Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ En noviembre de 2024, hicimos la primera denuncia pública sobre lo que está ocurriendo con los cerros tutelares de Chía y las pretensiones del mayor constructor del municipio de reabrir un proyecto de vivienda campestre, inicialmente autorizado para 1.054 casas y frenado por orden judicial por estar ubicado en suelos de protección, reserva forestal protectora y bosque protector.
Gracias al debate que se dio el 19 de noviembre en el Concejo Municipal y a la trascendencia que tuvo el tema a nivel local, el 27 de noviembre siguiente, el propietario de la firma constructora desistió del trámite de la licencia.
Sin embargo, hoy debemos retomar de nuevo el tema porque la consabida licencia ya fue otorgada en primera instancia, debido a que el empresario, aprovechando las festividades de fin de año, inició de nuevo el trámite sin que nadie de la comunidad lograra enterarse.
Fue hasta fines de febrero de este año que se conoció de la existencia del nuevo procedimiento y empezó entonces una nueva cruzada de la comunidad por impedir que se otorgue esta absurda licencia que, con maniobras fraudulentas y distractores, busca reabrirle la puerta a la construcción de al menos 700 nuevas viviendas más, generar expectativas económicas y de nuevas construcciones a los acreedores de Pedro Gómez y Cía. en liquidación, a quienes se les ha prometido pagar las deudas con las zonas comunes del condominio y de esta manera, acabar con lo que queda de los bosques protectores del municipio.
La oposición ciudadana ahora está siendo mayor; se ha investigado, se han hecho denuncias públicas y el tema ha trascendido ya a la opinión nacional, pues ha comenzado a emerger que detrás de todo esto hay un entramado de negocios y de corrupción que compromete a funcionarios públicos, políticos, figuras públicas y particulares, que con su poder y como en una especie de juego de azar, se quieren feriar y repartir la tierra del condominio inconcluso de 2´860.000 metros cuadrados, y las pocas áreas de bosque que aún quedan en el municipio, contrariando las leyes y las decisiones judiciales, ante la mirada atónita e impotente de la comunidad.
Nada novedoso ni muy trascendental resulta esto, en un país consumido por los escándalos de corrupción que rodean a la Presidencia de la República, a los más altos funcionarios del Gobierno Nacional y a todas las ramas del poder público, y que se despierta todos los días con noticias de este tipo.
No importa que ante tanta podredumbre que estamos cansados de ver, este hecho sea visto por algunos como algo menor; el hecho hay que denunciarlo igual.
Sin darle ningún valor a las sentencias judiciales ni a la condición ambiental del terreno, el alcalde de Chía les ordenó a sus subalternos permitir la construcción de una lujosa “mansión” de más de 1.500 m2, con piscina, zonas húmedas, salas de juegos, sala de cine, casa de mayordomos, cancha de futbol, vías de acceso y parqueaderos para más de una docena de vehículos, es decir una especie de “club” en la cima de la montaña, a casi 3.000 msnm, en plena zona de reserva forestal.
Para aplacar los ánimos de la comunidad aquí se ha dicho de todo, que es la casita de habitación para el modesto constructor; que es la vivienda soñada de una figura pública del futbol, que es el regalo de matrimonio que el propietario le quiere dar a su hijo; que la casa va a tener una hermosa piscina que va a “adornar” el paisaje; cosas sin sentido.
El propio alcalde fue en persona al condominio a justificar su actuación y ante los contundentes argumentos y reclamos de la comunidad, pasó de la amabilidad a la advertencia y de la advertencia a la amenaza; terminó hablando de intervenir la planta de tratamiento de aguas del conjunto residencial, de complicidad de los residentes con el constructor inicial, de expropiar las viviendas construidas, y hasta de abrir caminos para convertir la zona en área de uso público.
El alcalde aceptó abrir una mesa de trabajo para analizar la situación, pero después de la primera reunión y de conocer los 32 puntos de cuestionamiento que se pusieron a consideración, canceló sin mayor explicación el escenario de diálogo.
Hoy sus subalternos preparan las respuestas a los recursos interpuestos buscando dejar en la historia y en el papel la demanda presentada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en defensa de los cerros tutelares, con la que se logró la nulidad parcial de los artículos del POT que permitían el urbanismo.
También se quieren pasar por la faja, las sentencias de primera y segunda instancia del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Zipaquirá (2015) y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2019), con las que quedó prohibido el desarrollo urbanístico en zonas de reserva forestal y bosque protector e imposibilitada la expedición de nuevas licencias de construcción en tales zonas.
Este alcalde, que ahora en su segundo mandato quiere resucitar el proyecto clausurado hace más de 10 años por las sentencias judiciales proferidas a petición de la CAR y llevarse por delante la zona forestal y el hábitat de las pocas especies de fauna que quedan en el municipio, es el mismo que en 2016 le entregó apresuradamente a Pedro Gomez & Cía., las 10 licencias de construcción que le faltaban para culminar el proyecto antes de que la sentencia quedara en firme, que afortunadamente se extinguieron sin ejecutarse por la quiebra del constructor.
Para este alcalde nada vale hoy; así como no le importa la ley ni los fallos judiciales, tampoco quiere respetar las determinantes ambientales del territorio, que le obligan a proteger los nacimientos de aguas y las rondas hídricas de quebradas que nacen en esas montañas y que discurren sus aguas hacia el río Bogotá.
En el olvido quedó la educación y la concientización frente a los cerros adelantada por su antecesor, así como el inventario de la fauna silvestre que identificó la existencia de al menos 31 especies de anfibios, 341 especies de aves incluyendo 18 de especies migratorias, 15 especies de reptiles y 74 especies de mamíferos, siendo los mamíferos más avistados el Zorro Cangrejero, el Borugo, la Zarigüeya, el Tigrillo Lanudo, la Marmosa de Robinson, la Comadreja, el Coatí Andino, la Ardilla de Cola Roja y el Conejo Andino, afectadas hoy por una ostentosa cerca en malla eslabonada y postes de cemento de aproximadamente 60.000 metros lineales, instalada en plena zona de bosque para encerrar el lote y mostrar el poderío.
Con la llegada de esta administración todo quedó atrás y ha empezado de nuevo la era de la obsesión desenfrenada por reemplazar el verde por el palustre y el cemento.
Quienes nos oponemos a la urbanización de los cerros de Chía, seguiremos alzando nuestra voz de protesta y haciendo llamados de atención en la opinión pública hasta que las autoridades nacionales o regionales, la CAR, la Procuraduría, la Fiscalía o los órganos de justicia intervengan e impidan este ecocidio.
…
*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
Correo: glorialu.alvarez@gmail.com
LinkedIn: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
X antes Twitter: @GloriaA58898260
Facebook (fanpage): Gloria Lucía Álvarez
Instagram: glorialuciaalvarezpinzon
TikTok: @glorialu923
