La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra siete empresas y 11 personas naturales por cartelización empresarial o colusión en contrataciones públicas encaminada a repartirse los contratos y alterar o manipular los precios de las raciones alimenticias contratadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.
Durante el período comprendido entre 2011 y 2018, en por lo menos, 10 procesos de selección adelantados para elegir los proveedores de raciones alimenticias requeridos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, las empresas y personas investigadas se habrían repartido contratos con presupuestos oficiales que ascienden a un valor superior a $ 47 MIL millones de pesos, indicó la SIC.
La Superintendencia pudo establecer que los implicados “habrían alterado o adulterado los valores de dichas raciones con precios artificialmente altos, al haber pactado no competir” y, por ende, “renunciar a presentar ofertas a la baja en las subastas inversas en las que habrían participado ante la Bolsa Mercantil de Colombia por intermedio de sociedades comisionistas de bolsa, dos de las cuales están vinculadas al presunto cartel empresarial”.
Las pruebas indican que la conducta del cartel podría haber generado sobrecostos cercanos al 50% del valor de los productos a contratar dentro de los que estaban, por ejemplo, ajiaco, tamal, arroz atollado, arroz con pollo, arveja con tocino, lentejas con chorizo, macarrón con pollo, garbanzo a la madrileña y productos de panadería, como panetón italiano, galleta integral, brownie, entre otros.
El Grupo Élite contra Colusiones de la Delegatura para la Protección de la Competencia, encargado de liderar la investigación, encontró correos electrónicos, mensajes de Whatsapp y documentos digitales, particularmente, tablas de Excel que darían cuenta de cómo los proveedores-oferentes acordaban, de manera previa a la realización de las diferentes subastas, la forma en que se distribuirían cada uno de los ítems o productos, y por ende, cuál empresa debía resultar adjudicataria de los mismos.
La Superindustria estableció que, una vez los investigados acordaban con anterioridad la distribución de los productos, procedían a dar las respectivas instrucciones a los corredores de las sociedades comisionistas que los representaban ante la Bolsa Mercantil de Colombia, para que el resultado de la subasta reflejara fielmente los acuerdos cartelistas que ya se habían convenido. En otras palabras, los comisionistas de bolsa que representaban a los oferentes, no desplegaban ninguna actividad competitiva y con ello materializaban los pactos ilegales mencionados.
La investigación no involucra la conducta de ningún miembro de las fuerzas militares ni de ningún funcionario público, “trata de actos de corrupción privada, de empresas y personas del sector privado”. Tampoco involucra el comportamiento de la Bolsa Mercantil de Colombia ni la de sus directivos o empleados.
La Superindustria ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que proceda a determinar la posible responsabilidad penal por los hechos a que hace alusión esta investigación, en especial, por el delito de prácticas restrictivas de la competencia en procesos de contratación estatal, previsto en el artículo 410 A del Código Penal Colombiano.
