La Defensoría del Pueblo advirtió que la recta final de la campaña presidencial en Colombia está marcada por desinformación, ataques personales y lenguaje estigmatizante, con un cumplimiento medio de compromisos éticos, lo que preocupa por el impacto en la calidad del debate democrático electoral actual.
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre el comportamiento de la campaña presidencial en Colombia revela un escenario de creciente tensión discursiva en la recta final del proceso electoral. El monitoreo, que analizó más de 28.000 registros entre redes sociales y medios de comunicación, evidencia una transformación del debate público hacia dinámicas más confrontativas y menos programáticas.
El reporte señala que el cumplimiento general de los compromisos evaluados se ubica en 58,3%, una cifra catalogada como media. Sin embargo, los indicadores relacionados con la veracidad de la información presentan un desempeño crítico de apenas 3,8%, el más bajo del estudio. Asimismo, el uso de lenguaje constructivo y no estigmatizante registra 14,1%, reflejando debilidades significativas en el tono de la contienda.
En palabras de la defensora del Pueblo, Iris Marín, los resultados reflejan una preocupación institucional frente al deterioro del debate democrático. “Lo más alarmante es el uso de un lenguaje no constructivo y la difusión de información sin verificación”, advirtió la funcionaria al presentar el informe, insistiendo en la necesidad de fortalecer la responsabilidad de los actores políticos.
El informe también advierte sobre el impacto de la desinformación y los ataques personales en la calidad del debate electoral, especialmente en redes sociales, donde la circulación de narrativas sin sustento ha contribuido a elevar la polarización política. La Defensoría señala que la campaña se ha desplazado progresivamente de la discusión de propuestas hacia la confrontación directa entre candidaturas.
Uno de los hallazgos más preocupantes del monitoreo es la baja adopción de protocolos para prevenir y atender la violencia política, en especial aquella dirigida contra mujeres en contienda electoral. La entidad también identificó una disminución en el respeto a manifestaciones pacíficas, lo que amplía el foco de preocupación hacia las garantías democráticas en general.
El análisis comparativo del informe muestra una diferencia significativa entre las candidaturas que firmaron el compromiso ético impulsado por la Defensoría y aquellas que no lo hicieron. Mientras las primeras alcanzaron un cumplimiento de 86,4%, las segundas apenas llegaron a 40,2%, lo que evidencia la importancia de asumir reglas de convivencia democrática de forma explícita.
Finalmente, la Defensoría insiste en que el cierre de la campaña requiere mayor responsabilidad comunicativa por parte de los actores políticos y sus equipos, especialmente en el uso de redes sociales. El llamado central es a reducir la desinformación, evitar la estigmatización y garantizar un debate electoral centrado en propuestas y respeto institucional.
En el contexto de la campaña presidencial, el informe se interpreta como una señal de alerta sobre el impacto de la polarización digital en la calidad del debate democrático. Analistas consultados coinciden en que las redes sociales se han convertido en el principal escenario de confrontación política, donde la velocidad de la información supera con frecuencia los procesos de verificación periodística.
Expertos en comunicación política advierten que este tipo de dinámicas puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La proliferación de mensajes sin verificación y ataques personales tiende a desplazar el contenido programático, debilitando la capacidad del electorado para tomar decisiones informadas en momentos clave del proceso electoral.
Desde la Defensoría del Pueblo se insiste en la necesidad de reforzar los mecanismos de autorregulación de las campañas políticas, así como los sistemas de verificación de información en entornos digitales. La entidad considera que el respeto por la verdad y el lenguaje no estigmatizante son pilares fundamentales para preservar la integridad del proceso electoral.
El informe concluye que, aunque existen avances en principios democráticos como la promoción del diálogo y el reconocimiento de distintos actores sociales, estos logros conviven con prácticas que deterioran el debate público. La coexistencia de altos niveles de cumplimiento en algunos compromisos y graves falencias en otros dibuja un escenario electoral complejo y polarizado.
En este panorama, la advertencia de la Defensoría del Pueblo se convierte en un llamado urgente a los actores políticos, medios de comunicación y ciudadanía para recuperar el sentido deliberativo del debate electoral. El desafío, según la entidad, no solo consiste en reducir la desinformación, sino también en fortalecer una cultura política basada en el respeto, la veracidad y la responsabilidad democrática.
El escenario descrito por la Defensoría refleja una campaña en la que la intensidad política convive con riesgos significativos para la calidad del debate democrático. En la medida en que se acerque la jornada electoral, el comportamiento de las campañas será determinante para evitar que la desinformación y los ataques personales definan la percepción ciudadana del proceso y sus resultados finales en un contexto de alta polarización social actual y mediática.
