En la carrera presidencial de Colombia los extremos políticos se distancian aún más; sin embargo, posturas tan disímiles se enmarcan en la palabra «cambio». Ahí, el blindaje de la Constitución se pone a prueba.
Por: Óscar Prada/ En ese contexto, el traje de la institucionalidad es el outfit de la temporada electoral; hasta las alas más contrarias siguen el protocolo de lo instituido, y en su nombre proponen cambios.
No obstante, lo anterior es una paradoja; especialmente porque tanto aquellos que luchan por mantener o desbaratar el establecimiento, quieren que sus reformas queden “establecidas”.
Se trata de un área gris, el establecimiento suele presentarse como institucionalidad, y a la vez, la institucionalidad es percibida como parte del establecimiento. Es una confusión que distorsiona las realidades que deben ser parte del debate público.
Ello se refleja en las críticas a los límites del poder, que puede ser percibido de dos formas: la primera, que las élites como parte del establecimiento bloquean los cambios a través de las normas; la segunda, que las leyes hacen parte del marco jurídico que evita el exceso de poderes, y acoge transformaciones duraderas.
Ahora bien, el establecimiento es inevitable; en últimas, si la persona más crítica del statu quo resultase vencedora, hará parte de ese establecimiento que desea cambiar. Intentará modificar los mismos cimientos que critica pero que a la vez lo respaldan.
Por tal razón, los cambios y coyunturas políticas que la colectividad demanda se tramitan a través de la legislación; ese es el verdadero dilema. Al final, el poder que se ejerce por fuera de las normas muta en arbitrariedad; y el que se somete a ellas sin evaluar el contexto social que las origina, se torna obsoleto.
Así, la institucionalidad deja de ser un obstáculo y se lee como lenguaje. Un idioma que todos los actores políticos, inclusive aquellos que prometen dinamitarlo, están obligados a hablar si quieren perdurar.
Igualmente, no se trata de elegir entre institucionalidad o cambio, sino de comprender que debe existir un marco jurídico ordenado; sea para perfeccionar lo establecido, o para transformarlo en algo distinto. Incluso los cambios necesitan reglas.
Es ahí donde los acuerdos sobre lo esencial se erigen como fundamento; por eso la Constitución, lejos de ser una norma que se vuelve tendencia cada cuatro años, es ese lenguaje que permite mantener un equilibrio entre las libertades y el orden que se quiere. Es lo que permanece pese a los cambios de leyes y gobiernos.
Sin embargo, en ese mismo escenario, los sectores más contrapuestos terminan echando mano de la Constitución como excusa. La invocan para justificar su falta de voluntad política para llegar a acuerdos frente a las reformas legales que dicen defender.
Bajo esa dinámica, la Constitución deja de ser un marco de orientación y se convierte en demagogia. Se habla de reformas constitucionales para trasladar los deberes que le corresponden al legislador y a la administración pública. La utilizan para fines electorales.
Basta ver la implementación del Acuerdo de Paz: mientras unos invocan la Constitución para frenar las reformas que exige, otros trasladan sus diferencias a la Corte Constitucional de Colombia en decisiones que deberían debatirse y acordarse en el Congreso. En ambos casos, los problemas se atribuyen al diseño constitucional, cuando es en realidad falta de decisión política.
Quizá por eso el problema no es que la institucionalidad se use como outfit, sino que se utilice como disfraz para disimular los sesgos políticos. Cuando se viste solo para la campaña, se vuelve accesorio; cuando se asume como estructura, impone costos, restricciones y coherencia.
En campaña, la institucionalidad es el traje de moda que a todos les queda bien; el problema es que una vez en el poder, a casi todos les empieza a apretar.
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*Estudiante de derecho.
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