con más de 40 años de trayectoria. Porque si el perfil de sus egresados no es reconocido, se pone en cuestión la razón misma del programa, la formación de sus estudiantes y, en consecuencia, el papel de quienes lo enseñan.
“Cuando el Estado forma profesionales que luego no sabe reconocer, el problema no es de los profesionales, es del Estado”.
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*Historiador y Archivista, Esp. en Gerencia de Proyectos. Líder y asesor en proyectos archivísticos y de gestión documental.
X: @feribarramz
LinkedIn: Fernando Ibarra Martinez
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
[1] Ministerio de Educación Nacional. (noviembre de 2020). “Resolución 021321 de 2020”: Por medio de la cual se renueva la Acreditación en Alta Calidad al Programa de Historia y Archivística de la Universidad Industrial de Santander, ofrecido bajo la metodología presencial en Bucaramanga (Santander), y se renueva de oficio el Registro Calificado. MEN
[2] Ministerio de Educación Nacional. (marzo de 2022). “Resolución 003842 de 2022”: Por la cual se adopta el nuevo Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los Cargos de Directivos Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente y se dictan otras disposiciones. MEN
[3] Congreso de la República de Colombia. (agosto de 2010). Ley 1409 de 2010 por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se dicta el código de ética y otras disposiciones. Congreso de la República
[4] Colegio Colombiano de Archivistas. (marzo de 2026). Gestión del CCA logra ajuste del manual de funciones de la Alcaldía de Neiva. CCA
[5] Alcaldía de Neiva. (agosto de 2025). “Decreto 0296 de 2025”: Por el cual se establece el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la administración central del municipio de Neiva. Alcaldía de Neiva
