Con 107 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes aprobó la reforma a la Ley 30 de 1992, que cambia el modelo de financiación de las universidades públicas. La medida busca cerrar un déficit histórico superior a 17 billones de pesos.
La educación superior pública en Colombia atraviesa un momento histórico. Tras décadas de reclamos por un modelo de financiación insuficiente, el Congreso aprobó la reforma a la Ley 30 de 1992, que redefine la manera en que se calculan los recursos destinados a las universidades públicas. La iniciativa, que modifica los artículos 86 y 87, fue respaldada de manera unánime en la Cámara de Representantes, con 107 votos a favor y ninguno en contra.
El cambio central radica en que los aportes de la Nación ya no se ajustarán únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este indicador refleja de manera más precisa los gastos reales de las instituciones: docencia, investigación, infraestructura, servicios y bienestar universitario.
El Sistema Universitario Estatal (SUE) había advertido que los costos de las universidades crecían en promedio 5,2 puntos porcentuales por encima del IPC cada año. Esa diferencia acumulada generó un déficit cercano a los 17 billones de pesos, cifra equivalente a lo que recaudaría una reforma tributaria. Solo en funcionamiento, el faltante se estima en 3,5 billones.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, celebró la aprobación: “Se aprobó en último debate la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para empezar a cerrar una desfinanciación de más de 20 billones de pesos. La educación superior pública deja de depender de la voluntad política y queda garantizada en la ley”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro destacó en su cuenta de X: “Lo que hicimos fue una revolución en las finanzas de la Nación para educación. Que nos digan derrochadores no importa, si el derroche mal llamado es para que la sociedad colombiana salga de la ignorancia y ponga las luces en el camino”.
Un logro del movimiento estudiantil
La reforma es también el resultado de una década de movilización estudiantil. Miles de jóvenes salieron a las calles en 2018 y 2019 para exigir un modelo de financiación acorde con el crecimiento de la matrícula y las exigencias de calidad. Hoy, esas demandas se convierten en ley.
El ministro Rojas recordó: “Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy podemos decir que aquello por lo que se movilizaron es hoy ley de la República”.
Darcy González, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, subrayó: “La reforma permitirá fortalecer infraestructura, bienestar y planta docente, especialmente en las sedes de presencia nacional. Es el primer paso hacia una verdadera reforma integral de la Ley 30”.
En los últimos tres años, el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas pasó de 5,5 billones a cerca de 12 billones de pesos en 2025. Para 2026 se proyecta superar los 13 billones, y con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón adicional.
Estos recursos estarán destinados a:
- Ampliar cobertura y acceso.
- Garantizar permanencia y graduación estudiantil.
- Fortalecer bienestar universitario.
- Mejorar condiciones de docentes y administrativos.
- Impulsar proyectos de infraestructura.
- Fortalecer la investigación.
- Cerrar brechas territoriales y sociales.
El rector encargado de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, recordó que entre 1993 y 2023 la matrícula de pregrado en la UNAL creció un 332%, mientras que los recursos solo aumentaron un 167%. Esa brecha puso en riesgo la calidad y sostenibilidad del sistema.
Proyección a largo plazo
La meta de largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, frente al 0,52% actual. Esto acercaría a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de los países de la OCDE.
El Ministerio de Educación asegura que la reforma es el cambio más importante en materia de financiación universitaria desde 1992. Con ella, la educación superior pública deja de depender de coyunturas políticas y se convierte en un derecho garantizado por ley.
La aprobación de la reforma a la Ley 30 marca un hito en la historia de la educación superior en Colombia. No solo representa un alivio financiero para las universidades públicas, sino que también responde a una exigencia histórica de estudiantes, profesores y rectores. Con un nuevo modelo de financiación, el país avanza hacia un sistema más justo, sostenible y capaz de garantizar calidad y cobertura para las próximas generaciones.
