Los alcaldes de las principales ciudades del país elevaron el tono frente al Gobierno nacional al denunciar recortes en inversión y falta de diálogo. Desde la asamblea de Asocapitales, advierten un deterioro en la relación institucional que impacta proyectos estratégicos, seguridad urbana y desarrollo territorial.
La relación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. Durante la más reciente asamblea de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), mandatarios de distintas regiones coincidieron en un diagnóstico crítico: consideran que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha debilitado el vínculo con las ciudades capitales.
El encuentro, realizado en Medellín, reunió a alcaldes de las 32 capitales departamentales en medio de un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales y por el creciente protagonismo de los gobiernos locales en temas como seguridad, movilidad y desarrollo económico.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien asumió la vocería del bloque, fue enfático al señalar que existe una percepción generalizada de abandono institucional. “El Gobierno nacional le dio la espalda a las ciudades capitales”, afirmó, al sintetizar lo que describió como una conclusión compartida entre sus homólogos.
Según Galán, la preocupación no responde a diferencias puntuales, sino a una tendencia sostenida en la reducción de recursos destinados a los territorios. En su intervención, advirtió sobre una “caída muy significativa” en la inversión nacional, especialmente en ciudades intermedias con menor capacidad fiscal como Pasto, Popayán, Ibagué y San José del Guaviare.
“Se ha hablado mucho de fortalecer los territorios, pero eso no se refleja en la realidad”, sostuvo el mandatario, al advertir que esta situación limita la capacidad de respuesta de las administraciones locales frente a problemas crecientes como la inseguridad, el desempleo y la presión sobre los servicios públicos.
Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno a los grandes proyectos de infraestructura. Galán cuestionó la postura del Gobierno frente al metro de Bogotá, iniciativa que históricamente ha contado con cofinanciación nacional. “Este gobierno no ha respetado a las ciudades y sus proyectos”, aseguró, al señalar supuestos obstáculos institucionales que, según dijo, han afectado el avance de la obra.
El debate sobre el metro se inscribe en una discusión más amplia sobre la autonomía territorial. Aunque el modelo de financiación —que permite aportes de la Nación de hasta el 70%— se mantiene vigente, los alcaldes consideran que las decisiones técnicas y administrativas deben respetar los procesos locales previamente definidos.
Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez elevó aún más el tono de las críticas. El mandatario, reconocido por su oposición al actual Gobierno, afirmó que desde el inicio de su administración asumió que no contaría con respaldo nacional. “Soy consciente del odio que me tiene el presidente”, declaró, en una afirmación que evidencia el grado de polarización política en el país.
No obstante, Gutiérrez también amplió el alcance de la crítica al señalar que el presunto abandono no se limita a su ciudad o a su departamento, sino que afecta a múltiples regiones. Su intervención refuerza la idea de que el conflicto trasciende lo ideológico y se inscribe en un debate estructural sobre la distribución de recursos y competencias.
El presidente Gustavo Petro respondió a estas acusaciones a través de su cuenta en la red social X, donde rechazó los señalamientos y defendió la gestión de su gobierno. “Los alcaldes de oposición no ven el trabajo conjunto con las regiones”, escribió, al tiempo que acusó a algunos mandatarios de priorizar intereses particulares.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado enumeró una serie de inversiones en distintas ciudades, entre ellas el financiamiento del metro de Bogotá, la construcción del hospital San Juan de Dios y aportes a la Universidad de Antioquia. También destacó programas sociales, subsidios para poblaciones vulnerables e iniciativas de infraestructura.
“La oposición los dejó ciegos”, concluyó el mandatario, en un mensaje que no solo desestima las críticas, sino que profundiza el tono confrontativo entre los niveles de gobierno.
Más allá del cruce de declaraciones, el trasfondo del conflicto está relacionado con el modelo de gobernanza territorial en Colombia. Las ciudades capitales concentran cerca de la mitad de la población del país y son el epicentro de problemáticas clave como la seguridad urbana, la movilidad y la informalidad económica.
En este escenario, varios alcaldes han optado por impulsar estrategias propias ante lo que consideran una insuficiente articulación con el Gobierno nacional. En Bogotá, por ejemplo, se han promovido iniciativas legislativas para fortalecer la política de seguridad; en Barranquilla, el alcalde Alex Char anunció inversiones para reforzar la capacidad operativa del Gaula Militar; mientras que en Medellín se han priorizado acciones para reducir los índices de homicidio.
Este protagonismo de los gobiernos locales refleja una tendencia hacia la descentralización de facto, en la que las ciudades asumen un rol más activo frente a la ausencia —real o percibida— de liderazgo nacional en ciertos frentes.
La asamblea de Asocapitales también sirvió como plataforma para enviar un mensaje a los aspirantes a la presidencia. Los alcaldes solicitaron claridad sobre cómo se estructurará la relación entre la Nación y los territorios en el próximo gobierno. “Queremos reglas claras en la asignación de recursos”, expresó Galán, insistiendo en la necesidad de criterios técnicos que eviten decisiones basadas en afinidades políticas.
De cara a las elecciones, este debate adquiere una dimensión estratégica. No se trata únicamente de la financiación de obras o programas, sino de definir el equilibrio de poder entre el nivel central y las entidades territoriales.
La tensión actual pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿quién define el rumbo del desarrollo urbano en Colombia? Mientras el Gobierno defiende su gestión y cuestiona a los mandatarios locales, estos reclaman mayor autonomía, recursos y diálogo institucional.
El desenlace de esta disputa no solo impactará la ejecución de proyectos en el corto plazo, sino que también configurará el modelo de relación entre el Estado y las ciudades en los próximos años, en un país donde lo urbano es cada vez más determinante para su futuro político y económico.
