La tragedia de la familia Abarca Viches revela el costo humano de los bombardeos contra disidencias. Dos menores muertos y otro desaparecido exponen un dilema político del Gobierno Petro, que insiste en la estrategia militar pese a las críticas por afectar a niños reclutados.
La guerra en Colombia volvió a golpear con crudeza a la infancia. La familia Abarca Viches, residente en la selva amazónica, se convirtió en símbolo del drama que generan los bombardeos militares contra campamentos de disidencias armadas. En menos de dos meses, esta madre perdió a dos hijos y enfrenta la desaparición de un tercero, todos menores de edad.
Los ataques se enmarcan en la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para golpear a las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco. En los últimos cuatro meses, las Fuerzas Militares han reactivado los bombardeos aéreos en Guaviare y Amazonas, con el objetivo de desarticular campamentos guerrilleros.
El saldo, sin embargo, ha sido devastador: al menos siete menores murieron en el operativo del 13 de noviembre en Guaviare, y otros cuatro adolescentes fallecieron en un ataque previo en Amazonas.
Sonia —nombre ficticio para proteger su identidad— es la madre que hoy carga con el duelo. El 1 de octubre recibió el cuerpo de su hijo Javier Alcides, de 15 años, abatido en Puerto Santander (Amazonas). Un mes después, su hija Martha, de 17 años, murió en otro bombardeo en Guaviare. El ataúd de la joven llegó al cementerio sin la presencia de su madre, quien pidió asistir por videollamada: “No viajé por miedo a que la guerra vuelva a tocar a mi puerta. Por miedo a que me maten”.
El tercer golpe llegó con la desaparición de Luis Carlos, de 10 años, herido en el operativo de octubre y cuyo paradero aún se desconoce. Un juzgado administrativo de Bogotá ordenó al Ejército responder a un habeas corpus interpuesto por el abogado Marcial Quiñonez, quien insiste: “Luis Carlos sobrevivió y debe ser entregado con vida”.
El escándalo político
La tragedia de la familia Abarca Viches se convirtió en un escándalo nacional. Petro, que en campaña prometió proteger a los niños víctimas de la guerra, enfrenta críticas por haber reactivado los bombardeos. El presidente reconoció públicamente la muerte de menores y pidió perdón: “Todos son víctimas del reclutamiento forzado. Asumo la responsabilidad y pido perdón a sus familias”.
No obstante, defendió la continuidad de las operaciones: “Los bombardeos no se suspenden. Si se suspenden, los capos van a reclutar más niños y niñas”.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la estrategia: “Los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones, independientemente de que los menores estuvieran cumpliendo funciones de combate”.
El caso refleja el dilema central de la guerra en Colombia: cómo enfrentar a grupos armados que reclutan menores y los utilizan como escudos humanos. Las Fuerzas Militares sostienen que los operativos buscan neutralizar a Iván Mordisco, considerado uno de los criminales más peligrosos del país. Sin embargo, los resultados muestran que los principales muertos han sido adolescentes reclutados.
El abogado Quiñonez denunció además que Martha, la joven de 17 años, estaba embarazada de ocho semanas al momento del bombardeo, según Medicina Legal: “La menor tenía ocho semanas de embarazo al momento del operativo militar”. Este dato intensificó la indignación pública.
La oposición política acusó al Gobierno de incoherencia y de traicionar sus promesas de campaña. Organizaciones de derechos humanos exigieron revisar la doctrina militar y suspender los bombardeos que ponen en riesgo a menores.
Mientras tanto, en la selva, Sonia enfrenta un duelo imposible: dos hijos muertos y uno desaparecido. Su historia se ha convertido en símbolo de las contradicciones de la política de seguridad. “En menos de dos meses he perdido a tres de mis hijos menores”, relató con voz quebrada.
La tragedia de la familia Abarca Viches expone las tensiones entre la necesidad militar de golpear a las disidencias y la obligación ética de proteger a la infancia. Los bombardeos ordenados por Petro han abierto un debate nacional sobre los límites de la guerra y la responsabilidad del Estado frente a los menores reclutados.
