Por: Leonardo Granados/ La Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito al poder judicial en Colombia, que nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Y en Barrancabermeja esta institución ha sido muy lapsa con la corrupción, al punto de ser una de las ciudades con mayores denuncias por corrupción, solo tiene un fiscal delegado para los delitos contra la administración pública, es decir desde Bogotá se blindan los corruptos que destruyen la ciudad.
Pero siempre la comunidad se pregunta cómo la Fiscalía prioriza los casos que se denuncian, pues bien la Fiscalía en su enfoque gerencial, expresa que por “priorización una política orientada al diseño e implementación de una técnica de gestión estratégica de la carga de trabajo y del flujo de casos que son puestos en conocimiento, para el manejo analítico de la investigación, y del ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción de dominio”. La verdad esta política está muy apartada de la realidad y más adelante explicaré los fundamentos de dicha afirmación.
Según la Fiscalía este nuevo sistema está enfocado hacia la persecución efectiva de los máximos responsables de la comisión de crímenes de sistema, perpetrados por aparatos organizados de poder, a efectos de conocer la verdad de lo sucedido, evitar su repetición y propender por la reparación.
También está la investigación y desmantelamiento de organizaciones delictivas responsables de la comisión de múltiples delitos ordinarios.
En el caso de los delitos no perpetrados por organizaciones delictivas, el nuevo sistema apuntará, en especial, a combatir patrones culturales discriminatorios y graves vulneraciones de los derechos fundamentales.
Y enfocar de manera transparente, racional y controlada, la acción investigativa de la Fiscalía hacia la consecución de los objetivos anteriormente señalados.
La realidad en Barrancabermeja
Desde el año 2015 se impetraron denuncias penales contra el alcalde Elkin Bueno, los gerentes de Aguas de Barrancabermeja por delitos contra la administración pública, daño a recursos naturales, entre otros, ante la Fiscalía de Barrancabermeja.
Aunado a estos hechos, la Contraloría General de Barrancabermeja ha realizado dos auditorías, en las cuales ha establecido hallazgos disciplinarios y penales, tanto para el primer gerente, Jorge Norberto Ferreira a quien ya se le imputaron unos cargos, como para el actual Sergio Amarís Fernández y hasta la fecha no ha pasado nada, aun cuando la Contraloría relaciona hallazgos tan graves como los siguientes:
“…Este Ente de Control concluye que el contrato 002 de 2016 se canceló, como se evidencia en el comprobantes de egreso No EGR1233 con un valor causado de $131’263.993 generando un valor efectivo de caja de $109´084.906, quedando un saldo por pagar de $306´282.652., constituyéndose una observación administrativa, con incidencia fiscal por valor de $109´084.906, disciplinaria y penal”.
Debo advertir que Aguas de Barrancabermeja debe evitar pagar ese saldo de $306´282.652, pues la Fiscalía ya tiene adelantado la investigación penal mediante noticia criminal radicada N°2015-0306 en contra de Amarís y otros funcionarios y ante tantos actos de corrupción la Fiscalía no ha realizado ni fijado fecha con un juez de control de garantías para (imputación), es decir, con todas esas pruebas evidentes estructuradas de responsabilidad penal han transcurrido tres años y siguen libres haciendo de las suyas y detrimento del patrimonio público.
Sin embargo, curiosamente la Fiscalía tiene doble agenda, pues recientemente una ciudadana presentó una denuncia penal en contra la señora Estefany conocida como la francesa y de forma irregular vincularon al pediatra Yesid Blanco Calvete. Lo grave de esta investigación es que el Dr. Yesid no forma parte del proceso civil, el cual funge como demandada la señora francesa, sino que un día el galeno pediátrico le atendió a su pequeña hija que se encontraba enferma y a quien ha atendido desde que era una bebe.
Por dicha urgencia médica la señora francesa no pudo asistir a una audiencia del proceso civil, ante lo cual le solicito al Dr. Yesid una certificación y la historia clínica donde atendió a la niña. Sin embargo la audiencia civil se celebró. Ahora los políticos untados de corrupción y los dueños del basurero han impetrado una persecución judicial, acusando al médico Yesid de incurrir en el presunto delito de falsedad en documento privado y fraude procesal, aspecto que es falso y que no reúne los requisitos de la inferencia razonable de autoría para imputarle dichas conductas al galeno. En todo caso, hay inexistencia de dicha conducta y el dr Blanco es un buen hombre e inocente.
Pero según el criterio del Fiscal, el médico es un potencial delincuente, ni siquiera lo escuchó en interrogatorio de indiciado, no valoró sus pruebas, le violó su derecho de la presunción de inocencia, y en este caso ya lo citaron a imputación para el 18 de diciembre de 2018, voló la Fiscalía tras los inocentes para establecer estadísticas y decir, hemos imputado criminales cuando son inocentes y los verdaderos delincuentes en la calle.
Esta institución en Barrancabermeja tiene que ser intervenida por la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá, porque hay procesos que no avanzan y otros de inocentes que curiosamente si le aplican los criterios de priorización alejados de los principios de justicia.
Ausencia del Comité de Moralización en Barrancabermeja
Con el fin de propiciar una adecuada coordinación y colaboración de estas entidades en materia de lucha contra la corrupción la Ley 190 de 1995 crea la Comisión Nacional de Moralización, integrada por: “1. El Presidente de la República; 2. El Ministro de Gobierno; 3. El Ministro de Justicia y del Derecho; 4. El Procurador General de la Nación; 5. El Contralor General de la República; 6. El Presidente del Senado; 7. El Presidente de la Cámara de Representantes; 8. El Fiscal General de la Nación; 9. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 10. El Defensor del Pueblo”. (Ley 190 de 1995, Art. 68).
En Barrancabermeja debía ser convocado por la Contraloría municipal, más aun, con tantas auditorias con incidencia penal y disciplinaria, pero en Barrancabermeja hace más de tres años no hay una sesión del Comité de Moralización, es decir, no existe una lucha articulada de los organismos de control para hacer frente al cáncer más grande que tiene Colombia y que en Barrancabermeja tiene profundas raíces, tanta evidencia y tan pasividad es una forma irrespetuosa de hacerle apología al delito en sentido figurado.
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