Cada día, cientos de santandereanos acuden a los despachos judiciales con la esperanza de encontrar una solución pronta a sus conflictos. Sin embargo, la realidad demuestra que la mora judicial se ha convertido en uno de los principales obstáculos para garantizar una verdadera justicia.
Por: Christian Diaz Basto | El acceso a la administración de justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. No basta con que exista un juez competente o un procedimiento establecido por la ley; es indispensable que las decisiones lleguen en un tiempo razonable. Cuando los procesos se prolongan durante años, el derecho termina perdiendo eficacia y, en muchos casos, sentido.
En Santander esta problemática se percibe diariamente. Procesos civiles, laborales, administrativos, penales y de familia permanecen durante meses, e incluso años, esperando una decisión. Mientras tanto, las consecuencias recaen sobre ciudadanos, empresarios, trabajadores y familias que ven paralizados sus proyectos de vida por la incertidumbre jurídica.
La Constitución Política garantiza el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. Estos principios no pueden interpretarse únicamente como la posibilidad de presentar una demanda o ejercer una defensa. También implican que el Estado ofrezca respuestas oportunas, eficaces y materialmente útiles para resolver los conflictos.
La congestión judicial tiene múltiples causas. Es cierto que muchos despachos soportan una carga procesal superior a su capacidad, pero también existen factores administrativos, tecnológicos y normativos que dificultan una respuesta más eficiente. La falta de personal suficiente, la demora en los nombramientos, la escasez de recursos y la excesiva ritualidad procesal continúan afectando el funcionamiento del sistema.
Las consecuencias económicas son profundas. Un empresario que espera varios años para recuperar una cartera judicial puede ver comprometida la estabilidad de su empresa. Una familia inmersa en un proceso sucesoral prolongado encuentra dificultades para administrar su patrimonio. Un trabajador que reclama salarios o prestaciones puede enfrentar graves afectaciones mientras espera una sentencia definitiva.
En materia penal, la demora también tiene efectos delicados. Las víctimas esperan reparación y verdad, mientras que los investigados tienen derecho a que su situación jurídica sea definida sin dilaciones injustificadas. La justicia lenta termina afectando la confianza tanto de quien denuncia como de quien ejerce su defensa.
No puede desconocerse el esfuerzo que realizan diariamente jueces, magistrados y empleados judiciales. Muchos trabajan con dedicación admirable pese a la sobrecarga laboral. Precisamente por ello, la solución no consiste en responsabilizar exclusivamente a los funcionarios judiciales, sino en fortalecer institucionalmente la administración de justicia mediante mayores recursos, mejores herramientas tecnológicas y reformas procesales realmente eficaces.
La transformación digital representa una oportunidad importante. La virtualidad permitió importantes avances durante los últimos años, pero aún existen desafíos relacionados con la interoperabilidad de las plataformas, la seguridad de la información y la simplificación de los trámites. La tecnología debe convertirse en un instrumento para acercar la justicia al ciudadano y no en un nuevo obstáculo burocrático.
Los abogados también tenemos una responsabilidad ética. El ejercicio profesional exige promover actuaciones procesales orientadas a resolver los conflictos y no a prolongarlos innecesariamente mediante maniobras dilatorias. La lealtad procesal constituye un deber que fortalece la credibilidad del sistema judicial.
Resulta igualmente necesario fomentar mecanismos alternativos de solución de conflictos. La conciliación, la amigable composición y el arbitraje pueden contribuir significativamente a descongestionar los despachos judiciales cuando son utilizados de manera seria y responsable. No todos los conflictos requieren una sentencia; muchos pueden resolverse mediante acuerdos equilibrados que beneficien a las partes.
La confianza ciudadana en las instituciones depende, en buena medida, de la capacidad del Estado para responder oportunamente. Una sentencia dictada cuando el daño ya es irreparable pierde buena parte de su utilidad. La justicia no solamente debe ser imparcial; también debe ser oportuna, accesible y efectiva.
Si queremos fortalecer el Estado de Derecho, debemos comprender que invertir en justicia no constituye un gasto sino una inversión en seguridad jurídica, desarrollo económico y paz social. Un sistema judicial eficiente beneficia a toda la sociedad porque genera confianza, protege los derechos y promueve el cumplimiento de la ley.
La verdadera discusión ya no consiste únicamente en preguntarnos cuántos procesos ingresan a los despachos judiciales. La pregunta fundamental es si el ciudadano siente que la justicia responde cuando más la necesita. Mientras esa respuesta continúe siendo negativa para miles de colombianos, seguiremos teniendo una deuda pendiente con uno de los derechos más importantes de cualquier democracia.
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*Abogado especialista en Derecho Administrativo, Práctica Penal y litigante en derecho público y privado.
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