El 3 de julio de 2025, mientras el presidente Gustavo Petro regresaba de una gira oficial por Europa, se activaron las alarmas de seguridad nacional: una amenaza creíble de ataque con misil tierra-aire obligó a desviar el avión presidencial y aterrizar en Pereira.
El hecho, revelado públicamente este 14 de julio, ha desatado una ola de preocupación, especulación y debate sobre la seguridad presidencial, el contexto político y las fuerzas que podrían estar detrás del presunto atentado.
Estos son los elementos conocidos hasta la fecha, las declaraciones oficiales, las hipótesis en curso y el trasfondo político que rodea este episodio sin precedentes en la historia reciente de Colombia.
Cronología de una amenaza
El avión presidencial cubría la ruta Sevilla–Bogotá tras la participación de Petro en la IV Conferencia Internacional de la ONU en España. Al ingresar al espacio aéreo colombiano, los organismos de inteligencia recibieron una alerta sobre un posible ataque con misil. La fuente fue considerada “bastante creíble”, lo que llevó a modificar la ruta y aterrizar en el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira.
Según reveló el periodista Julio Sánchez Cristo, el presidente habría planteado la posibilidad de aterrizar en Panamá o Venezuela, pero los pilotos descartaron esa opción por razones diplomáticas y de seguridad. Las conversaciones en cabina, registradas en la caja negra del avión, evidenciaron la tensión vivida durante el vuelo.
El atentado fallido ocurre en un momento de alta tensión política en Colombia. Petro ha denunciado reiteradamente que su vida está en peligro y que sectores opositores buscan deslegitimar su mandato. En eventos públicos ha afirmado: “La nueva violencia quiere matar a su presidente”.
Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una estrategia para reforzar su narrativa de lucha contra las mafias y consolidar apoyo popular. Sin embargo, también han generado críticas por la falta de pruebas concretas y el uso político del miedo.
Reacciones oficiales
El general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad presidencial, confirmó que la vida del mandatario “corre peligro” y reveló que desde 2022 se han documentado 34 amenazas, cinco de ellas en investigación formal por la Fiscalía. Entre los riesgos más graves mencionó ataques con francotiradores, drones explosivos y “lobos solitarios”.
El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que se trató de una “acción disuasiva” ante información sensible sobre un posible atentado. “La seguridad del presidente y su familia es una prioridad”, afirmó, señalando que se han activado todos los recursos de inteligencia y verificación.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, declaró que “el presidente siempre será un objetivo militar” y que se han desplegado todas las capacidades operativas para garantizar su seguridad. Recordó que otros mandatarios también han enfrentado amenazas, como los expresidentes Uribe y Duque.
Tras el incidente, se ha reforzado el esquema de seguridad del presidente, su familia y la Casa de Nariño. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Policía, el Ejército, la Armada, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana trabajan en conjunto para evaluar amenazas y ajustar protocolos.
El avión presidencial, que no permite rastreo satelital, habría sido seguido desde Canarias, lo que encendió las alarmas. La comitiva presidencial regresó a Bogotá por tierra desde una base militar cercana.
Hipótesis en curso
Guatibonza señaló que disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo estarían detrás de los planes de atentado, en rechazo a la política de paz total del Gobierno. Estos grupos han sido identificados como enemigos potenciales del presidente.
Por su parte, el propio Petro ha denunciado públicamente que una “junta del narcotráfico” con vínculos en Dubái habría ordenado su asesinato. Según sus declaraciones, esta estructura criminal habría adquirido misiles SAM-16 para derribar el avión presidencial.
En un pronunciamiento reciente, Petro vinculó el presunto atentado con un intento de golpe de Estado impulsado por el exministro Álvaro Leyva, quien habría contactado al Clan del Golfo y al ELN para sacarlo del poder. Aunque esta hipótesis no ha sido corroborada oficialmente, forma parte del discurso presidencial.
El fallido atentado contra el avión presidencial de Gustavo Petro marca un punto de inflexión en la seguridad del Estado colombiano. Más allá de las hipótesis y declaraciones, el episodio evidencia la fragilidad del entorno político, la complejidad de las amenazas y la necesidad de fortalecer los protocolos de protección.
Mientras las investigaciones continúan bajo estricta reserva, el país observa con atención el desarrollo de los hechos, consciente de que la seguridad presidencial no es solo un asunto de Estado, sino también un reflejo de la estabilidad democrática.
