La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, tal vez nunca se imaginó que sería ungida como una de las más altas funcionarias del Estado cinco meses después de vencer en juicio al mismo Estado al que ella, sus hijos, su esposo, su madre y sus tres hermanos demandaron en 2014.
Hace cuatro años la hoy ministra y su familia presentaron una demanda de reparación directa contra la rama judicial, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cuando la Corte Suprema ordenó medida de detención domiciliaria.
Todo se inició cuando la actual ministra era presidenta del Congreso en épocas de los gobiernos Uribe, e hizo un intempestivo debate en plenaria del Senado, contra la parlamentaria de oposición Piedad Córdoba.
Resulta que la congresista Gutiérrez, muy cercana al presidente Álvaro Uribe, le enrostró a Córdoba sus discursos contra el jefe de Estado fuera del país. Ella exhibió, durante el debate, copias de documentos privados de la senadora Córdoba relacionados con su pasaporte y sus sellos de entradas y salidas del país.
Años después y en declaraciones bajo juramento de altos empleados del DAS, estos dijeron que el organismo de inteligencia había espiado, sin orden judicial, a Córdoba. También aseguraron que la información obtenida ilegalmente se le habían entregado a Gutiérrez por orden de la Casa de Nariño y de la directora del DAS de la época para que hiciera ese debate.
Pero más tarde, la Corte Suprema archivó el proceso penal contra Gutiérrez por duda sobre su responsabilidad. Fue cuando ella y su familia decidieron demandar. Pese a este engorroso asunto, la actual ministra en ejercicio de sus funciones políticas tendrá que participar en las discusiones de la reforma a la misma rama judicial que ella demandó.
