Por: Juvenal Bolívar Vega/ La situación de inseguridad en Santander ha alcanzado niveles alarmantes, consecuencia de la lucha territorial por el control del microtráfico y la creciente presencia de bandas criminales (bacrim). Esta problemática no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también afecta el tejido social y el desarrollo regional. La inacción frente a estos delitos se ha convertido en un desafío que requiere atención inmediata y decisiones audaces por parte de las autoridades competentes.
La situación parece haberse salido de las manos. Según las cifras de la encuesta Dirigentes de Santander (enero-marzo de 2025) de Excellentia Focus Group, el 30,5% de los líderes de opinión consultados pone en evidencia la enorme preocupación en torno al flagelo. Y, aunque la percepción de inseguridad ha bajado, los problemas de raíz no se han solucionado.
En este contexto, la propuesta del pago de la tasa de seguridad, presentada por el Gobernador de Santander, se erige como una solución necesaria. La iniciativa busca destinar recursos para la adquisición de equipos que permitan investigar y judicializar a los delincuentes involucrados en actividades delictivas. La inversión en tecnología y capacitación de las fuerzas del orden es fundamental para combatir eficientemente el microtráfico y desarticular las estructuras de las bacrim que atemorizan a la población.
La propuesta de Juvenal Díaz Mateus ha generado un intenso debate en la sociedad. Este impuesto, aunque impopular, se plantea como una medida necesaria ante la creciente ola de inseguridad que afecta a diversas zonas, especialmente el Área Metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio. En un contexto donde el microtráfico y las bandas criminales han tomado fuerza, es fundamental considerar mecanismos de financiamiento que fortalezcan la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
La inseguridad no solo impacta la vida diaria de las personas, sino que también repercute en la economía local, el comercio y el bienestar general de la comunidad. La implementación de esta tasa a la seguridad generará recursos para tecnología, mejorar la infraestructura policial e, incluso, capacitar a los agentes en técnicas de investigación y prevención del delito. Estos dineros son vitales para enfrentar a las organizaciones criminales que operan con impunidad.
Es comprensible que un impuesto adicional pueda causar descontento entre los ciudadanos, especialmente en momentos ya difíciles económicamente. Sin embargo, la inversión en seguridad es, en última instancia, una inversión en la calidad de vida de las personas. Sin un entorno seguro, las oportunidades de desarrollo se ven comprometidas, lo que perpetúa un ciclo de pobreza e inseguridad.
Es esencial que el Gobernador Díaz Mateus comunique claramente los beneficios de este impuesto y cómo se planea utilizar los recursos. La transparencia y la rendición de cuentas son claves para ganar la confianza de la ciudadanía. Además, involucrar a la comunidad en el proceso de planificación y ejecución de programas de seguridad podría ayudar a mitigar el rechazo y construir un sentido de corresponsabilidad.
Pero, a pesar de las iniciativas del mandatario seccional, es imperativo dirigir un fuerte reclamo a la Policía Nacional. Resulta inaceptable que los vehículos destinados a realizar operativos en zonas críticas se encuentren abandonados y expuestos a las inclemencias del clima. Estos vehículos pueden ser claves para garantizar la seguridad de los ciudadanos y deben ser utilizados adecuadamente para llevar a cabo acciones disuasivas y operativos contundentes ante el creciente número de atracos y raponeos.
La comunidad santandereana no puede seguir siendo víctima de la inseguridad por la falta de recursos y de una administración eficiente de los mismos. Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen decididamente. La protección de la vida y el bienestar de los ciudadanos debe ser la prioridad. La combinación de recursos económicos, un uso eficiente de los propios equipos de la policía y una verdadera voluntad política son la clave para enfrentar esta problemática que nos afecta a todos.
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*Comunicador Social, Candidato MBA con concentración en Marketing Digital, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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