La administración de Jaime Beltrán en Bucaramanga terminó envuelta en escándalos, baja ejecución presupuestal y deterioro institucional. Su intento de imponer un sucesor de bolsillo, Cristian Portilla, evidencia el riesgo de continuismo político sin resultados, mientras la ciudad enfrenta una profunda crisis de gobernabilidad y confianza.
La administración de Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga (2024–2025) inició con una narrativa de autoridad, renovación moral y lucha contra la inseguridad. Sin embargo, a medida que avanzó su mandato, se evidenció una gestión marcada por la improvisación, el bajo impacto institucional y una serie de escándalos que deterioraron la confianza ciudadana. Su salida anticipada, producto de una sentencia del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia, no solo cerró un ciclo político, sino que abrió una crisis de gobernabilidad que aún afecta a la ciudad.
Durante su gestión, Beltrán acumuló denuncias por presuntas irregularidades en la administración de bienes públicos, como el caso del robo de “inservibles” o chatarra municipal, y la conexión ilegal de energía del proyecto “Tercer Carril” a redes de ESSA. A esto se sumó la formulación de un Plan de Desarrollo débil y poco articulado, cuya ejecución presupuestal fue inferior al 30%, dejando más de $200 mil millones sin invertir. La falta de gestión ante el Gobierno Nacional y la Gobernación de Santander aisló a Bucaramanga de los grandes proyectos de inversión.
En materia de seguridad, los indicadores de criminalidad y narcomenudeo se incrementaron, mientras que la liquidación de Metrolínea se realizó sin una alternativa estructurada de movilidad. La relación conflictiva con el Concejo Municipal, la invasión del espacio público y la ausencia de macroproyectos terminaron por configurar una administración sin rumbo.
Tras su salida, Beltrán intenta imponer como sucesor a Cristian Portilla, su exsecretario privado, en una maniobra interpretada como un intento de continuismo político. Esta estrategia ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores, que advierten sobre el riesgo de prolongar un modelo de gobierno sin resultados ni transparencia.
El caso del robo de la “chatarra”
Uno de los escándalos más graves fue la desaparición sistemática de bienes inservibles del municipio —vehículos, maquinaria y equipos— que estaban bajo custodia oficial. Revelaciones de Corrillos mostraron cómo estos elementos salieron de los patios municipales sin trazabilidad, sin autorización formal y sin procesos de baja o subasta pública. La falta de inventarios actualizados y la omisión de vigilancia por parte de la Secretaría Administrativa abrieron la puerta a un presunto caso de peculado por apropiación. Las investigaciones fiscales y disciplinarias apuntan a una red de negligencia y posible corrupción que afectó el patrimonio público.
Un Plan de Desarrollo sin visión
El Plan de Desarrollo 2024–2027 fue aprobado en medio de tensiones políticas, sin una construcción participativa real ni articulación con los planes regionales y nacionales. El documento carecía de metas claras, indicadores robustos y enfoque estratégico. A pesar de contar con recursos disponibles, la ejecución fue alarmantemente baja: menos del 50% del presupuesto fue comprometido, y más de $200 mil millones permanecieron inmovilizados en cuentas bancarias. Esta parálisis presupuestal impidió la implementación de programas sociales, obras públicas y proyectos de desarrollo económico.
Conexión ilegal del “Tercer Carril”
Otro escándalo revelado por Corrillos fue la conexión irregular del alumbrado del proyecto “Tercer Carril” a las redes de ESSA. La administración Beltrán ordenó la instalación de luminarias sin contrato formal ni autorización técnica, incurriendo en uso indebido de servicios públicos. ESSA exigió el retiro inmediato de las conexiones, advirtiendo sobre los riesgos eléctricos y legales. Este hecho expuso la improvisación en la ejecución de obras y la falta de respeto por los procedimientos institucionales.
Cero gestión ante la Nación y el Departamento
Durante su mandato, Beltrán no logró concretar convenios significativos con el Gobierno Nacional ni con la Gobernación de Santander. Bucaramanga quedó aislada de los grandes proyectos de inversión pública, perdiendo oportunidades en infraestructura, vivienda, seguridad y cultura. La falta de articulación interinstitucional y el discurso confrontativo del alcalde generaron un vacío de liderazgo regional. Mientras otras ciudades accedían a recursos estratégicos, Bucaramanga se estancaba en trámites sin resultados.
Inseguridad y expansión del narcomenudeo
La promesa de “mano dura contra la delincuencia” se diluyó ante el aumento de homicidios, hurtos y redes de microtráfico. Barrios como el norte, el centro y sectores de la comuna 14 se convirtieron en focos de violencia y criminalidad. Las estrategias de seguridad fueron reactivas, sin articulación con la Policía Metropolitana ni con programas de prevención. La percepción ciudadana de inseguridad se agravó, y la confianza en las instituciones se debilitó.
Liquidación de Metrolínea sin alternativa
La decisión de liquidar el sistema de transporte Metrolínea fue tomada sin presentar una alternativa estructurada. Aunque el sistema arrastraba problemas financieros desde años atrás, su desmonte abrupto dejó a miles de usuarios sin rutas, aumentó el caos vehicular y debilitó la planificación metropolitana. La promesa de un nuevo modelo de transporte quedó en el aire, y Bucaramanga retrocedió una década en movilidad urbana. La falta de estudios técnicos y de concertación con el Área Metropolitana evidenció una gestión sin visión.
Crisis política con el Concejo
Desde el inicio de su mandato, Beltrán mantuvo una relación conflictiva con el Concejo. La falta de diálogo, los vetos cruzados y la imposición de decisiones sin concertación generaron una crisis de gobernabilidad. La elección del personero, la aprobación de vigencias futuras y la ejecución de proyectos sociales fueron escenarios de enfrentamientos públicos. La coalición que lo respaldó en campaña se fracturó, y su soledad política se hizo evidente. Esta inestabilidad institucional afectó la capacidad de respuesta del gobierno local.
Invasión del espacio público
Zonas que habían sido recuperadas en administraciones anteriores —como el centro, el parque Centenario y el sector de San Francisco— volvieron a ser ocupadas por ventas informales, cambuches y estructuras ilegales. La Secretaría del Interior no ejecutó planes sostenidos de control ni ofreció alternativas de reubicación. La ausencia de políticas de inclusión productiva y la falta de seguimiento a los procesos de recuperación urbana generaron un retroceso en la calidad del espacio público.
Recursos inmovilizados y sin impacto
A pesar de contar con una disponibilidad presupuestal significativa, la administración Beltrán no logró ejecutar los recursos de manera eficiente. Proyectos de infraestructura, cultura, educación y desarrollo social quedaron en el papel. La rotación constante de funcionarios, la falta de estructuración técnica y la ausencia de liderazgo estratégico impidieron que el presupuesto se tradujera en bienestar para la ciudadanía. Esta situación generó frustración y desconfianza entre los sectores sociales y económicos de la ciudad.
Ausencia de macroproyectos
Uno de los vacíos más graves fue la falta de estructuración de macroproyectos. No se avanzó en iniciativas como la renovación del centro, la recuperación del río de Oro, los nuevos intercambiadores o la integración metropolitana. Bucaramanga quedó sin hoja de ruta, sin liderazgo técnico y sin proyección nacional. La ciudad perdió protagonismo en el escenario regional, y su capacidad de atraer inversión se debilitó.
El intento de continuismo
Tras su salida, Beltrán intenta mantener el control político promoviendo a Cristian Portilla como candidato a la Alcaldía. Portilla, quien fue su secretario privado, representa la continuidad de una gestión marcada por la improvisación y los escándalos. Su candidatura fue interpretada como una maniobra para prolongar el poder sin asumir responsabilidades. La falta de distancia crítica frente a los errores del gobierno anterior y su silencio ante las denuncias lo convirtieron en símbolo del continuismo.
La coalición que respaldaba a Beltrán se fracturó, y la inscripción de Arturo Zambrano como plan B fue anulada por falta de aval partidario. El intento de imponer un sucesor de bolsillo encendió las alarmas democráticas y generó rechazo en amplios sectores políticos y sociales.
Una administración de egos
Bucaramanga enfrenta hoy el reto de reconstruir su institucionalidad, recuperar la confianza ciudadana y retomar el camino del desarrollo. Para lograrlo, será necesario aprender de los errores, exigir rendición de cuentas y garantizar que el poder público no vuelva a ser usado como trampolín personal, sino como herramienta de transformación colectiva.
La imagen del ‘Bukele santandereano’ para proyectar una imagen fuerte y nacional, solo le sirvió a él, pues, detrás de su copy page de estilo, no hubo nunca un gobierno que resolviera problemas, solo el mantener la figuración en medios nacionales y salir perfecto para la foto.
