Por: Diego Ruiz Thorrens/ El día domingo 3 de Junio, Santander despertó con una noticia que involucraba toda la fuerza de la violencia y la barbarie humana sobre el pequeño cuerpo de una menor de edad de tan solo 11 años de edad, perteneciente al municipio de Curití. Su nombre, Luz Dary Guarguatí Rico.
La atroz noticia relataba que la menor había desaparecido minutos después de salir del colegio el día 1 de Junio mientras se dirigía caminando hacia su casa, la más apartada de la vereda dónde la familia de la menor reside. Los padres de Luz Dary, al ver que la pequeña no regresaba a su hogar, comenzaron la búsqueda. Según comenta el Coronel Jaime Alberto Escobar Henao, Director del Departamento de Policía de Santander, después de una exhaustiva pesquisa, el cuerpo de Luz Dary fue encontrado con síntomas de asfixia mecánica y violencia sexual.
En las redes digitales, distintas fuentes de noticias manifestaron que el presunto agresor es un hombre de 29 años edad originario de la ciudad de Bucaramanga. El presunto criminal casi fue linchado por una turba furiosa que buscaba desahogar sus deseos de venganza, de impotencia, de no creer en la justicia colombiana, dónde la visión social y colectiva es que en nuestro país el delito es recompensado bajo la modalidad de pequeñas penas, mientras la gente lanzaba piedras y otro tipo de elementos tanto a éste como a los policías que lo rodeaban.
Los disturbios fueron mayores, siendo necesario el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la turba. Fue una caravana de dolor e indignación, desde el momento dónde el presunto agresor sale de Curití blindado por los policías, hasta su arribo a la Seccional de la Fiscalía en San Gil.
Mientras navegaba en las redes digitales en búsqueda de mayor información sobre el perturbador caso, un mensaje de la red social Facebook atrapó mi atención. Rezaba: “Fue un feminicidio y no homicidio. Cambiar de nombre, minimiza el delito”.
¿Por qué en Santander nos cuesta tanto hablar de feminicidio? En el año 2012, en un país acostumbrado a la violencia y a los homicidios, Colombia conoció el caso de Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años que fue brutalmente agredida por uno de sus compañeros de estudio, Javier Velasco Valenzuela.
Dando un resumen del caso, Rosa Elvira no sólo fue agredida física y sexualmente, su cuerpo fue víctima de empalamiento, que significa la introducción de objetos como palos y otro tipo de elementos por la cavidad vaginal y/o el recto de manera violenta.
Por este suceso, el país se sacudió y marchó en cara al no olvido de tan despiadado acto, recordándole al país que existían más casos como el Rosa Elvira Cely, cientos de ellos anónimos, casos dónde tristemente la justicia y las leyes colombianas, sumado al machismo y la misoginia de algunos funcionarios públicos, hicieron que muchas de éstas investigaciones nunca llegasen término o nunca tuviesen una condena histórica, como sucedió con el mismo agresor de Rosa Elvira Cely, hombre que había sido condenado, encarcelado y liberado en años anteriores por crímenes similares.
En aquel instante, muchos ciudadanos marchamos exigiendo justicia y pidiendo al gobierno nacional dejase de hacerse el de la vista gorda frente a un drama que viven las mujeres, las adolescentes y las niñas colombianas: La violencia de género, traducida en distintos tipos de violencia descomunal por parte de hombres que en miles de casos comprobados han sido sus parejas, sus familiares (padres, hermanos, tíos o primos), sus amigos (como el feminicidio de Yolsabet Durán, enterrada en el patio de la casa del que decía ser su mejor amigo en Barrancabermeja) y dónde la ley no se cumple, justificado la violencia de género bajo la mísera premisa que reza que “cuando una mujer dice no, es porque realmente quiere decir sí” o “ella se lo buscó”.
Frente al caso de Rosa Elvira Cely, al gobierno nacional le quedaba difícil hacerse el de la vista gorda: El feminicidio había ocurrido en su propia capital, en uno de los parques más representativos de la ciudad de Bogotá (Parque Nacional), a pocos metros de un Comando de Acción Inmediata o CAI.
Pero no aprendimos. Los casos siguieron ocurriendo y cuatro años después, a finales del 2016, en un país que pareciera que odiara a las mujeres, una nueva víctima surgió, ésta vez una niña, ocupando y retumbando nuevamente todos los titulares de prensa, radio y televisión: La brutal agresión y muerte que vivió la pequeña Yuliana Samboní por parte de Rafael Uribe Noguera.
Según el informe anual de Medicina Legal Forensis, entre los años 2016 y 2017 los casos de violencia sexual en niños y niñas aumentaron considerablemente, al igual que el riesgo a las ITS y los embarazos en adolescentes. A primer trimestre de 2018, los casos de violencia sexual habían aumentado en un 23% respecto al año anterior.
Por ello, es obligatorio preguntarnos ¿Qué representa el crimen de Luz Dary Guarguatí Rico en un departamento tan recalcitrantemente machista como Santander? Aquí carecemos de herramientas decisivas frente a la erradicación de la violencia de género, en especial, a la prevención del feminicidio.
Somos un departamento característico por la engañosa lógica de etiquetar los feminicidios como simples “homicidios” (lo hicimos con Yolsabeth Durán, Katherine Escalante, Sandra Bernal, entre otras mujeres que ya no están con nosotros), permitiéndole a la justicia y al victimario, ser condenado con penas irrisorias ad portas de principios de oportunidad y reducción de penas.
Debemos comprender que el reconocimiento legal de la figura del feminicidio excluye todo tipo de reducción de penas o algún tipo de beneficio.
Frente al feminicidio, otro problema va en la sincronización de la aparición de los casos y el lenguaje utilizado por los políticos al hablar de violencia de género.
En tiempos electorales, los candidatos presidenciales logran identificar en ésta indignación social una oportunidad de oro para conseguir votantes. Esta argucia ha sido perfectamente explotada por el candidato del CD, Iván Duque; heredero de un discurso dónde nuevamente la promesa es aumentar las penas para los casos de violencia sexual en menores.
Sin los elementos educativos de prevención, identificación de las rutas de violencia de género, reconocimiento de la violencia de género y de la brecha social y económica entre hombres y mujeres, estamos haciendo prácticamente nada. Estas promesas no cambian realidades.
En Bucaramanga ya tuvimos un poco de esto. En el año 2016 la diputada Ángela Hernández, exigió desde la Asamblea Departamental de Santander una transformación social para proteger a los niños del enemigo imaginario llamado “ideología de género” bajo el argumento de “defender” la familia. En contraste, después de dicho debate, por razones totalmente lejanas a la denominada “ideología de género” pero sí relacionadas a la validación del machismo santandereano, los casos de violencia sexual en menores de edad en nuestro departamento se dispararon.
¡Basta ya! Es hora que tanto la Gobernación de Santander como la Alcaldía de Bucaramanga hagan algo al respecto. Fortalecer al Instituto de Medicina Legal en Santander podría ser un primer paso. Debemos cambiar el chip. Mientras tanto… Justicia por el feminicidio de Luz Dary.
Twitter: @Diego10T