La represión de una protesta propalestina en Medellín por parte de contratistas civiles desató una feroz confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez, reavivando tensiones políticas sobre el uso de la fuerza, el derecho a la protesta y la democracia local.
La reciente protesta propalestina en Medellín, que derivó en agresiones por parte de contratistas civiles de la Alcaldía, ha encendido una nueva chispa en la ya tensa relación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez. Lo que comenzó como una movilización pacífica terminó en un escándalo nacional que pone en tela de juicio el uso de civiles para funciones de control público y reaviva el debate sobre el derecho a la protesta en Colombia.
El 7 de octubre, unas 250 personas se reunieron en el Parque de El Poblado para manifestarse en solidaridad con Palestina. La marcha, parte de una jornada nacional, avanzó por la avenida El Poblado hasta los centros comerciales Oviedo y Santa Fe. Allí, según la Alcaldía, los manifestantes rodearon un McDonald’s donde familias celebraban un cumpleaños. “Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y [los participantes de la marcha] llegaron a generar miedo”, justificó Gutiérrez.
Pero lo que realmente desató la indignación fue un video que se viralizó esa misma noche: un manifestante en el suelo recibe una brutal patada en la cara. Los agresores no eran policías, sino contratistas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, identificados como gestores de convivencia. Su función, en teoría, es mediar y promover el diálogo. En la práctica, se les vio empujando, hostigando y golpeando manifestantes.
Petro responde con furia
El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato en sus redes sociales. “Esto sí se llama milicias fascistas, que golpean a la juventud y a los pobres”, escribió en X (antes Twitter), comparando a los agresores con los grupos paramilitares de Mussolini. En otro mensaje, condenó la violencia: “Esto sí es vandalismo, es vandalismo contra el ser humano. ¿Qué norma legal tiene este funcionario para golpear jóvenes de Medellín?”.
Petro ordenó la disolución del grupo implicado y pidió una investigación penal. “La orden que le di a la policía es disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía e iniciar una investigación penal”, anunció, señalando que no se puede delegar funciones policiales a civiles sin formación ni autoridad legal.
Federico Gutiérrez, por su parte, defendió a sus contratistas y acusó al Gobierno de politizar los hechos. “Resistiremos y Medellín saldrá adelante”, declaró, en un tono desafiante. En entrevista con Blu Radio, fue más explícito: “Quiere volver a incendiar el país, sea con el motivo que fuere. Ahora encontró la causa Palestina y mueve a un grupo de jóvenes (…) a generar vandalismo”.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, respaldó la intervención: “Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad”. Según la Alcaldía, los gestores actuaron para proteger a los ciudadanos y el patrimonio urbano frente a actos vandálicos.
¿Gestores o represores?
La figura de los gestores de convivencia existe en varias ciudades colombianas, como Bogotá, para suplir el déficit de policías. No están autorizados para usar la fuerza ni disolver protestas. Cuando funcionan correctamente, ayudan a evitar enfrentamientos. Pero en Medellín, su actuación ha sido calificada como una “violación profunda de derechos humanos” por la Defensoría del Pueblo.
La defensora Iris Marín fue enfática: “La protesta no se combate con garrotes ni con bates. Se protege con diálogo, con garantías y con respeto”. También condenó la participación del concejal uribista Andrés Rodríguez, quien llegó a la marcha con un bate y declaró “la guerra” a los manifestantes. “Los representantes del Estado deben ser garantes de derechos y no instigadores del miedo”, subrayó Marín.
Más allá del episodio puntual, el enfrentamiento entre Petro y Gutiérrez refleja una polarización política que se agudiza de cara a las elecciones de 2026. Para el alcalde, el presidente busca revivir los estallidos sociales de 2019 y 2021 para movilizar a sus bases. Para Petro, lo ocurrido en Medellín es una muestra de cómo la oposición reprime la libertad de expresión y reunión.
“El Gobierno quiere desestabilizar el país”, acusan desde la Alcaldía. “La oposición no aguanta la libertad de reunión del pueblo y no aguanta a los jóvenes libres, los quieren matar y los han asesinado en masa antes”, responde Petro.
Mientras tanto, las movilizaciones propalestinas en otras ciudades como Bogotá y Cali transcurrieron sin incidentes. Esto sugiere que el problema no es la protesta en sí, sino la forma en que se gestiona. La narrativa de la Alcaldía de Medellín se centra en el orden público; la del Gobierno, en los derechos humanos.
La Defensoría, la Procuraduría y la Personería han anunciado investigaciones para determinar si hubo instrucciones explícitas desde la Alcaldía para reprimir con civiles. Se recopilan videos, testimonios y contratos para establecer responsabilidades.
