Por: Reinaldo Pérez Flórez/ El litigio estratégico y adición de poder se están convirtiendo en una formula ambigua y peligrosa en nuestro ordenamiento jurídico, el académico y abogado Lucas Correa Montoya define esta modalidad “como la estrategia de seleccionar y promover ante la justicia ciertos casos que permitan lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil de un Estado o región”. La causa de este litigio siempre va a tener un valor noticioso importante, ya que estos casos deben servir para que se tenga un alto impacto en la opinión pública, orientado a aplicar el alcance de las garantías fundamentales a un interés particular.
Según las clínicas Jurídicas de EE.UU., este tipo de litigio debía ser en favor de los derechos de las minorías, pero en nuestro país se ha implementado para alargar periodos institucionales de funcionarios electos democráticamente, o como está sucediendo en nuestra ciudad; para evadir las sanciones disciplinarias, y es el caso del ingeniero Rodolfo Hernández, a quien la Procuraduría lo suspendió de su cargo, por agredir físicamente y verbalmente la concejal de Partido ASI, John Claro, los argumentos de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa son sólidos y los hechos por los cuales el Ing. Hernández fue suspendido son de conocimiento público.
En condiciones normales se aplicaría la suspensión de la Procuraduría, al Ing. Hernández, pero es ahí donde entra en juego el litigio estratégico. El 18 de diciembre del 2018 el apoderado del Ing. Hernández interpuso una acción de tutela, donde argumentaba que el Ministerio Público transgredió derechos fundamentales del mandatario local como el derecho al debido proceso y a ser elegido, así como haber desconocido la presunción de inocencia y buena fe, gracias a esta tutela que admitió el tribunal administrativo de Santander, de los tres meses que había ordenado de suspensión la PGN, el alcalde solo duro 20 días por fuera del su cargo, esta fue la primera adición de poder que a través de una tutela se le logro hacer a Rodolfo Hernández.
El 3 de mayo del presente año el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo, revoco la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que le devolvía el cargo al suspendido alcalde, sosteniendo que la Procuraduría “no desbordó su competencia al suspender provisionalmente al alcalde”, vuelve y juega el litigio estratégico, el defensor del Ing. Hernández, alego que los términos de la suspensión provisional ya habían expirado, esta es la hora y los bumangueses aún no saben, quién fue en ese momento el alcalde por encargo, nuevamente vemos la figura de “adición de poder” en el caso del alcalde suspendido.
El 6 de Mayo el gobernador designa a Manuel Francisco Azuero como alcalde encargado, quien estaría en el cargo hasta que se eligiera alguien designado por el comité suscriptor de Rodolfo Hernández, de ahí en adelante, lo sucedido con el primer cargo de nuestra ciudad no tiene precedente, donde el común denominador ha sido la inestabilidad administrativa de la alcaldía y la canalización de odios. El 10 de Junio del presente año, el gobernador de Santander nombro al Doctor German Torres Prieto, desde entonces la ciudadanía a conocido autos de la Procuraduría, nulidades, supuestas renuncia irrevocables, donde la opinión pública ha sido el medio para legitimar y deslegitimar alcaldes en esta última semana, lo que nadie entiende aun, es porque un Juez Laboral del Circuito, está tomando decisiones de fondo, por encima del Consejo de Estado que es la máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo, ¿se cumplieron las reglas de reparto?.
Según el Dr. Rubén Darío Bravo, esta tutela no cumpliría con el principio de inmediatez, La Corte Constitucional en sentencia de unificación señalo que la tutela se debe presentar dentro de los seis meses para proteger, garantizar y amparar un derecho fundamental, la medida de suspensión fue proferida el 28 de Noviembre del 2018, a hoy han transcurrido más de seis meses, es decir este recurso de protección constitucional es improcedente. La tutela en este caso, de forma errónea el Juez Laboral del Circuito la está dando como una tercera instancia de un proceso disciplinario que ni siquiera se ha empezado a controvertir, sin tener en cuenta las instancias procesales que la defensa del Ing. Rodolfo Hernández no ha agotado.
La posesión del Ing. Hernández, no podemos entenderla como un acto de coronación, así nos lo hayan querido hacer ver de esa manera, menos cuando el día Jueves 20 de Junio en un acto desmedido de soberbia y revanchismo administrativo, vimos la presión ejercida al Director de Tránsito de la ciudad Juan Pablo Ruiz, llamada telefónica que fue publicada en los distintos medios de comunicación, exhortando que se incumplan los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, en contratación estatal, no tener en cuenta los principios constitucionales es una falta disciplinaria gravísima, los servidores públicos y las personas merecen respeto por mandato constitucional, y el alcalde en sus múltiples posesiones ha jurado cumplir con la Constitución y la Ley, aun nos estamos preguntando qué Ley lo rige a él.
La PGN aún debe fallar de fondo, es decir todo puede pasar la próxima semana, estoy seguro que de aquí al 27 del presente mes, inicio del ley de garantías, vamos a ver una lucha desmedida, a través del Litigio Estratégico por seguir siendo el ordenador del gasto de la alcaldía, donde el activismo electoral, también ayuda a la adición de poder que necesita el Ing. Hernández, sus compromisos son muchos, ciclorutas, semaforización y seguir prolongando el carnaval de contratos con los dineros de la Salud de los Bumangueses, señor Contralor, la Auditoria Express de este 26 de junio era en el Isabu, no en la Secretaria de Salud de Bucaramanga.
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