Un tribunal de restitución ordenó al Grupo Solari, accionista de Falabella y Homecenter, devolver 264 hectáreas en Córdoba. La compra se realizó en medio de violencia paramilitar y despojo, lo que reabre el debate sobre responsabilidad empresarial, memoria histórica y reparación a las víctimas del conflicto armado.
El conflicto armado colombiano sigue dejando huellas en la propiedad de la tierra. Un reciente fallo de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó al Grupo Solari, conglomerado chileno accionista de cadenas como Falabella, Jumbo y Homecenter, devolver 264 hectáreas del predio La Liboriana, ubicado en Valencia, Córdoba.
La historia se remonta a 1986, cuando el campesino Ramiro Cabrales Hodeg adquirió el predio La Liboriana. Sin embargo, durante las décadas siguientes, la región fue escenario de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, lo que provocó desplazamientos, amenazas y asesinatos. Cabrales fue despojado de su tierra en medio de ese contexto violento.
En 2011, la empresa Reforestadora del Sinú, filial del Grupo Solari en Colombia, compró el terreno por 1.171 millones de pesos. Según el tribunal, la compañía no desplegó la debida diligencia para verificar el historial del predio ni la condición de víctima del propietario original.
El fallo también cuestionó la participación de Rafael Argumedo Figueroa y Claudio Sánchez Prada, intermediarios vinculados en procesos judiciales por presunto lavado de activos y nexos con estructuras paramilitares. Aunque ambos fueron absueltos o favorecidos por la prescripción de sus casos, los magistrados señalaron que su presencia debía haber generado alertas adicionales durante la transacción.
El Grupo Solari defendió su actuación, asegurando que la compra se realizó “con rigor, verificando títulos y antecedentes, y pagando con cheques para garantizar transparencia”. La compañía sostuvo que todas sus operaciones cumplen estándares internacionales de control de origen de fondos y que actúa de buena fe.
No obstante, el tribunal concluyó que la empresa “desestimó la complejidad del contexto local y los antecedentes de violencia que pesaban sobre La Liboriana”.
La violencia en Córdoba
La región de Valencia, Córdoba, fue durante décadas un epicentro del conflicto armado. Grupos paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso ejercieron control territorial, desplazaron comunidades y se apropiaron de tierras. La compra de predios en estas zonas, incluso años después, sigue siendo objeto de escrutinio judicial por el riesgo de legitimar despojos.
La Comisión de la Verdad ya había advertido que “la guerra convirtió a la tierra en botín y a los campesinos en víctimas invisibles”. El caso de La Liboriana es un ejemplo de cómo la violencia armada permeó la economía y las transacciones inmobiliarias.
El tribunal ordenó la restitución del predio a Cabrales Hodeg y dispuso que la Unidad de Restitución de Tierras administre el terreno, destinando sus beneficios a programas de reparación colectiva para las víctimas de la violencia en la zona.
La sentencia subraya que las empresas deben realizar verificaciones más profundas al adquirir tierras en regiones históricamente afectadas por el conflicto.
El caso abre interrogantes sobre la relación entre inversión extranjera y memoria histórica en Colombia. ¿Hasta qué punto las empresas deben responder por adquisiciones realizadas en zonas de conflicto? ¿Cómo garantizar que la restitución de tierras se cumpla sin afectar la inversión legítima?
La sentencia también refuerza la importancia de la Ley de Restitución de Tierras, que desde 2011 ha permitido devolver miles de hectáreas a campesinos despojados. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos como la persistencia de grupos armados ilegales y la falta de garantías de seguridad para los beneficiarios.
El lío de tierras en Córdoba que involucra al Grupo Solari, accionista de Falabella y Homecenter, es más que un caso judicial: es un recordatorio de cómo el conflicto armado sigue afectando la propiedad rural y de cómo la responsabilidad empresarial debe ir más allá de la legalidad formal.
La restitución de La Liboriana no solo devuelve un terreno a su legítimo dueño, sino que también envía un mensaje claro: las empresas que invierten en Colombia deben reconocer la memoria de las víctimas y actuar con sensibilidad frente al pasado violento de los territorios.
