Durante más de ocho años, Iván Mordisco ha evadido operativos militares y anuncios oficiales de su muerte. Su rastro fragmentado refleja las dificultades del Estado colombiano para neutralizar a uno de los actores más escurridizos del conflicto armado contemporáneo.
En la espesura de la Amazonía colombiana, donde la geografía favorece tanto el ocultamiento como la guerra irregular, la figura de Iván Mordisco se mantiene como uno de los mayores desafíos para la seguridad del país. Su nombre real, Néstor Gregorio Vera Fernández, aparece de manera recurrente en informes de inteligencia, comunicados militares y discursos oficiales, pero su paradero continúa siendo incierto.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha resumido la situación en una frase que se ha vuelto simbólica: “está corriendo en la selva”. Detrás de esa afirmación se esconden años de persecución, operaciones aéreas, bombardeos selectivos y despliegues de tropas en regiones de difícil acceso como Guaviare, Vaupés y la frontera amazónica. Sin embargo, pese a la intensidad de las acciones, el objetivo sigue sin concretarse.
El caso de Mordisco no solo es relevante por su condición de líder del llamado Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas FARC, sino también por lo que representa: la persistencia de estructuras armadas ilegales tras el acuerdo de paz firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras una parte de la guerrilla se desmovilizó, otros frentes decidieron continuar en la ilegalidad, reorganizándose bajo nuevas dinámicas criminales.
Desde entonces, la trayectoria de Mordisco ha estado marcada por una constante: su supuesta muerte. Fuentes militares reconocen que ha sido dado por abatido en al menos quince ocasiones en los últimos ocho años. Cuatro de esos episodios trascendieron públicamente, generando expectativas que luego se desvanecieron.
Uno de los casos más recordados ocurrió en junio de 2022, cuando el entonces presidente Iván Duque anunció que un operativo militar había terminado con su vida. La declaración fue presentada como uno de los logros más significativos de su administración en materia de seguridad. Sin embargo, semanas después, Mordisco reapareció en un video, desmintiendo la información y dejando en evidencia las fallas en la verificación oficial.
Este patrón de información contradictoria ha debilitado la credibilidad de los reportes institucionales y ha evidenciado las limitaciones del Estado en escenarios de guerra asimétrica. La selva, combinada con redes de apoyo local y movilidad constante, ha permitido al líder disidente mantenerse fuera del alcance de las autoridades.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la estrategia frente a Mordisco ha transitado entre el diálogo y la confrontación. En un primer momento, el Ejecutivo intentó incluirlo en su política de “paz total”, abriendo canales de negociación entre 2023 y 2024. Sin embargo, los acercamientos fracasaron, y el discurso oficial cambió hacia una postura más confrontativa.
El propio presidente ha descalificado al líder disidente, señalándolo como “un traqueto vestido de revolucionario” y vinculándolo a redes internacionales del narcotráfico. Según el mandatario, Mordisco haría parte de una estructura más amplia, denominada por él como la “Nueva Junta del Narcotráfico”, con conexiones que trascienden las fronteras nacionales.
Este cambio de narrativa ha ido acompañado de una intensificación de las operaciones militares. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos doce de los bombardeos autorizados durante la actual administración han tenido como objetivo directo al jefe del EMC. Estas acciones reflejan una política más agresiva, incluso en contraste con la postura crítica que el propio Petro había mantenido frente a este tipo de operaciones en el pasado.
No obstante, los resultados han sido parciales. En recientes operativos, las Fuerzas Militares han reportado golpes al círculo cercano de Mordisco, incluyendo la muerte de integrantes de su anillo de seguridad y la incautación de material de guerra. En uno de estos episodios, se difundió la imagen de unas gafas que, según las autoridades, pertenecerían al líder insurgente, como prueba de su proximidad durante la operación.
A pesar de estos indicios, no se ha logrado confirmar su captura o muerte. La historia se repite: pistas fragmentarias, versiones cruzadas y conclusiones que no alcanzan certeza plena.
Uno de los aspectos más controvertidos de estas operaciones ha sido el impacto en población vulnerable. En noviembre pasado, un bombardeo en Guaviare dejó como saldo la muerte de menores de edad que, según reportes oficiales, hacían parte del esquema de seguridad del grupo armado. El hecho reavivó el debate sobre los costos humanitarios de la estrategia militar y la complejidad del reclutamiento forzado en zonas de conflicto.
En paralelo, las autoridades han implementado una estrategia de presión sobre el entorno familiar de Mordisco. En los últimos meses, varios de sus hermanos han sido capturados en distintas regiones del país, señalados de participar en actividades criminales relacionadas con las disidencias. Estas acciones buscan debilitar su red de apoyo y forzarlo a cometer errores que faciliten su localización.
Entre los capturados se encuentran figuras identificadas como operadores logísticos y enlaces urbanos, lo que evidencia la dimensión territorial y organizativa del EMC. La presencia de estos actores en zonas alejadas del núcleo amazónico también sugiere una expansión de las actividades del grupo más allá de las áreas tradicionales de conflicto.
Sin embargo, la efectividad de esta estrategia aún está por verse. Históricamente, la persecución a líderes insurgentes en Colombia ha demostrado que la captura o neutralización de cabecillas no siempre se traduce en la desarticulación total de las estructuras criminales. En muchos casos, estas organizaciones se adaptan y reorganizan bajo nuevos liderazgos.
El caso de Mordisco ilustra, además, la transformación del conflicto armado en Colombia. Las disidencias no responden únicamente a una lógica ideológica, sino que combinan elementos de insurgencia con economías ilegales, especialmente el narcotráfico. Esta hibridación dificulta su clasificación y exige respuestas estatales más complejas.
A cuatro meses del final del gobierno de Petro, la presión por mostrar resultados en materia de seguridad se ha intensificado. La figura de Mordisco se ha convertido en un símbolo de esa lucha pendiente, un objetivo que aparece y desaparece en los informes oficiales, desafiando la capacidad operativa del Estado.
